Junts ha decidido volver a jugar en el terreno que más rédito identitario le ofrece aunque el coste sea dinamitar acuerdos sociales básicos. Su rechazo al decreto del llamado escudo social no responde a una discrepancia técnica puntual, sino a una estrategia política clara: situarse en la confrontación permanente con el Gobierno y competir por la hegemonía independentista incluso a costa de bloquear medidas dirigidas a familias vulnerables.
El giro conservador disfrazado de firmeza nacional
La escena en el Congreso fue elocuente. Míriam Nogueras reiteró ante Pedro Sánchez el lema que su grupo ha convertido en consigna: “Escudo social sí, ocupaciones no”. La fórmula es sencilla, eficaz y profundamente engañosa.
Porque el decreto no legaliza ocupaciones. Prorroga la moratoria de desahucios para hogares en situación de vulnerabilidad acreditada. Confundir ambos conceptos no es un error técnico: es una decisión política. Junts ha optado por asumir el marco discursivo de la derecha sobre vivienda y orden público en un momento en el que la tensión por el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas sociales en Cataluña.
La formación independentista sostiene que el Gobierno mezcla deliberadamente medidas sociales con lo que denomina un “aval a las ocupaciones”. Pero lo que hace el Ejecutivo es mantener instrumentos de protección que ya han estado vigentes en distintas fases desde la pandemia. La diferencia es que ahora Junts necesita marcar perfil propio frente a ERC y hacerlo en clave de dureza.
Hay un elemento de fondo que explica este movimiento. Junts compite con ERC en un espacio electoral fatigado por años de promesas incumplidas sobre financiación singular, traspasos o concierto económico. Y en esa competencia interna, el discurso social suele quedar subordinado a la identidad y al orden.
Atacar el escudo social permite a Junts presentarse como defensor de la “clase media que levanta la persiana” frente a quienes “revientan puertas”, en palabras de Nogueras. Una dicotomía simplista que, además, se alinea peligrosamente con el relato de PP y Vox.
Razonable que Sánchez le reprochara explícitamente esa coincidencia argumental. Junts también ha aprovechado el debate para cargar contra los supuestos incumplimientos del Gobierno con Cataluña, señalando acuerdos pendientes con ERC. Es una forma de trasladar el foco: del voto negativo al decreto a la narrativa de agravio permanente.
Pero la pregunta política es otra. ¿Qué gana Cataluña con el bloqueo de medidas que protegen suministros básicos o retrasan desahucios de familias vulnerables? La respuesta no está clara.
El partido de Puigdemont sostiene que el Ejecutivo busca un titular fácil. Sin embargo, resulta llamativo que la formación que exige constantemente cumplimiento de pactos utilice ahora su voto como herramienta de presión en un ámbito social sensible.
El endurecimiento del discurso de Junts no es nuevo, pero sí cada vez más explícito. La formación ha pasado de ser un socio incómodo a convertirse en un actor que calcula cada votación en términos de desgaste estratégico, incluso cuando eso implica votar en sintonía con la derecha estatal.
La paradoja es evidente: un partido que se reivindica progresista en clave nacional termina bloqueando instrumentos de protección social bajo el argumento de combatir la ocupación.
En política parlamentaria, las mayorías son frágiles. Pero también reveladoras. Y el voto de Junts en esta ocasión revela más sobre su estrategia que sobre el contenido real del decreto.