La ministra de Sanidad, Mónica García, logró este miércoles desatascar un conflicto que llevaba demasiado tiempo instalado en el Consejo Interterritorial. Las comunidades gobernadas por el PP se han comprometido, por fin, a remitir los datos de los cribados de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix. Lo harán después de haber sostenido durante semanas una resistencia incomprensible en un terreno —el de la salud pública— donde la transparencia no es un gesto de cortesía, sino un principio básico de funcionamiento.
La ministra lo resumió con ironía contenida: se alegraba del paso adelante, aunque recordó que “estas semanas de desconfianza” eran perfectamente evitables. La referencia era directa, una manera diplomática de aludir al episodio que hizo saltar por los aires la paciencia del Ministerio: la negligencia descubierta en Andalucía, que dejó a miles de mujeres fuera de los circuitos regulares de detección. Ese caso desató un clima de inquietud en el que la opacidad de algunas consejerías no ayudó precisamente a calmar los ánimos.
Nunca fue un problema técnico
Los indicadores que ahora sí se entregarán —población invitada, población que responde y población con pruebas positivas— estaban ya pactados desde hace meses entre los equipos técnicos. Ninguna comunidad había planteado objeciones serias. El choque, por tanto, no tenía que ver con la complejidad del sistema, sino con otra cosa: la voluntad política.
En los pasillos del Ministerio nadie lo dice abiertamente, pero se da por descontado que el PP quiso estirar este pulso más allá de lo razonable, envolviéndose en un relato de competencia autonómica que en este caso no tenía recorrido. Los cribados son una política pública extremadamente sensible, y la confianza se resiente cuando aparecen dudas sobre quién recaba datos, cómo y con qué criterios se analizan.
El cambio de postura llega sin explicaciones, lo que sugiere que el desgaste comenzaba a ser mayor que el rédito político buscado. Entre las asociaciones de pacientes, el malestar era evidente, y algunas consejerías populares empezaban a deslizar en privado que el bloqueo no se sostenía durante más tiempo.
La frágil estructura del Sistema Nacional de Salud
Los programas de cribado necesitan continuidad y homogeneidad. No permiten lagunas prolongadas ni decisiones improvisadas. La eficacia depende del seguimiento de cada fase, desde la primera carta de invitación hasta la derivación a los servicios hospitalarios. Cualquier quiebra institucional se traslada de inmediato a la población, que interpreta la falta de coordinación como un riesgo.
Sanidad quiere que esta rectificación del PP abra la puerta a una cooperación más estable en otros ámbitos que también han sufrido bloqueos. La ministra mencionó expresamente el protocolo común frente a la gripe, que el año pasado quedó en el aire por la negativa de varias consejerías conservadoras. La fragmentación derivó en respuestas dispares, hospitales sobrecargados y reproches cruzados cuando ya era tarde para corregir nada.
Este jueves, en la Comisión de Salud Pública, el Gobierno intentará reconstruir ese consenso. A falta de grandes pactos, la política sanitaria avanza a golpe de acuerdos discretos y prudentes. Pero incluso esos acuerdos requieren una mínima estabilidad entre administraciones, y en los últimos meses esa estabilidad ha pendido de un hilo.
El déficit de especialistas, otro frente sin resolver
En el Consejo Interterritorial se abordó también la falta de profesionales. La ministra recordó que España cuenta hoy con un número de especialistas superior al de hace una década, pero eso no ha sido suficiente para responder al aumento de demanda, que se concentra en áreas especialmente tensionadas como la atención primaria.
García señaló que el Gobierno ha ampliado plazas MIR, flexibilizado la jubilación activa y reforzado incentivos para atraer talento, pero insistió en que la retención no depende solo del salario. El problema —admiten varios consejeros, también del PP— es más estructural: la atención primaria sigue siendo poco atractiva para los recién formados, y la burocracia devora tiempo clínico en cantidades que desincentivan cualquier vocación.
El Ministerio quiere que las comunidades aceleren los cambios organizativos para hacer más sostenibles los centros de salud. Pero, igual que ocurre con los cribados, las respuestas avanzan a ritmos muy desiguales y dependen más de la voluntad política que de la falta de recursos.
Transparencia y un calendario que exige resultados
El paso dado por las comunidades del PP devuelve al terreno técnico una discusión que nunca debió cruzar la frontera partidista. La transparencia vuelve al centro, aunque el daño en la confianza ciudadana tardará en disiparse. El SNS funciona cuando todas las administraciones asumen que la coordinación no es opcional, algo que en estas semanas ha estado sorprendentemente en cuestión.
Los datos se analizarán en los próximos días. A partir de ahí comenzará un trabajo más complejo: evaluar las desigualdades entre territorios, corregir retrasos y reforzar los circuitos donde se detecten fallos. El Ministerio quiere avanzar sin dramatismos, pero también sin renunciar a una idea simple: la ciudadanía tiene derecho a saber cómo funcionan los programas que pueden salvar vidas.
La reunión de este jueves será el primer test para comprobar si este giro genera una colaboración real o si solo ha sido una rectificación táctica. Mientras tanto, los pacientes esperan que la política deje de entorpecer aquello que debería protegerles.