Alberto Núñez Feijóo ha recibido el nuevo informe PISA con el bolígrafo rojo preparado. España obtiene unos resultados pésimos, con retrocesos importantes en las principales competencias evaluadas, y el presidente del PP los ha convertido en «el primer claro suspenso» a la ley educativa del Gobierno, acompañado del anuncio de que corregirá sus errores si llega a La Moncloa y de un repertorio conocido en el que aparecen la cultura de la evaluación, la autoridad del profesor, el esfuerzo y, por supuesto, el adoctrinamiento.
El discurso tiene la contundencia de quien entra en el aula dispuesto a repartir notas, aunque PISA no examina la Lomloe ni atribuye a una ley educativa española el deterioro del aprendizaje. La OCDE describe un problema bastante más complejo en el que aparecen el profesorado disponible, los recursos de los centros, los hábitos de lectura, las pantallas, la motivación de los estudiantes, las desigualdades socioeconómicas y una caída del rendimiento que afecta también a numerosos países desarrollados.
España tiene motivos sobrados para preocuparse. Pierde 23 puntos en lectura respecto a 2022, 16 en matemáticas y ocho en ciencias y queda por debajo de la media de la OCDE en las tres materias. Cerca de un tercio de los estudiantes no alcanza los niveles mínimos en lectura y matemáticas y el porcentaje de alumnos excelentes continúa siendo reducido. El Gobierno cometería un error si utilizara el deterioro internacional como refugio porque los resultados españoles exigen explicaciones, una evaluación seria de las políticas aplicadas y cambios allí donde no estén funcionando.
Lo que no permite el informe es despachar un problema de esta dimensión cargando la responsabilidad sobre una sola ley y pasando mucho más deprisa por todo aquello que dice sobre profesorado, recursos, desigualdad, hábitos de lectura o utilización de las pantallas. Ese diagnóstico resulta bastante menos cómodo para convertirlo en munición contra Sánchez, pero se parece mucho más al que ofrece la OCDE.
Faltan profesores, pero sobra doctrina sobre el esfuerzo
Feijóo sostiene que preparar a los alumnos para la vida exige enseñarles que aprobar y suspender no son lo mismo y recuperar la cultura de la evaluación. La frase funciona bien en una visita escolar porque resulta difícil encontrar a alguien dispuesto a defender que aprender da exactamente igual, aunque tiene otra virtud política, ya que desplaza la discusión desde las condiciones materiales del sistema hacia un debate moral sobre la exigencia.
Los datos de PISA introducen algunas complicaciones. El 49% de los estudiantes españoles está escolarizado en centros cuyos directores consideran que la falta de profesorado perjudica la enseñanza, diez puntos por encima de la media de la OCDE. El porcentaje asciende al 72% cuando se pregunta por la falta de personal de apoyo, frente al 39% internacional. Un 26% estudia en centros donde la insuficiencia de material educativo obstaculiza el trabajo y un 44% lo hace en colegios e institutos donde las deficiencias de las infraestructuras afectan al aprendizaje.
La cultura del esfuerzo merece formar parte de cualquier política educativa seria, pero tiene algunas necesidades bastante prosaicas. Requiere profesores delante de los alumnos, especialistas cuando aparecen dificultades, orientadores, bibliotecas, laboratorios, edificios adecuados y tiempo para atender a quienes empiezan a quedarse atrás. Exigir más a los estudiantes sale bastante barato desde un atril. Dotar correctamente las plantillas obliga a pasar por los presupuestos.
Ahí empieza a resultar interesante el propio expediente de Feijóo, porque antes de repartir suspensos desde la oposición gobernó Galicia durante trece años con plenas competencias educativas. Después viene el del partido que preside, responsable de la educación en varias de las principales comunidades españolas.
Feijóo también tuvo su oportunidad en las aulas
Cuando llegó a la Xunta en 2009, Feijóo prometió preservar la educación de los recortes derivados de la crisis económica. Su Gobierno eliminó poco después la gratuidad universal de los libros de texto implantada por el bipartito y la sustituyó por un sistema vinculado a la renta que restringía la gratuidad completa aproximadamente a una cuarta parte de las familias.
Tres de cada cuatro hogares que hasta entonces disponían de libros gratuitos tuvieron que asumir total o parcialmente su coste. La Xunta defendió que el nuevo modelo resultaba más justo y solidario y el PP llegó a calificar de populista el sistema universal anterior.
