Feijóo vuelve contra la Ley de Vivienda y el PP bloquea su aplicación en las autonomías

Feijóo vuelve contra la Ley de Vivienda mientras el PP bloquea su aplicación en las autonomías. Alberto Núñez Feijóo vuelve a colocar la derogación de la Ley de Vivienda entre las prioridades parlamentarias del PP. La misma norma cuyos principales instrumentos se han resistido a aplicar buena parte de las comunidades autónomas gobernadas por los populares será presentada de nuevo como responsable de los problemas de acceso a una vivienda en España.

El PP llevará al Pleno del Congreso una moción para reclamar al Gobierno la eliminación de la ley aprobada en 2023, a la que atribuye "efectos negativos" sobre el mercado inmobiliario. La iniciativa recupera prácticamente una batalla que los populares ya llevaron a la Cámara hace un año y que consiguieron sacar adelante con los votos de Vox, Junts y UPN.

Aquella votación no obligó al Ejecutivo a derogar la norma. El PP pretende reconstruir esa mayoría parlamentaria y volver a situar la vivienda en el centro de su ofensiva contra el Gobierno.

La propuesta tiene, sin embargo, una particularidad difícil de separar del debate. La política de vivienda está ampliamente descentralizada y varias de las comunidades gobernadas por el PP han rechazado utilizar mecanismos contemplados en la legislación estatal, especialmente la declaración de zonas de mercado residencial tensionado que permite adoptar medidas específicas allí donde el coste de la vivienda supone una presión extraordinaria para los hogares. Feijóo plantea así la supresión de una ley que sus propios gobiernos autonómicos han decidido no explotar en toda su extensión.

Derogar primero y construir después

La alternativa del PP vuelve a descansar fundamentalmente sobre el aumento de la oferta, la liberalización de suelo, la reducción de impuestos y la simplificación administrativa. Los populares reclaman una reforma de la Ley de Suelo para acelerar los procesos de urbanización y desarrollar terrenos destinados a vivienda, con especial atención a la promoción de vivienda asequible.

También proponen reducir del 10% al 4% el IVA para la compra de la primera vivienda nueva, ampliar hasta los 40 años los avales destinados a facilitar la adquisición por parte de los jóvenes y simplificar los procedimientos urbanísticos y la concesión de licencias.

Son medidas que pueden intervenir sobre algunos de los obstáculos existentes para incrementar la construcción, pero el planteamiento de Feijóo vuelve a concentrar buena parte de la respuesta en facilitar la compra y aumentar la oferta futura mientras deja prácticamente fuera el problema inmediato de quienes no pueden asumir los precios actuales del alquiler.

Construir vivienda requiere suelo, planificación urbanística, licencias, financiación y tiempo. El alquiler, mientras tanto, se paga todos los meses. Ese desfase constituye uno de los puntos débiles de una estrategia que presenta el aumento de la oferta como solución principal para una emergencia que ya está instalada en buena parte de las grandes ciudades y zonas turísticas españolas.

El PP también reclama que las personas que ocupen ilegalmente una vivienda puedan ser desalojadas en un plazo de entre 24 y 48 horas, incorporando nuevamente la ocupación al paquete de propuestas sobre vivienda.

La ocupación ilegal constituye un problema que requiere mecanismos judiciales eficaces y protección para los propietarios, pero su presencia constante en el discurso popular permite desplazar el foco desde el precio del alquiler y la falta de vivienda asequible hacia uno de los asuntos que mayor rendimiento político obtiene en el debate sobre seguridad y propiedad.

Feijóo carga contra una ley que sus gobiernos pueden decidir aplicar

La Ley de Vivienda permite que las comunidades autónomas soliciten la declaración de zonas de mercado residencial tensionado cuando concurren determinadas condiciones. Esa declaración abre la puerta a mecanismos destinados a contener los precios y a otras actuaciones específicas. El modelo territorial español deja precisamente en manos autonómicas una parte sustancial de las competencias de vivienda.

