El debate sobre el aborto en España ha vuelto a situarse en el centro de la tensión política entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. Este lunes, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció que su equipo ha iniciado los trámites para llevar a la región ante los tribunales por negarse a elaborar el registro de objetores de conciencia frente a la interrupción voluntaria del embarazo.
Sánchez ha explicado que solicitará a la Abogacía del Estado la presentación de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. “Defenderemos los derechos de las madrileñas en los tribunales”, escribió el presidente en su cuenta de X, dejando clara la línea de confrontación jurídica y política que se abre entre ambos niveles de la administración.
El trasfondo de este conflicto es legal y sanitario. La Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo establece la obligación de las comunidades autónomas de crear un registro confidencial de objetores de conciencia, con el objetivo de organizar los servicios médicos y garantizar que las mujeres puedan ejercer su derecho a interrumpir un embarazo sin obstáculos. Según el Gobierno, la Comunidad de Madrid se ha negado a cumplir esta normativa, derivando más del 99 % de los abortos a clínicas privadas, lo que, en palabras de Sánchez, convierte un “derecho esencial en negocio”.
Este choque de competencias no es aislado. Hace unas semanas, el Ministerio de Sanidad envió un requerimiento a Aragón, Baleares y Madrid, recordando la necesidad de implementar los registros autonómicos. Mientras que las dos primeras comunidades cumplieron con la ley, Madrid permaneció al margen. El Ejecutivo interpreta esta negativa como un desafío directo a la legislación estatal y a los derechos de las pacientes.
Desde la perspectiva de la Comunidad de Madrid, la situación se lee de forma muy distinta. La presidenta Isabel Díaz Ayuso defendió públicamente el derecho de los profesionales sanitarios a la objeción de conciencia, y acusó al Gobierno central de intentar imponer obligaciones que calificó de autoritarias: “Solo un dictador puede obligar a los médicos a hacer lo que no quieren hacer”, afirmó. Ayuso recordó, además, que la Comunidad de Madrid recibió 2.000 abortos derivados desde Castilla-La Mancha el año pasado, sugiriendo que su región ya asume un papel de responsabilidad sanitaria en el país.
Este enfrentamiento refleja un choque más amplio entre competencias autonómicas y derechos individuales. Mientras el Gobierno central subraya la obligación de garantizar el acceso efectivo al aborto como un derecho protegido, la Comunidad de Madrid sostiene que también debe preservarse el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. En el centro de la disputa están las mujeres madrileñas, cuyo acceso a un servicio esencial depende de la coordinación efectiva entre la administración regional y el Estado.
El resultado de este litigio judicial tendrá implicaciones más allá de Madrid. Podría sentar un precedente sobre hasta qué punto las comunidades autónomas pueden invocar la objeción de conciencia para limitar el acceso a derechos constitucionales, y sobre la capacidad del Gobierno central de hacer cumplir leyes sanitarias frente a resistencias regionales. En un país donde la descentralización ha marcado la política sanitaria, el conflicto entre Ayuso y Sánchez es también un ensayo sobre los límites del federalismo español en materias sensibles como la salud reproductiva.
Mientras los tribunales analizan el recurso, la tensión política seguirá escalando, y el debate sobre el aborto y la objeción de conciencia se perfila como un tema de conflicto estructural entre derechos individuales, autonomía regional y responsabilidad del Estado. La pregunta no es solo quién tiene la razón jurídica, sino cómo garantizar que los derechos fundamentales de las mujeres no queden subordinados a disputas políticas.