Los políticos actuales, da igual la ideología o el partido, tienen la cara más dura que un muro de hormigón armado. Han adquirido la costumbre de seguir a rajatabla el adagio popular que afirma “prometer hasta meter, y una vez metido, nada de lo prometido”. Se mueven por impulsos de actualidad, no tienen una coherencia en sus planteamientos porque la coherencia se rompe en el momento en que los intereses personales o partidistas precisan de adoptar decisiones contrarias a lo afirmado incluso unas horas antes. Son marxistas, pero no de Karl, sino de Groucho y su famosa frase “estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros”.
La vivienda se ha convertido en el mayor problema social de España y, al mismo tiempo, en uno de los terrenos donde más evidente resulta la distancia entre las promesas políticas y la realidad de los ciudadanos. Pedro Sánchez ha situado el derecho a una vivienda digna en el centro de su discurso. En sus actos de campaña ha anunciado medidas para contener los precios y ha presentado al PSOE como la fuerza política que pretende proteger a los inquilinos y a las familias frente a los abusos del mercado. Todo ello, después de 8 años y medio en el poder sin hacer nada. Sin embargo, hay una hecho que amenaza con desmontar parte de ese relato, la historia real de cientos de miles de hogares atrapados durante años en hipotecas vinculadas al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios, conocido como IRPH.
El caso IRPH representa una de las heridas más profundas del sistema hipotecario español. Detrás de esas cuatro letras hay familias que contrataron préstamos para adquirir una vivienda y que terminaron soportando unas condiciones financieras abusivas, con consecuencias económicas devastadoras. Algunas han perdido sus casas mediante procedimientos de ejecución hipotecaria. Los afectados también han denunciado situaciones de desesperación extrema y se han referido a suicidios vinculados al drama de la deuda y los desahucios. No son simples expedientes bancarios. Son vidas condicionadas por decisiones financieras, resoluciones judiciales y respuestas políticas.
Es precisamente ahí donde el PSOE de Pedro Sánchez tiene un problema de credibilidad. Un partido que reivindica la justicia social y la defensa de las clases trabajadoras debe explicar por qué, cuando tuvo capacidad de intervenir políticamente en el conflicto del IRPH, no adoptó las medidas que reclamaban los afectados y no dudó en aliarse con el PP y con Vox para defender los intereses de la banca en contra de las sentencias del TJUE.
El IRPH, una batalla hipotecaria que también fue política
Hay que dejar claro que el conflicto no nació con Pedro Sánchez ni puede atribuirse exclusivamente a sus gobiernos. Sus raíces se encuentran en decisiones regulatorias y prácticas hipotecarias anteriores, así como en la actuación de distintas entidades financieras y administraciones. Pero esa circunstancia no exime de responsabilidad a quienes posteriormente tuvieron la oportunidad de corregir una situación que afectaba a cientos de miles de ciudadanos, sobre todo cuando durante sus gobiernos el TJUE comenzó a dictar sentencias en las que se determinaba la abusividad y falta de transparencia del IRPH.
El 8 de octubre de 2015, cuando Pedro Sánchez ya era secretario general del PSOE, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que reclamaba al Gobierno español reducir el elevado número de desahucios. El texto original incorporaba además una referencia expresa al IRPH. Advertía de su posible incompatibilidad con la normativa europea sobre cláusulas abusivas. Sin embargo, esa mención fue sometida a votación separada y desapareció del texto finalmente aprobado.
Según demuestra la documentación a la que Diario Sabemos ha tenido acceso, el Partido Popular votó en contra de la referencia y el PSOE se abstuvo, una posición que permitió que no prosperase la advertencia específica sobre el índice. La polémica volvió a reproducirse en 2015 durante el debate europeo sobre la regulación de los índices de referencia hipotecarios cuando una enmienda pretendía eliminar las excepciones que dejaban fuera a determinados índices elaborados por bancos centrales.
La exclusión tenía especial importancia para el IRPH, publicado por el Banco de España. La denuncia de los afectados era clara. El índice podía quedar al margen de nuevas exigencias regulatorias que pretendían aumentar la transparencia y la protección de los consumidores.
La cuestión no era menor. Mientras miles de familias reclamaban protección frente a las consecuencias económicas del IRPH, los representantes políticos tenían en sus manos la posibilidad de respaldar cambios normativos que podían cambiar su situación. Y, según demuestran los documentos, el PSOE no acompañó esas iniciativas.
Pedro Sánchez llegó al Gobierno y el problema siguió sin resolverse
La llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno en 2018 abrió nuevas expectativas entre los afectados. La presencia de Unidas Podemos en el Ejecutivo a partir de 2020 alimentó además la esperanza de que se produjera un cambio de orientación en una cuestión que había enfrentado durante años a las familias con el sector financiero. Pero las expectativas chocaron con la respuesta del gobierno.
El 15 de diciembre de 2020, el diputado de Más País, Íñigo Errejón, registró una pregunta parlamentaria para conocer si el Gobierno pensaba derogar el IRPH. La respuesta, fechada el 11 de febrero de 2021, se limitó, según la documentación a la que ha tenido acceso este medio, a describir el marco normativo que regulaba la publicación del índice sin anunciar una derogación ni una solución política concreta.