El recuerdo adquiere cierta oportunidad en el comienzo de un curso en el que Feijóo lamenta que equipar a un alumno cueste más de 500 euros y denuncia que las familias tengan que desembolsar alrededor de cien euros más que cuatro años atrás. El precio del material escolar preocupa mucho al Feijóo de la oposición, aunque la gratuidad universal de los libros no despertó el mismo entusiasmo en el Feijóo que podía mantenerla desde el Gobierno. La memoria política tiene esas pequeñas descortesías.
El profesorado proporciona otro antecedente bastante menos anecdótico. En 2013, los datos del Ministerio de Educación reflejaban que Galicia había perdido 837 docentes respecto al curso 2008-2009. Si se atendía específicamente a infantil, primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional y educación especial, las comparaciones realizadas entonces situaban la reducción por encima del millar de profesionales.
La política de austeridad afectó también a otras áreas del sistema educativo gallego y provocó durante aquellos años un largo enfrentamiento con sindicatos y comunidad docente. La Xunta defendía que mantenía ratios adecuadas y que los ajustes no deterioraban la calidad de la enseñanza, mientras profesores y organizaciones sindicales denunciaban reducción de plantillas, incremento de carga lectiva y pérdida de recursos.
Aquellas decisiones se adoptaron en un contexto económico extraordinariamente difícil y no tendría sentido atribuirles mecánicamente los resultados educativos de 2026. Sí sirven para recordar algo bastante más elemental. Feijóo conoce de primera mano la diferencia entre hablar de calidad educativa y pagarla, porque durante trece años tuvo que decidir en Galicia cuántos recursos destinaba a conseguirla.
Por eso chirría especialmente escucharle reducir el problema a los errores de la «ley sanchista». La educación española no comenzó con Pedro Sánchez, las competencias educativas no están concentradas en La Moncloa y el Partido Popular tampoco ha pasado las últimas décadas contemplando los colegios desde la verja.
El expediente del PP tampoco está en blanco
La mayor parte de la gestión cotidiana de la educación corresponde a las comunidades autónomas. Son sus gobiernos quienes organizan plantillas, gestionan centros, determinan buena parte de los recursos y aplican las políticas educativas estatales. El PP gobierna en varias de las autonomías más pobladas del país y su modelo también puede ser evaluado cuando Feijóo convierte PISA en un juicio político.
Madrid ofrece un ejemplo especialmente útil de la distancia que puede existir entre el discurso sobre la excelencia y los problemas bastante menos grandiosos del día a día.
El comienzo del curso ha estado acompañado de movilizaciones docentes relacionadas con salarios, plantillas, ratios y condiciones laborales, además del conflicto protagonizado por educadoras infantiles que denuncian desde hace meses cargas de trabajo y remuneraciones insuficientes. Los problemas de climatización han vuelto asimismo a los centros y se han registrado temperaturas cercanas a los 40 grados en algunos comedores escolares.
Isabel Díaz Ayuso ha anunciado un plan de 1.240 millones de euros para climatización, eficiencia energética y accesibilidad. La inversión será bienvenida en unos colegios donde estudiar o comer con temperaturas extremas constituye una manera particularmente castiza de comprobar hasta dónde puede llegar la cultura del esfuerzo.
Madrid representa además desde hace años uno de los modelos educativos preferidos por el PP, con un peso importante de la enseñanza concertada y privada y una política de becas que ha generado polémica por permitir que familias con ingresos elevados accedan a determinadas ayudas para estudiar en centros privados.
Nada de eso convierte a la escuela concertada o privada en responsable de PISA. La propia OCDE lleva tiempo advirtiendo de que buena parte de la ventaja estadística que presentan los centros privados disminuye cuando se corrige el efecto del origen socioeconómico de sus estudiantes.
Ese matiz debería resultar especialmente interesante para un partido que coloca el mérito en el centro de su discurso educativo. El esfuerzo individual importa muchísimo, pero el código postal, los ingresos familiares y el nivel educativo de los padres siguen teniendo una influencia que ninguna apelación a la voluntad personal consigue borrar.
PISA vuelve a mostrar esa brecha. Los alumnos españoles pertenecientes al 25% socioeconómicamente más favorecido superan en ciencias a los del 25% más desfavorecido en 71 puntos. La distancia es inferior a los 85 puntos de media de la OCDE, pero continúa representando una diferencia educativa enorme. La desigualdad también se examina, aunque no acostumbre a aparecer escrita en la pizarra cuando los partidos hablan de mérito.
