En la gramática política de la Comunidad de Madrid, el estilo de Isabel Díaz Ayuso se ha definido por una ofensiva constante, una suerte de "libertad" que no admite repliegues. Sin embargo, cuando el foco se desplaza de la confrontación con el Gobierno central hacia la gestión de las miserias internas, el PP de Madrid parece haber adoptado una doctrina muy distinta: la de la inacción administrativa y el blindaje de sus cuadros. El reciente escándalo de la concejala que denunció acoso por parte del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, no es un hecho aislado, sino el último capítulo de una inquietante genealogía de desatención.
Como ha revelado EL PAÍS, la estructura regional del partido arrastra un historial de resistencia a sancionar conductas que colisionan frontalmente con sus propios estatutos. El caso de Daniel Marbán, una antigua promesa de Nuevas Generaciones, ofrece una radiografía precisa de cómo la maquinaria de la calle Génova puede llegar a ignorar una condena por violencia de género mientras, en paralelo, premia al condenado con ascensos orgánicos y puestos en listas electorales.
La anatomía de la impunidad: El caso Marbán
La historia de Daniel Marbán no es solo la crónica de una condena judicial, sino la de una vulneración ética sistemáticamente ignorada por el Comité de Derechos y Garantías. En 2022, una militante de las juventudes del partido y expareja de Marbán presentó ante la formación una sentencia del Juzgado de Violencia de Género número 5 de Madrid. El fallo condenaba a Marbán por un delito leve de vejaciones, tras un episodio en el que el joven entró de madrugada en la vivienda de la víctima con actitud violenta.
Las pruebas eran, según lo publicado por el periódico de Prisa, de una crudeza incuestionable: audios donde se escuchaban insultos degradantes y el llanto de la mujer mientras objetos eran arrojados al suelo. A pesar de que los Estatutos del PP facultan la expulsión de condenados por delitos dolosos que resulten incompatibles con los deberes éticos de la organización, la respuesta de la Ejecutiva regional no fue la sanción, sino la indiferencia administrativa.
Durante el tiempo en que la víctima acudió hasta en cinco ocasiones a la sede del partido buscando amparo, la formación respondió con un asombroso cinismo institucional. En lugar de apartar a Marbán, el PP de Madrid lo integró en el Órgano de Atención al Ciudadano, un organismo irónicamente encargado de recibir quejas y denuncias. La paradoja alcanzó su cénit cuando, incluso después de que la sentencia fuera firme en la Audiencia Provincial en enero de 2023, Marbán fue premiado con el puesto número 110 en la lista de Ayuso para las elecciones autonómicas.
La burocracia como arma de defensa
La defensa del PP madrileño ante estas acusaciones de negligencia ha seguido un patrón de "ofuscación procedimental". Alegaron que no se actuó porque el expediente había "caducado" a los tres meses de su presentación, intentando desviar la responsabilidad hacia la dirección anterior, de corte "casadista". Sin embargo, esta tesis fue desmentida por el propio jefe de disciplina saliente, José Luis Álvarez Ustarroz, quien aclaró que los plazos de caducidad se aplican a la resolución de expedientes abiertos, no a la obligación del partido de actuar ante una denuncia de tal gravedad.
Este uso de la burocracia como cortafuegos político es una estrategia recurrente. Al declarar un expediente como caducado por inacción propia, el partido se auto-concede una amnistía técnica. En el caso del alcalde de Móstoles, el patrón se repite: la formación niega que la víctima fuera desatendida, a pesar de que las informaciones apuntan a presiones para que la edil desistiera de su denuncia bajo la premisa de que "el amparo pasa por que te quites de la cabeza cualquier denuncia".
Estado fallido partidista
Para un partido que hace de la "gestión" y el "orden" su bandera electoral, la incapacidad para aplicar sus propios códigos de conducta supone un riesgo reputacional profundo. La gestión de Isabel Díaz Ayuso en el PP de Madrid ha logrado un control total del aparato, pero ese poder absoluto conlleva una responsabilidad absoluta sobre la limpieza democrática de sus cuadros.
El problema no es solo la existencia de individuos con conductas reprochables —una patología que afecta a todas las organizaciones— sino la reacción sistémica de la institución. Cuando el partido percibe la denuncia de una víctima como una amenaza a la estabilidad del bloque o a la imagen del líder, la justicia interna se convierte en una herramienta de gestión de crisis en lugar de un mecanismo de reparación.
Marbán solo abandonó la política cuando el escándalo saltó a la prensa generalista (en concreto cuando lo publicó el diario ABC) no cuando el partido tuvo constancia de la sentencia firme. Esto sugiere que para el PP madrileño, el pecado no es la condena, sino que esta se haga pública.
Libertad frente a responsabilidad
El modelo Ayuso se basa en una conexión directa con el electorado que premia la autenticidad y el desafío a las convenciones. Sin embargo, esa misma estructura de mando vertical y personalista puede generar zonas ciegas donde la ética de partido se sacrifica en el altar de la lealtad política.
El caso de la edil de Móstoles y el precedente de Marbán indican que el PP de Madrid opera bajo una lógica de "fortaleza sitiada". En este ecosistema, admitir una conducta inapropiada en sus filas es visto como una concesión al adversario, lo que lleva a un encubrimiento pasivo o a la presión activa sobre los denunciantes. El mensaje que se envía a las bases, y especialmente a las mujeres de la organización, es desolador: la estructura protegerá la carrera del ascendente antes que la integridad de la víctima.
La "libertad" madrileña, tan celebrada en las urnas, parece detenerse en la puerta de los despachos de la calle Génova. Si el PP de Madrid aspira a mantener su hegemonía sin manchar su legitimidad moral, debe entender que los protocolos contra el acoso y la violencia de género no son sugerencias burocráticas, sino pilares de una organización moderna. Por ahora, el caso del alcalde de Móstoles y el ascenso del condenado Marbán sugieren que, en el Madrid de Ayuso, el expediente de la ética política tiene una preocupante tendencia a la caducidad prematura.