El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, repasa dos años de legislatura en un clima político tensionado artificialmente por la derecha, que intenta apropiarse del malestar y dividir al electorado en extremos irreconciliables. Mientras tanto, las principales cifras económicas y sociales plantean un escenario muy distinto al que describen PP y Vox.
Sánchez ha aprovechado el segundo aniversario de su investidura para fijar un mensaje nítido: el Gobierno continuará hasta final de legislatura y lo hará reivindicando una gestión que, más allá del ruido, ha mantenido indicadores que otros países europeos envidian. No es una defensa épica; es un recordatorio incómodo para quienes llevan dos años anunciando un colapso que no llega. Frente al relato apocalíptico que PP y Vox repiten como un salmo, el Ejecutivo exhibe empleo récord, crecimiento sostenido y ampliación de derechos sociales. Lo que se dirime ahora no es solo la supervivencia del Gobierno, sino quién marca el marco interpretativo de un país que la derecha quiere fragmentar en identidades irreconciliables.
Una legislatura que avanza mientras el ruido se recicla
Sánchez ha evitado la celebración excesiva, consciente de que cualquier gesto es de inmediato leído por la oposición como arrogancia. De ahí que su intervención haya adoptado la sobriedad de quien sabe que la política española vive instalada en un tono de alarma perpetua. En dos años de mandato —dos años que algunos han querido presentar como “interregno”, esperando un tropiezo que no se ha producido— el Gobierno ha sostenido cifras que difícilmente encajan con el diagnóstico de decadencia que repiten PP y Vox.
España supera los 22 millones de personas ocupadas, con un ritmo de creación de empleo sostenido incluso en un contexto europeo inestable. Ni las previsiones de estancamiento ni el pronosticado hundimiento del mercado laboral se han materializado. A pesar de ello, la derecha mantiene la estrategia de invalidar cualquier dato positivo, convertida ya en una narrativa circular que solo necesita repetición.
En materia social, el Ejecutivo ha ensanchado políticas que no encuentran equivalente en Europa: permisos de maternidad y paternidad ampliados, cobertura bucodental reforzada, regulación de alquileres de temporada —un frente donde el PP ha preferido actuar como aliado tácito de los fondos inmobiliarios— y eliminación de las ‘golden visa’, una figura que la derecha defendía como si fuese el mecanismo imprescindible para sostener la economía nacional. El problema para el PP no es la gestión; es que estos avances no encajan en su guion. Para Vox, directamente, son una provocación.
La derecha ante un país que ya no responde a sus códigos
La reacción de PP y Vox al mensaje de Sánchez ha sido automática. No han discutido los datos —sería difícil—, sino que han optado por negar la legitimidad del Ejecutivo para exponerlos. La crítica ya no apunta a la política, sino a la propia existencia del Gobierno. Lo que molesta no es lo que haga, sino que gobierne.
PP y Vox llevan meses intentando dibujar un bloque social homogéneo de descontento. Pero el electorado español es mucho más complejo de lo que permite esa simplificación interesada. El voto “de los extremos” no es simétrico: mientras Vox compite por la franja más escorada a la derecha —alimentado por discursos que presentan al país como un territorio fallido—, Sumar y Unidas Podemos han entrado en su propia fase de recomposición, con un espacio progresista que sigue siendo determinante en cualquier mayoría parlamentaria.
De ahí que la estrategia de la derecha consista en situar a Sánchez como origen de todos los males, desde la inmigración hasta la meteorología. La construcción de un enemigo total facilita un discurso uniforme, aunque dependa de obviar datos. El PP necesita ese relato para justificar su seguidismo de Vox en territorios donde gobiernan juntos; Vox, para mantener su base movilizada en un país que sigue sin girar hacia el modelo excluyente que propone. Suele pasar cuando se intenta fabricar división sin sustrato social real: la fractura se queda en forma, no en fondo.
Un Gobierno sostenido por una mayoría heterogénea… y funcional
El presidente ha recordado que su investidura fue fruto de una mayoría diversa: PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, BNG y Coalición Canaria. La derecha continúa presentando ese pacto como una anomalía, cuando en cualquier democracia parlamentaria europea sería sencillamente la expresión de una aritmética posible. La heterogeneidad, más que un obstáculo, ha obligado al Ejecutivo a un ejercicio de negociación constante que contrasta con la lógica de veto permanente instalada en la bancada conservadora.
La estabilidad no ha sido un regalo; se ha construido semana a semana, con acuerdos que la oposición calificaba de imposibles y que después normalizaba cuando dejaban de servirle para agitar. Esa es la paradoja que atraviesa la política española desde 2018: la derecha denuncia componendas mientras aspira a pactos idénticos cuando le convienen.
Un país que avanza y un debate público que retrocede
España crece por encima de la media europea. La inflación se ha situado en niveles controlados. La inversión en transición energética continúa ampliándose. La reconstrucción de zonas afectadas por la DANA ha movilizado 8.000 millones de euros, una cifra inédita en políticas de emergencia. La política exterior ha mantenido una posición clara en la defensa de derechos humanos —Palestina y Ucrania— en un contexto internacional donde muchos gobiernos optan por la ambigüedad.
Nada de esto evita la tensión política, pero la coloca en su lugar: es una construcción de la oposición, no un reflejo de la realidad social. El país funciona mejor de lo que su debate público insinúa.
El contraste con la derecha española
La derecha insiste en presentar a Sánchez como un obstáculo para la convivencia. Pero es precisamente el PP —y no solo Vox— quien ha convertido la política nacional en un espacio de agravios inflados, apelaciones al miedo y un lenguaje que reduce el debate democrático a una contienda entre “patriotas” y “enemigos del Estado”.
Mientras el Gobierno gestiona, la oposición describe un país que solo parece existir en sus redes sociales: un territorio asediado por la inseguridad, invadido por “olas migratorias” que no se corresponden con los datos reales y gobernado por un poder ilegítimo que habría llegado a Moncloa mediante pactos inconfesables. La escalada retórica se ha vuelto tan habitual que ya ni sorprende.
Pero el contraste entre ese relato y la situación efectiva del país es cada vez más evidente, y ahí es donde el mensaje de Sánchez adquiere su sentido: seguir hasta el final no como desafío, sino como responsabilidad institucional.
Un Gobierno que resiste porque hay país detrás
El presidente no ha pedido adhesiones ciegas ni se ha revestido de épica. Ha recordado cifras, medidas y una voluntad de continuidad basada en hechos. En una política marcada por el grito, la constatación fría de los datos se convierte en un acto incómodo para quienes viven del sobresalto permanente. La legislatura continúa. No porque convenga al Gobierno, sino porque los números —los reales— indican que España está en condiciones de sostenerla. Y porque la alternativa que ofrece la derecha se basa más en la exageración que en un proyecto tangible.