La decisión de mantener la posición procesal de la Abogacía del Estado también provocó críticas. Durante los procedimientos judiciales, la defensa de los intereses del Estado había intervenido en cuestiones relacionadas con la interpretación del índice y sus consecuencias para el sistema financiero. Los grupos que reclamaban una posición neutral consideraban que el Gobierno debía evitar alinearse con los intereses de las entidades bancarias frente a los consumidores.
En una iniciativa debatida en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, EH Bildu pidió que el Estado se personara para defender a las familias afectadas o, al menos, adoptara una postura neutral. La propuesta puso de manifiesto las diferencias entre los grupos parlamentarios y volvió a situar al PSOE ante una decisión políticamente incómoda que resolvió alineándose con PP y Vox para tumbar la iniciativa presentada por Bildu.
En concreto, el diputado socialista Manuel Gabriel González Ramos ratificó su posicionamiento en contra de los intereses de 1,3 millones de familias, trabajadoras en su inmensa mayoría (los ricos no necesitan hipotecarse), en una verborrea procedimental y recordando que la personación de la Abogacía de Estado en 2018 fue una herencia que recibieron del Gobierno de Rajoy. Eso era cierto, sin embargo, el hecho de mantener a los letrados del Estado sí fue una responsabilidad del primer Ejecutivo de Pedro Sánchez porque, incluso, se presentó una proposición firmada por varios grupos parlamentarios para que la retirara.
La crítica de los afectados fue especialmente dura porque el Gobierno de Sánchez había heredado una determinada posición institucional, pero también tenía capacidad para modificarla. La continuidad de una política heredada deja de ser una herencia cuando existe la posibilidad de cambiarla y se decide no hacerlo, como hizo el PSOE de Pedro Sánchez.
Las viviendas protegidas: familias atrapadas
Uno de los capítulos más dolorosos del conflicto afecta a las personas que compraron viviendas de protección oficial (VPO) mediante préstamos cuyo tipo de interés estaba vinculado al IRPH. Su situación presenta una particularidad especialmente grave. En determinados planes de vivienda, el índice no era una condición negociada libremente con el banco. Venía establecido por la propia normativa pública.
Las familias no podían elegir otro índice ni negociar las condiciones en igualdad de condiciones. El resultado fue una situación que los afectados calificaron de abuso hipotecario amparado por una regulación que debía proteger precisamente a quienes tenían menos recursos.
El Defensor del Pueblo llegó a recomendar en tres ocasiones la sustitución del IRPH por el euríbor en determinados préstamos protegidos. Con el objetivo de corregir los efectos de unas condiciones potencialmente abusivas. Sin embargo, las reclamaciones no consiguieron que el Ministerio competente, esto es, el de Transportes dirigido entonces por José Luis Ábalos, modificara el criterio regulatorio.
Aquí aparece una hipocresía política especialmente difícil de justificar para el PSOE. En 2017, antes de que Sánchez alcanzara la Presidencia del Gobierno, el propio partido había impulsado una iniciativa parlamentaria para sustituir el IRPH por el euríbor en los préstamos de vivienda protegida. Sin embargo, cuando llegó al Gobierno, la solución seguía sin materializarse. Un partido no puede reivindicar la vivienda como un derecho social y mantener sin resolver una situación que afecta a familias que no tuvieron siquiera capacidad para negociar las condiciones de sus hipotecas.
Una factura electoral para Pedro Sánchez
El IRPH no explica por sí solo la crisis de vivienda española, pero sí constituye un ejemplo especialmente significativo de la hipocresía de la política social del PSOE de Pedro Sánchez. El acceso a una vivienda no termina cuando una familia consigue las llaves. También implica poder pagar la hipoteca, disponer de seguridad jurídica y contar con un Estado que proteja al consumidor cuando se enfrenta a una entidad financiera.
La situación judicial, además, sigue siendo compleja. El Tribunal Supremo estableció en noviembre de 2025 que la transparencia y la posible abusividad de las cláusulas IRPH deben examinarse caso por caso, atendiendo a las circunstancias de cada contrato. No existe, por tanto, una declaración general de nulidad de todas las hipotecas referenciadas a este índice. Esta doctrina mantiene abierta la batalla judicial para numerosos afectados y demuestra que el conflicto está lejos de haber desaparecido.
De cara a las elecciones, el PSOE tendrá que responder por algo más que sus anuncios de vivienda pública, sus intervenciones sobre el alquiler o sus promesas de protección social. Sánchez tendrá que explicar qué hizo cuando miles de familias reclamaban una respuesta frente a un problema hipotecario que llevaba años denunciándose. La cuestión tiene una dimensión ideológica evidente. Un partido que se presenta como defensor de los trabajadores no puede dar por cerrada la discusión cuando los afectados siguen reclamando justicia y reparación.
La vivienda no se defiende solamente con discursos electorales o con decretos redactados a toda prisa para aprovechar “la ventada de oportunidad” que se abrió con el desahucio de Maricarmen Carvajal. También se defiende frente a los abusos financieros y protegiendo a quienes pueden perder su hogar. Pedro Sánchez puede convertir la vivienda en uno de los grandes argumentos de su campaña, pero su actitud probanca en el caso IRPH amenaza con convertirse en una réplica incómoda a ese relato porque hay familias que no necesitan escuchar otra promesa sobre el derecho constitucional a una vivienda digna. Necesitan saber por qué, cuando pidieron ayuda, el Estado no estuvo a la altura de sus expectativas y esa pregunta, cuando llegue el momento de votar, puede tener más fuerza que cualquier eslogan, relato o mentira incluida en un programa electoral.
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