Las pantallas merecen algo mejor que otra guerra política
La propuesta de Feijóo de plantear la eliminación de las pantallas individuales al menos hasta Secundaria merece, en cambio, una discusión seria. Desacreditarla por proceder del PP sería cometer precisamente uno de los vicios que han convertido cada reforma educativa española en una nueva trinchera.
Los resultados de PISA aportan razones para revisar cómo y cuánto se utilizan los dispositivos digitales en el aprendizaje. La OCDE relaciona parte de las dificultades detectadas con cambios en los hábitos de lectura y atención y constata una presencia cada vez mayor de herramientas digitales e inteligencia artificial en la vida académica de los adolescentes.
En España, el 54% de los estudiantes declara utilizar chatbots de inteligencia artificial para aprender al menos una vez por semana y el 40% los emplea para resumir textos. Al mismo tiempo, el país ha avanzado considerablemente en las restricciones de los teléfonos móviles en los colegios. El 86% de los estudiantes españoles acude a centros cuyos directores aseguran que el móvil está prohibido, frente al 49% de media de la OCDE.
Existe, por tanto, un debate pedagógico perfectamente legítimo sobre qué tecnología mejora realmente el aprendizaje, a qué edades debe introducirse y cuándo una herramienta concebida para ayudar termina perjudicando la atención, la concentración o el hábito lector. Gobierno y comunidades deberían poder abordarlo con evidencias y sin necesidad de colocar también una tableta a un lado u otro del hemiciclo.
Feijóo tiene argumentos para abrir esa discusión. Lo difícil es utilizar las pantallas como una pieza adicional de un relato en el que casi cualquier deterioro educativo acaba desembocando, por caminos sorprendentemente rectos, en Pedro Sánchez.
El adoctrinamiento nunca falta a clase
La referencia del presidente del PP a que la escuela debe enseñar a pensar con libertad «en lugar de utilizar las aulas para adoctrinar» devuelve su discurso a un terreno mucho más conocido.
El PP lleva años recurriendo al concepto de adoctrinamiento para combatir contenidos educativos relacionados con igualdad, diversidad, memoria democrática, educación afectivo-sexual o determinadas políticas lingüísticas. La palabra tiene una extraordinaria rentabilidad política porque permite colocar bajo sospecha contenidos o modelos educativos sin necesidad de demostrar que un profesor esté efectivamente imponiendo una doctrina a sus alumnos.
PISA tiene preocupaciones bastante menos partidistas. No mide cuánto sanchismo ha adquirido un adolescente a los quince años, sino su capacidad para comprender lo que lee, manejar conocimientos científicos y utilizar las matemáticas para resolver problemas. Sus resultados obligan a preguntarse por qué tantos estudiantes tienen dificultades para hacerlo, qué ha cambiado en sus hábitos, cómo están influyendo las pantallas, qué ocurre con las plantillas docentes, qué recursos necesitan los centros y hasta qué punto el origen familiar continúa determinando las oportunidades educativas.
Convertir ese diagnóstico en un suspenso a la «ley sanchista» produce un buen corte para las redes sociales, pero constituye una lectura sorprendentemente estrecha de un informe dedicado precisamente a medir la capacidad de interpretar información compleja.
El Gobierno tiene motivos de sobra para preocuparse y pocas excusas disponibles. España ha empeorado, los programas puestos en marcha no han logrado evitarlo y el Ministerio de Educación deberá explicar qué piensa modificar, cuánto va a invertir y cómo pretende recuperar especialmente la comprensión lectora y las matemáticas. Que otros países también retrocedan no mejora las notas españolas.
Feijóo puede exigir esas explicaciones y debería hacerlo. Lo que resulta bastante menos convincente es un reparto de responsabilidades donde el Gobierno central se lleva el suspenso completo y las comunidades autónomas desaparecen discretamente del boletín, pese a gestionar los centros y pese a que el PP lleva décadas decidiendo sobre plantillas, ratios, inversiones, becas e infraestructuras en buena parte del país.
El líder popular promete que, cuando llegue a La Moncloa, corregirá «todos los errores» de los que responsabiliza al Gobierno. Antes tendrá que convencer de que conoce la solución para un problema que atraviesa leyes, gobiernos, autonomías y décadas, incluido el largo periodo en que él mismo administró la educación gallega desde la Xunta. Feijóo ha llegado con el boli rojo. Lo justo será que sobre la mesa estén todos los exámenes, también el suyo.
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