Hay momentos en política en los que uno tiene la sensación de asistir a una conversación que llega tarde a sí misma. El Partido Popular ha enviado una carta al ministro Félix Bolaños para fijar posición sobre el decreto anticrisis, y en ella hace algo que empieza a ser habitual lo de celebrar medidas que hasta hace no tanto criticaba con bastante entusiasmo.
En el texto, firmado por la portavoz parlamentaria Ester Muñoz, el PP considera “correcto” que el Gobierno haya incorporado bajadas fiscales que, según recuerdan, habían sido “denostadas abierta e intensamente”. No deja de tener su gracia que lo que ayer era irresponsable hoy pase a ser una muestra de sentido común, siempre que aparezca recogido en el Boletín Oficial. La política española, en ese sentido, mantiene intacta su capacidad para reinventar convicciones en tiempo récord.
Entre esas medidas que ahora sí parecen razonables, los populares destacan la reducción del IVA al 10% en combustibles, electricidad y gas, así como otras iniciativas como la rebaja del Impuesto Especial sobre la Electricidad o las ayudas al transporte profesional y al sector primario. Todo ello, según el partido, en la buena dirección, aunque no suficiente. Porque si algo caracteriza este tipo de posicionamientos es esa combinación tan peculiar de aprobación y descontento simultáneo: se acierta, pero poco; se copia, pero mal.
El núcleo de la crítica del PP se sitúa en lo que consideran las ausencias del decreto. Especialmente, en lo relativo al IRPF. A su juicio, la falta de actualización de los tramos supone una “subida encubierta de impuestos”, una expresión que lleva años funcionando como comodín político y que vuelve a aparecer ahora para alertar de un supuesto perjuicio a las clases medias, en particular a las familias con hijos. Según el partido de Alberto Núñez Feijóo, resulta difícil entender que un paquete de medidas pensado para aliviar la situación económica no incluya ajustes en este ámbito, aunque tampoco queda del todo claro por qué esa preocupación no había ocupado el centro del debate en otros momentos recientes.
Donde el discurso se vuelve más reconocible es en el terreno energético. El PP insiste en que el decreto incurre en una contradicción de fondo ya que habla de reforzar la seguridad de suministro mientras mantiene el calendario de cierre de las centrales nucleares. Para los populares, no hay demasiada coherencia en defender una cosa y hacer la contraria, y vuelven a apostar por la continuidad de una fuente que consideran estable y descarbonizada. No es un argumento nuevo, pero sí uno que el partido parece dispuesto a mantener en el tiempo, probablemente porque ahí sí percibe un espacio político más claro.
Más llamativa resulta la preocupación expresada en la carta por el control del gasto público. El PP advierte de que algunas disposiciones podrían permitir al Gobierno sortear el control parlamentario en determinadas partidas, especialmente en un contexto sin Presupuestos Generales del Estado aprobados. La crítica apunta a la posibilidad de extender prestaciones sin un límite claro, lo que, en la práctica, según los populares, abriría la puerta a una gestión más discrecional de los recursos públicos. Una preocupación legítima, sin duda, aunque no siempre prioritaria cuando el margen de decisión ha estado en otras manos.
Y, como colofón, aparece la reivindicación territorial. El partido considera “imprescindible” que se consulte a las comunidades autónomas antes de aplicar las rebajas fiscales, recordando que serán ellas las que asuman aproximadamente la mitad del coste. No deja de ser curioso que ese llamamiento a la cogobernanza llegue ahora envuelto en forma de advertencia, como si el reparto de competencias y responsabilidades fuera un descubrimiento reciente y no un principio básico del propio modelo autonómico.
En cualquier caso, el PP da por hecho que aún hay margen para introducir cambios, dado que el decreto estará en vigor durante 30 días antes de su convalidación definitiva. Tiempo suficiente, según señalan, para corregir lo que consideran carencias y convertir el texto en una respuesta más “completa” a la crisis. La expresión, como tantas otras en política, suena bien, aunque queda por ver si en la práctica significa algo más que añadir un par de matices a un documento ya escrito.
Entre tanto, el intercambio de cartas, propuestas y reproches sigue su curso habitual. Con la ventaja de que, en esta ocasión, al menos hay cierto consenso en algo: que las rebajas fiscales, al parecer, ya no son tan mala idea.