Las democracias empiezan a deteriorarse mucho antes de que desaparezcan las elecciones. A veces el desgaste comienza de manera más silenciosa. Con campañas de desprestigio contra periodistas. Con el señalamiento constante de medios incómodos. Con dirigentes políticos que ya no distinguen entre crítica informativa y conspiración organizada.
Por eso resulta importante la iniciativa registrada esta semana por el PSOE en el Congreso para defender un “trabajo periodístico libre y sin censura” y reforzar la protección institucional de los medios públicos frente a las amenazas políticas y económicas que atraviesan buena parte de Occidente.
La propuesta llega en un momento especialmente delicado para el ecosistema informativo europeo y occidental. Durante años, determinadas corrientes ultras han comprendido que controlar el relato resulta tan importante como conquistar gobiernos. Y cuando no pueden controlar directamente los medios, intentan desacreditarlos, asfixiarlos o convertirlos en sospechosos permanentes ante la ciudadanía.
La estrategia se repite con inquietante precisión en distintos países. Trump en Estados Unidos, Orbán en Hungría, Meloni en Italia o determinados sectores de la nueva derecha europea llevan tiempo construyendo un mismo discurso. El periodismo independiente deja de ser un contrapoder democrático para convertirse en una supuesta élite hostil al “pueblo real”.
El problema de fondo no es únicamente político. Es profundamente democrático.
Porque una sociedad donde los medios trabajan bajo intimidación constante termina siendo una sociedad más vulnerable frente a la manipulación, la mentira organizada y la propaganda emocional. La desinformación prospera precisamente cuando se debilita el prestigio de quienes verifican, investigan y contradicen al poder.
La proposición socialista insiste en la necesidad de proteger las radiotelevisiones públicas y fortalecer la transparencia sobre la propiedad de los medios de comunicación. Son cuestiones menos técnicas de lo que parecen. Detrás de ellas se libra una batalla decisiva sobre quién controla la información y bajo qué intereses económicos o políticos se produce.
Durante años, buena parte del debate público español trató los medios públicos como simples instrumentos partidistas intercambiables según quién gobernara. Pero esa mirada resulta insuficiente para entender el momento actual. En una época dominada por algoritmos, bulos virales y plataformas privadas capaces de alterar masivamente la conversación pública, los espacios informativos sometidos a controles democráticos y criterios profesionales adquieren una importancia todavía mayor.
Naturalmente, ningún medio público está exento de errores, presiones o contradicciones. Pero destruir deliberadamente su credibilidad, debilitarlos financieramente o convertirlos en objetivos ideológicos permanentes tiene consecuencias mucho más profundas de lo que aparenta.
Porque cuando desaparecen los espacios informativos relativamente estables y verificables, lo que emerge no es una ciudadanía más libre. Lo que emerge es una conversación pública dominada por el ruido, la polarización y la mentira emocionalmente rentable.
El PSOE sitúa además el foco sobre otro elemento central. La opacidad en la propiedad de muchos medios y la creciente dependencia económica que condiciona parte de la información. No se trata únicamente de censura explícita. Existen formas mucho más sofisticadas de influencia. Concentración empresarial, dependencia publicitaria, presión financiera o campañas coordinadas de intoxicación digital.
En ese contexto, hablar de pluralismo informativo ya no consiste solo en contar cuántos periódicos existen. Consiste en analizar quién los financia, qué intereses representan y hasta qué punto conservan autonomía real para fiscalizar al poder económico y político.
La paradoja de nuestro tiempo es inquietante. Nunca hubo tanta información circulando y, sin embargo, cada vez cuesta más distinguir qué parte de esa información responde a hechos verificables y cuál responde simplemente a estrategias de manipulación masiva.
Por eso esta discusión va mucho más allá de una iniciativa parlamentaria concreta. Lo que está en juego es la capacidad de las democracias para seguir sosteniendo una esfera pública basada en hechos compartidos y no únicamente en emociones enfrentadas.
Las democracias pueden sobrevivir a gobiernos malos, a crisis económicas o incluso a dirigentes mediocres. Lo que soportan mucho peor es la demolición lenta de la verdad pública.