El hartazgo del rural gallego ha vuelto a tomar las calles. Este domingo, una multitud recorrió Compostela bajo el lema “Lumes nunca máis” para exigir un cambio real en la gestión forestal tras los devastadores incendios de este verano. Pero la respuesta de la Xunta vuelve a ser el silencio, la propaganda y la defensa de un modelo insostenible que prioriza el beneficio económico de unos pocos frente a la vida, el paisaje y la seguridad de la mayoría.
Un modelo que alimenta la catástrofe año tras año
Los incendios forestales no son inevitables, ni se deben únicamente al cambio climático. En Galicia son consecuencia directa de una política forestal que favorece el monocultivo de especies inflamables, como el eucalipto, mientras desatiende por completo la ordenación del territorio, el abandono del monte y la recuperación del bosque autóctono.
El PP gallego lleva décadas apostando por un modelo diseñado para la industria y no para la vida, donde la planificación a largo plazo brilla por su ausencia y donde la prevención real ha sido sustituida por la lógica del “apagar fuegos y pasar página”.
La Xunta, presidida por Alfonso Rueda, ha profundizado en este modelo heredado de Feijóo y lo ha blindado institucionalmente: con presupuestos que recortan en prevención, con normativas que facilitan la expansión de plantaciones privadas sin control, y con la absoluta ausencia de políticas públicas que fijen población en el rural o apoyen al monte vecinal como estructura colectiva de gestión.
El resultado está a la vista: miles de hectáreas arrasadas, pueblos enteros cercados por las llamas, y una ciudadanía indefensa ante un poder autonómico más preocupado por las cifras del IBEX que por los mapas de riesgo.
La ciudadanía reacciona mientras la Xunta se esconde
La manifestación del domingo en Santiago fue un grito coral. No solo contra los incendios, sino contra la estructura que los permite y los reproduce. Bajo la consigna “por un monte galego con futuro”, miles de personas denunciaron que Galicia no puede seguir siendo un polvorín estival al servicio de intereses económicos.
Se reclamaron medidas claras: diversificación forestal, apoyo al minifundio, políticas activas contra el abandono rural, recuperación de usos sostenibles del monte y una apuesta firme por la prevención estructural. Ninguna de esas demandas ha sido escuchada por un gobierno autonómico que ni siquiera ha mostrado intención de reunirse con las plataformas vecinales ni de dar explicaciones públicas tras los incendios de agosto.
Los cánticos contra Rueda y contra el PP fueron tan directos como merecidos, porque la ciudadanía ya no acepta la retórica vacía. Sabe que hay alternativas y sabe también que quienes gobiernan Galicia no las quieren aplicar porque supondría romper con un modelo económico clientelar, privatizado y depredador.
No es el fuego es la política
Cada verano Galicia se quema, pero no por fatalismo climático sino por la desidia política de un gobierno que ha hecho del monte un negocio y de la catástrofe un ciclo asumido. El PP gallego, con Rueda al frente, no solo ha ignorado las señales durante años: ha legislado para que todo siga igual.
Ni el clima ni los pirómanos tienen la culpa de que el 90 por ciento del presupuesto se destine a extinción y no a prevención, o de que los montes se sigan plantando con especies invasoras mientras se recorta en personal y recursos para la gestión comunitaria.
Las voces que tomaron Santiago este domingo representan a una Galicia que no se resigna, que defiende su territorio, sus aldeas y su futuro frente a un poder autonómico que solo ve en el rural una estadística electoral o un espacio a rentabilizar.
Mientras la Xunta sigue mirando hacia otro lado, es la ciudadanía quien vuelve a recordar que los incendios no son solo fuego. Son un síntoma de abandono, una consecuencia del negocio forestal y una prueba más de que, en Galicia, la política del PP arde tanto como el monte que no protege.