El PP asume las tesis de la extrema derecha frente al fuego

Mientras la masa forestal del país se convierte en una gigantesca pira y el terreno arde bajo temperaturas insólitas, la respuesta de la principal fuerza de la oposición ha vuelto a situarse al margen del consenso científico internacional. El rechazo frontal de la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, al pacto de Estado propuesto ante la oleada de incendios no solo dinamita la posibilidad de una respuesta coordinada entre administraciones, sino que expone una deriva ideológica de consecuencias alarmantes. Al despachar la alteración del clima como un mero «mantra ideológico» de la izquierda e insinuar que el calentamiento global es una simple constante histórica sin responsabilidad humana, el aparato de la calle Génova se abraza de forma explícita al negacionismo climático propio de la extrema derecha.

Esta línea argumental representa un ejercicio de irresponsabilidad política difícilmente justificable en un país situado en la vanguardia de la vulnerabilidad ambiental europea. Sostener que vincular las olas de calor récord y la sequía prolongada con la virulencia de los incendios es una coartada partidista supone desautorizar a la comunidad científica internacional, a los organismos meteorológicos oficiales y a los propios servicios de extinción, que coinciden en que la ventana de oportunidad para combatir los megaincendios de sexta generación se ha cerrado precisamente por el colapso de las condiciones térmicas. La retórica de Muñoz no busca enriquecer el debate técnico ni aportar soluciones operativas; su único propósito es erosionar al Ejecutivo central mediante una distorsión sistemática de la evidencia empírica.

Detrás de este viraje hacia tesis negacionistas no hay una reflexión sobre la gestión de las masas forestales, sino una apremiante necesidad táctica de supervivencia electoral. Para sostener sus cuotas de poder municipal y autonómico, el Partido Popular se ha atado de pies y manos a su aliado privilegiado, Vox. La formación ultraderechista ha hecho de la impugnación de la agenda verde, de las directivas europeas de transición ecológica y del consenso sobre el calentamiento global uno de sus principales banderines de enganche electoral.

Para no agrietar sus pactos de gobernabilidad y evitar fuga de votos en su flanco más conservador, la dirección del Partido Popular opta por asumir sin complejos el vocabulario y los marcos mentales de sus socios de coalición. En este proceso, reclaman desmontar el consenso científico al relegar la emergencia climática a una categoría de discusión ideológica, calificando el conocimiento empírico de dogma de izquierda. Del mismo modo, blanquean el ideario de la extrema derecha al validar la retórica que culpa exclusivamente a la intencionalidad o a la falta de desbroce puntual, ignorando cómo las anomalías térmicas mutan conatos manejables en infiernos incontrolables. Esta estrategia busca, en última instancia, proteger los pactos autonómicos y asegurar la estabilidad parlamentaria en las regiones donde gobiernan de forma conjunta o cruzada, supeditando la política ambiental de Estado al mantenimiento de sus cuotas de poder institucional.

El coste de esta pirueta partidista es devastador para la gestión pública. Al desviar la atención hacia disputas partidistas sobre la modernización de hidroaviones o reproches por la ejecución de fondos europeos, el Partido Popular elude deliberadamente el fondo de la cuestión: las políticas de prevención e inversión en el medio rural carecen de sentido si no se articulan dentro de un plan marco de adaptación a la nueva realidad climática. La pretensión de solucionar la vulnerabilidad del territorio mediante parches legislativos en la Ley de Montes, mientras se niega el motor meteorológico que multiplica la potencia del fuego, aboca al país a repetir este mismo ciclo trágico verano tras verano.

La insistencia en señalar que el clima ha cambiado siempre constituye una falacia negacionista que busca anestesiar a la opinión pública y eximir a los gobiernos autonómicos de sus responsabilidades de inversión estructural. Al asumir esta posición, la dirección conservadora demuestra que ha decidido primar la conveniencia de sus alianzas políticas con la extrema derecha por encima del rigor técnico, sacrificando la posibilidad de alcanzar un pacto de Estado histórico a cambio de mantener intacta su estrategia de confrontación total. Mientras el debate político continúe rehuyendo la evidencia científica, el territorio seguirá pagando en cenizas la factura de la ambición partidista y la cobardía ideológica.