España solía considerar al Senado como un espacio de ritmo pausado. Un recinto reservado a la tramitación territorial y a la diplomacia interna. Esa percepción ha quedado completamente desmantelada. El anuncio simultáneo de grandes maniobras electorales entre los dos principales polos del espectro político ha transformado el mapa parlamentario en el frente de batalla más encarnizado de la política nacional. La guerra de bloques ideológicos ya no se libra únicamente por la presidencia del Gobierno en el Congreso de los Diputados. Se libra por el dominio absoluto del Senado, una plaza decisiva donde se juega el control de las grandes instituciones del Estado.
El desencadenante de esta aceleración ha sido la constatación de algo que los estrategas de ambos bandos conocen bien. El sistema de elección en la Cámara Alta, donde se vota mediante listas abiertas y donde el partido más votado en cada provincia suele adjudicarse tres de los cuatro escaños en liza, penaliza de forma desastrosa la división del voto. Ante esta realidad aritmética, las cúpulas de la derecha y de la izquierda han decidido enterrar sus recelos de marca. Y diseñar estrategias de concentración del voto con las que neutralizar a su oponente.
Repliegue estratégico
La dirección del Partido Popular y la cúpula de Vox han alcanzado un entendimiento inédito para coordinar la confección de sus papeletas a la Cámara Alta. A través de este pacto de no agresión electoral, la formación encabezada por Santiago Abascal retirará completamente sus candidaturas en seis provincias de alta intensidad demográfica y compleja aritmética. Hablamos de Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares. En todas ellas, Vox pedirá explícitamente el voto para la lista de los populares.
Adicionalmente, el acuerdo establece que la fuerza de la derecha radical presentará un único candidato en catorce circunscripciones clave. Entre ellas figuran Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Navarra o Zaragoza. Dejará despejadas las otras plazas para el partido de Alberto Núñez Feijóo. En las veintitrés provincias restantes del mapa electoral, ambas siglas competirán con normalidad.
Desde la sede nacional del PP, la secretaria general justificó la maniobra encuadrándola en una demostración de responsabilidad institucional. El objetivo era frenar el avance de las fuerzas progresistas en las instituciones públicas. Por su parte, la dirección de la derecha radical admitió las discrepancias ideológicas entre ambas marcas. Pero justificó el movimiento táctico en la urgencia de desalojar la representación parlamentaria del bloque gubernamental. El objetivo confesado de esta entente no es menor. Alcanzar la mayoría de tres quintos en la Cámara Alta, un umbral imprescindible para bloquear iniciativas legislativas de calado y condicionar de forma decisiva la renovación de órganos como el Tribunal Constitucional.
Respuesta unificada de la izquierda
La maniobra del bloque conservador no se ha producido en el vacío. Funciona como un contrapeso inmediato ante el anuncio, fraguado al límite del plazo de presentación de candidaturas, del proyecto denominado Senadores por la Democracia. Esta fórmula ha articulado la plataforma "Senado de Progreso". Una candidatura unitaria sin precedentes que agrupa bajo una misma papeleta al PSOE, Izquierda Unida, Sumar, Compromís, Más Madrid, Chunta Cielagonesista y Batzarre. Suma además los acuerdos específicos en los archipiélagos.
Fuentes del bloque progresista destacan que esta confluencia responde a una fuerte presión ejercida por sectores movilizados de la sociedad civil. El temor era que la fragmentación entre la socialdemocracia y las distintas marcas de la izquierda alternativa regalara la mayoría absoluta de las provincias a la derecha. La iniciativa busca transformar la institución en un instrumento activo para blindar los derechos fundamentales. Sitúa las políticas de acceso a la vivienda y la protección del Estado del bienestar como el eje central de su programa.
Batalla por el arbitraje constitucional
La contienda por la Cámara Alta ha dejado de ser un asunto de contabilidad parlamentaria. Se ha convertido en un pulso por las reglas del juego democrático. Quien logre dominar el Senado con una holgada representación no solo tendrá en sus manos la capacidad de acelerar o paralizar el trámite de las leyes procedentes del Congreso de los Diputados. Ostentará también la llave para autorizar la aplicación de mecanismos de control territorial y para nombrar a los vocales de las instituciones de arbitraje judicial.
Estamos ante un cambio de paradigma en la cultura electoral española. Los partidos han comprendido que en un sistema de bloques homogéneos, regalar un solo escaño en el Senado por divisiones partidistas es ceder el control del Tribunal Constitucional al adversario estratégico.
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