Eso coloca al PP ante una contradicción política difícil de ocultar. Feijóo responsabiliza al Gobierno central de una crisis cuya gestión depende también de ejecutivos autonómicos y municipales, muchos de ellos dirigidos por su propio partido.

Madrid, Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana y otras autonomías gobernadas por los populares disponen de competencias relevantes en suelo, urbanismo, vivienda protegida y políticas residenciales.

La discusión, por tanto, no puede reducirse a decidir si una ley estatal funciona o fracasa. También obliga a analizar qué hacen las administraciones responsables de aplicarla y qué políticas alternativas desarrollan allí donde deciden no utilizarla.

El argumento del PP consiste en atribuir a la regulación una reducción de la oferta disponible y defender que una mayor intervención termina provocando la retirada de viviendas del mercado. Frente a esa tesis, la izquierda sostiene que dejar actuar exclusivamente al mercado no ha conseguido garantizar precios asumibles en las zonas donde la demanda supera ampliamente la oferta.

Ese es el debate real que queda escondido detrás de una palabra mucho más sencilla para la batalla parlamentaria, derogación. La vivienda se convierte otra vez en arma contra Sánchez

Feijóo ha encontrado en la vivienda uno de los terrenos sobre los que construir su oposición al Gobierno de Pedro Sánchez. El problema tiene una ventaja evidente para cualquier partido que aspire a desgastar al Ejecutivo. Es cotidiano, afecta especialmente a jóvenes y familias de rentas medias y bajas y se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales.

Pero también presenta un inconveniente para el PP. No puede presentarse indefinidamente como espectador de una crisis sobre la que gobierna desde numerosas comunidades autónomas, diputaciones y grandes ayuntamientos.

La vivienda protegida, la disponibilidad de suelo, la planificación urbana, las licencias y buena parte de las políticas públicas que determinan la oferta residencial pasan precisamente por esas administraciones. Por eso, derogar la ley puede ser una consigna política eficaz, pero resulta insuficiente como explicación de un problema acumulado durante décadas.

España arrastra un parque público de vivienda limitado, una construcción insuficiente en las zonas de mayor demanda, dificultades para acceder al alquiler, salarios que no han seguido el ritmo de los precios inmobiliarios y enormes diferencias territoriales. Ninguno de esos problemas comenzó con la Ley de Vivienda de 2023, y ninguno desaparecería automáticamente con su derogación.

Vox aprovecha el Pleno para recuperar sus rebajas fiscales

El primer Pleno ordinario del curso servirá también a Vox para presentar su propia batería económica. La formación de Santiago Abascal propondrá un tramo exento de IRPF para rentas inferiores a 22.000 euros, un tipo del 15% entre 22.000 y 70.000 euros de base liquidable y otro del 25% para las rentas superiores a esa cantidad. También plantea reducir los tipos en cuatro puntos por cada hijo.

Para los autónomos cuyos ingresos reales no alcancen el salario mínimo, Vox propone una bonificación opcional del 100% de la cuota de la Seguridad Social. Su moción incorpora además el aplazamiento del IVA hasta el cobro efectivo de las facturas y un IVA del 0% para productos básicos de alimentación, entre ellos carnes, pescados, aceites y pastas.

Vox reclama igualmente el tipo superreducido para pañales infantiles y geriátricos, biberones, leche de fórmula y determinados servicios de dependencia, además de establecer permanentemente un IVA del 4% para las facturas domésticas de electricidad, gas y agua.

El PP tendrá, sin embargo, su propia prueba parlamentaria con la vivienda. Feijóo puede conseguir nuevamente una mayoría para pedir que se derogue la ley. Mucho más difícil será demostrar que eliminarla resolvería por sí mismo una crisis que también se extiende por territorios donde su partido dispone de amplias competencias y gobierna desde hace años.