El Partido Popular prepara un nuevo choque institucional en el Senado para obligar al Gobierno a presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026, una maniobra que va más allá de la exigencia formal y revela un uso cada vez más estratégico de la Cámara Alta como instrumento de presión política. Se trata del séptimo conflicto de atribuciones impulsado por los ‘populares’ desde que obtuvieron la mayoría absoluta, un fenómeno sin precedentes en la historia reciente de España. La repetición sistemática de estos enfrentamientos evidencia que el Senado ya no se limita a una función revisora o consultiva, sino que se ha convertido en una herramienta de confrontación que condiciona la acción del Ejecutivo.
El procedimiento es formalmente claro: el Senado adopta el conflicto de atribuciones, lo remite al Congreso y al Gobierno, y ambas instituciones tienen un mes para responder. La ausencia de respuesta o una contestación negativa permite al Senado elevar la cuestión al Tribunal Constitucional, transformando un procedimiento técnico en un arma de presión política. La Constitución establece la obligación del Gobierno de presentar presupuestos, y el PP argumenta que la prórroga de las cuentas de 2023 hasta 2026 vulnera este mandato, haciendo del conflicto una cuestión de legalidad y legitimidad institucional.
Sin embargo, el fondo del asunto revela una lógica estratégica. La Cámara Alta, históricamente concebida como un órgano de revisión territorial, se ha convertido en un instrumento táctico del PP para marcar la agenda política y presionar al Ejecutivo central, especialmente cuando el Gobierno carece de mayoría absoluta. Al escalar el conflicto al Tribunal Constitucional, el Senado obliga al Ejecutivo a posicionarse públicamente y a comprometer recursos políticos en la defensa de su retraso presupuestario, mientras el PP puede exhibir ante la opinión pública que cumple con su función de control institucional.
Esta práctica plantea riesgos para el equilibrio de poderes. El uso recurrente de los conflictos de atribuciones transforma una herramienta constitucional diseñada para resolver discrepancias técnicas en un mecanismo de confrontación política permanente. A largo plazo, la estrategia erosiona la percepción de neutralidad y autoridad de la Cámara Alta, y puede crear precedentes peligrosos: cualquier mayoría futura podría emplear los conflictos de atribuciones como arma de presión, subordinando la legalidad presupuestaria a la lógica de enfrentamiento partidista.
Además, el choque refleja la creciente polarización de la política española, en la que la capacidad de las instituciones para mediar entre el Ejecutivo y la oposición se ve reducida por la politización de los procedimientos formales. El Senado, en manos del PP, no solo cuestiona la falta de presentación de los PGE, sino que redefine su propia función como foro de confrontación estratégica, un espacio donde la legalidad se convierte en táctica y la Constitución en argumento de presión política.
La situación también pone de relieve un desafío más amplio: la tensión entre la narrativa oficial del Gobierno y la experiencia cotidiana de las instituciones. Mientras Hacienda aplaza la presentación de los presupuestos, el Senado actúa como mecanismo corrector y amplificador, utilizando procedimientos constitucionales para forzar al Ejecutivo a cumplir sus obligaciones. Este juego de equilibrios y presiones subraya que, en un contexto de fragmentación política, las cámaras legislativas pueden asumir roles cada vez más activos y conflictivos, en detrimento de la estabilidad institucional.
En última instancia, la estrategia del PP revela cómo las herramientas constitucionales pueden ser reinterpretadas y explotadas políticamente. El Senado se convierte así en un escenario de negociación coercitiva, donde la mayoría absoluta permite dictar la agenda y convertir la legalidad presupuestaria en un instrumento de poder, poniendo a prueba la resiliencia del equilibrio institucional y la capacidad del Estado para garantizar la gobernanza efectiva sin que los procedimientos se politicen hasta el extremo.