La aprobación de dos reales decretos sobre vivienda ha permitido al Gobierno superar las diferencias que mantenían PSOE y Sumar, pero ha abierto una nueva etapa de negociación en el Congreso de los Diputados. La coalición deberá reunir ahora los apoyos necesarios para convalidar ambas normas, especialmente la que establece la renovación automática de los contratos de alquiler, cuya tramitación independiente ha provocado el rechazo del Sindicato de Inquilinas.
En una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, representantes de Sumar han reivindicado el contenido del acuerdo y han defendido que las medidas aprobadas constituyen una primera respuesta a la movilización ciudadana desencadenada tras el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años cuya historia ha situado la crisis residencial en el centro del debate político.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha desempeñado un papel destacado en las conversaciones con el PSOE. Durante la comparecencia, Sumar ha reconocido la dureza de las negociaciones y ha insistido en que su prioridad inmediata será conseguir que el Congreso respalde los dos decretos.
Dos decretos y una negociación que terminó en el último momento
El acuerdo alcanzado divide las medidas de vivienda en dos textos. El primero concentra buena parte de las actuaciones destinadas a reforzar la protección frente a los desahucios, ampliar la estabilidad de los contratos y regular modalidades de arrendamiento que habían quedado fuera de determinados mecanismos de protección.
Entre las medidas anunciadas se encuentran la ampliación hasta 2030 de la protección extraordinaria frente a determinados desahucios de personas vulnerables, una prórroga reforzada de dos años para los contratos que finalicen antes de 2028 y la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones.
El segundo decreto recoge la renovación automática de los contratos mediante un sistema conocido como cinco más cinco, una propuesta con la que Sumar pretende modificar el modelo de duración de los arrendamientos y reducir la incertidumbre de quienes viven de alquiler.
Precisamente esta última medida fue el principal obstáculo para cerrar el pacto. Urtasun ha explicado que su formación defendió hasta el final que estuviera incorporada al primer decreto, aunque finalmente se acordó tramitarla por separado.
La renovación automática, el punto más conflictivo del acuerdo
Durante las preguntas de los periodistas, Sumar ha identificado tres grandes cuestiones que dificultaron la negociación: regular el alquiler por habitaciones, ampliar la efectividad de las prórrogas contractuales e incorporar la renovación automática.
La formación sostiene que la prórroga reforzada podrá beneficiar a cinco millones de personas, al permitirles mantener temporalmente las condiciones actuales de sus arrendamientos sin enfrentarse a incrementos asociados al vencimiento de sus contratos.
Respecto a la renovación automática, Urtasun ha reconocido que fue la última discrepancia que lograron resolver. Preguntado por los motivos de las reticencias socialistas, el ministro ha evitado atribuir intenciones a su socio de Gobierno y ha remitido esa explicación a quienes defendieron la posición contraria.
La decisión de separar la medida es especialmente relevante porque permitirá que el Congreso vote ambos textos de manera independiente. De esta forma, la aprobación de uno no supondrá necesariamente la convalidación del otro.
Sumar reivindica la movilización ciudadana tras el desahucio de Maricarmen
Durante la comparecencia, los representantes de Sumar han atribuido a la presión social una importancia decisiva para alcanzar el acuerdo.
Preguntados por la influencia del caso de Maricarmen, han destacado que las movilizaciones han trasladado a las instituciones una reivindicación que consideran imposible de ignorar.
El socio minoritario del Ejecutivo también ha reclamado que termine el intercambio de acusaciones entre administraciones sobre quién tiene la responsabilidad de resolver la crisis residencial. Según su posición, la política debe traducirse en medidas concretas que respondan a los problemas de acceso y mantenimiento de la vivienda.
La presión ciudadana continúa siendo uno de los principales elementos del debate. El Sindicato de Inquilinas ha cuestionado la decisión de dividir el contenido del acuerdo, especialmente porque la renovación automática de los contratos constituye una de sus principales reivindicaciones.
Sumar, por su parte, ha respondido que defenderá la convalidación de los dos textos y ha rechazado dar por perdida ninguna de las medidas incluidas en el pacto.
El Congreso votará los dos decretos por separado
La siguiente etapa será parlamentaria. Durante la rueda de prensa se ha planteado la intención de someter ambos decretos a convalidación este viernes, apenas unos días después de su aprobación en el Consejo de Ministros.
Preguntados por los apoyos de Junts y Podemos, los representantes de Sumar han reconocido que las conversaciones con los grupos parlamentarios han sido constantes, pero no han confirmado que dispongan de los votos necesarios.
La formación ha señalado que continuará explicando el contenido de ambas normas y defendiendo su aprobación ante los distintos grupos.
También ha destacado la participación de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el trabajo negociador desarrollado por Ernest Urtasun durante las últimas jornadas.
La votación se celebrará conforme al procedimiento previsto en el artículo 86 de la Constitución Española, que exige que los reales decretos-leyes sean sometidos al Congreso para su convalidación o derogación dentro de los treinta días siguientes a su promulgación.
El voto sobre la vivienda abre una nueva disputa parlamentaria
Sumar ha terminado su comparecencia situando la discusión en el terreno de la responsabilidad parlamentaria. Sus representantes han dirigido un mensaje especialmente crítico a PP y Vox, a los que acusan de priorizar los intereses de los grandes propietarios frente a las necesidades residenciales de las familias.
La formación considera que las votaciones obligarán a los diputados a pronunciarse sobre cuestiones concretas como los desahucios, la especulación inmobiliaria, la duración de los contratos y la protección de las personas vulnerables.
También ha insistido en que los dos decretos no agotan las reformas necesarias y que deberán entenderse como el comienzo de una transformación más amplia de las políticas de vivienda.
El Gobierno ha conseguido cerrar un acuerdo después de intensas negociaciones, pero su continuidad jurídica dependerá de la decisión que adopte el Congreso. La principal incertidumbre se concentra en la renovación automática de los alquileres, una reivindicación incorporada al pacto que todavía necesita respaldo parlamentario.
La movilización que comenzó alrededor del caso de Maricarmen ha dado paso así a una nueva fase en la que las propuestas anunciadas deberán superar el debate legislativo antes de consolidarse como medidas permanentes.
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