Alberto Núñez Feijóo ha incluido en su programa electoral para el 29 de noviembre una propuesta que afecta directamente a la presencia del gallego en las instituciones del Estado. El presidente del Partido Popular pretende modificar el Reglamento del Congreso de los Diputados para eliminar el uso de las lenguas cooficiales en los debates parlamentarios y establecer el castellano como lengua común de trabajo.
La decisión tiene una especial trascendencia política por la trayectoria del propio Feijóo, que presidió la Xunta de Galicia entre 2009 y 2022. Durante trece años estuvo al frente de una comunidad con dos lenguas oficiales y participó en actos institucionales en gallego. Su propuesta electoral plantea, sin embargo, retirar a esa lengua el espacio que adquirió en el Congreso con la reforma reglamentaria de 2023. El programa popular establece que los debates parlamentarios deberán desarrollarse en castellano y reserva al Senado la posibilidad de utilizar las lenguas cooficiales, de acuerdo con las condiciones previstas en su reglamento.
La consecuencia sería que los diputados gallegos, catalanes y vascos dejarían de poder intervenir en sus respectivas lenguas en los debates del Congreso, una posibilidad que forma parte del funcionamiento de la Cámara desde la reforma aprobada durante la pasada legislatura.
El PP justifica la iniciativa apelando al castellano como lengua compartida por todos los españoles. Sus críticos, por el contrario, pueden cuestionar que esa condición de lengua común exija excluir las demás lenguas oficiales de una institución que representa al conjunto de la ciudadanía.
Del gallego institucional a su exclusión del Congreso
La contradicción política que plantea la propuesta resulta especialmente relevante en el caso de Feijóo. Como presidente de la Xunta, ejerció sus responsabilidades dentro de un marco estatutario que reconoce el gallego como lengua propia de Galicia y establece su cooficialidad con el castellano. La Constitución española reconoce el castellano como lengua oficial del Estado y dispone que las demás lenguas españolas también serán oficiales en sus respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos.
Ese reconocimiento no implica por sí mismo un derecho constitucional ilimitado a utilizar cualquier lengua cooficial en todos los órganos estatales. Su presencia en el Congreso depende de las normas parlamentarias, precisamente las que el Partido Popular pretende modificar.
Pero la posibilidad jurídica de restringir ese uso no elimina el debate político sobre su conveniencia. El Congreso es la cámara de representación de la ciudadanía española, incluida la que vive en territorios con lenguas oficiales distintas del castellano.
La reforma de 2023 permitió que esas lenguas fueran utilizadas en los debates parlamentarios mediante servicios de interpretación y traducción. El PP votó en contra y ha mantenido su oposición a aquella modificación. La iniciativa anunciada por Feijóo recupera esa posición y la convierte en un compromiso electoral expreso.
También conecta con las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo, número dos de la candidatura popular por Madrid, que había anunciado su intención de acabar con los denominados «pinganillos», al considerar que su utilización contribuye a dividir a los españoles.
La polémica no se limita a unos dispositivos de traducción. Afecta al significado institucional que se atribuye a la diversidad lingüística y a la decisión de permitir o impedir su expresión en los debates de la principal cámara legislativa.
Una concepción del castellano como lengua de trabajo
El programa del Partido Popular extiende su planteamiento más allá del Congreso. También propone que el castellano sea la lengua de trabajo en los órganos de máximo nivel de cooperación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. La medida afectaría a espacios de relación institucional en los que participan representantes de territorios con lenguas cooficiales.
El PP sostiene que el castellano es la lengua común de todos los españoles y recuerda que la Constitución establece tanto el deber de conocerla como el derecho a utilizarla.
Asimismo, promete garantizar la enseñanza en castellano en todas las etapas educativas y en todo el territorio nacional. En las comunidades con cooficialidad lingüística, plantea que las administraciones puedan dirigirse a los ciudadanos en cualquiera de las dos lenguas, según la elección de estos.
Estas propuestas forman parte de una orientación política que concede al castellano una posición preferente en determinados ámbitos institucionales del Estado.
La cuestión de fondo es si garantizar el uso del castellano requiere reducir la presencia pública de otras lenguas que también forman parte del patrimonio cultural y constitucional español.
En el caso de Galicia, el debate adquiere una dimensión particular porque quien impulsa la reforma conoce directamente el funcionamiento de una administración autonómica bilingüe y la importancia que el gallego tiene en la vida institucional de la comunidad.
La propuesta no supone prohibir el gallego con carácter general ni modificar su condición de lengua oficial en Galicia. Su alcance concreto sería eliminar su utilización en los debates del Congreso, junto con el catalán y el euskera.
Esa precisión no resta importancia a la decisión. Supone revisar un reconocimiento parlamentario relativamente reciente y devolver las lenguas cooficiales a un ámbito de uso más restringido dentro de las Cortes Generales.
Otras reformas del funcionamiento parlamentario
El programa electoral del PP incluye también modificaciones destinadas a alterar los procedimientos de trabajo del Congreso y del Senado.
Entre ellas figura la limitación de las prórrogas de los plazos de presentación de enmiendas, con el objetivo declarado de evitar bloqueos en la tramitación de las leyes. El partido propone igualmente impedir las enmiendas que no guarden relación con el objeto de una norma y establecer plazos máximos para tramitar las proposiciones legislativas remitidas desde el Senado.
Feijóo se compromete además a reservar los decretos leyes para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, así como a limitar los procedimientos parlamentarios excepcionales que reducen los tiempos de debate. En materia de control al Ejecutivo, el PP plantea reforzar las obligaciones de comparecencia de los miembros del Gobierno y establecer consecuencias parlamentarias ante las ausencias injustificadas.
El programa contempla también la celebración anual del debate sobre el estado de la nación, la creación de un Registro Nacional de Lobbies público y obligatorio y una reforma de la Ley de Secretos Oficiales de 1968 para establecer plazos de desclasificación y mecanismos de control judicial.
Son compromisos que afectan a ámbitos diferentes del funcionamiento democrático y cuya aplicación dependería de las mayorías parlamentarias necesarias para aprobar las correspondientes reformas.
La modificación del régimen lingüístico del Congreso, sin embargo, destaca por su repercusión territorial y por la relación que mantiene con uno de los debates más persistentes de la política española, el lugar que deben ocupar las distintas lenguas oficiales en las instituciones comunes del Estado.
Feijóo defiende que el castellano debe recuperar su condición de lengua de trabajo en el Congreso. Su propuesta deja abierta una pregunta que adquiere especial significado en Galicia: por qué una lengua que puede utilizarse para gobernar una comunidad autónoma no debería tener también presencia en la cámara que representa a sus ciudadanos.
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