Después de más de dos décadas de parálisis normativa, el Sistema Nacional de Salud ha movido por fin una pieza estructural. El Ministerio de Sanidad y los sindicatos mayoritarios han cerrado un acuerdo para aprobar el anteproyecto del nuevo Estatuto Marco, la ley que regula las condiciones laborales de más de un millón de profesionales. No es una reforma menor ni un gesto político: es la actualización de una arquitectura laboral que había quedado desalineada con la realidad del trabajo sanitario, con la organización asistencial y con la propia demografía de las plantillas.
El texto, que ahora inicia su tramitación gubernamental y parlamentaria, llega tras más de sesenta reuniones y tres años de negociación. Llega tarde, pero llega con consenso suficiente como para alterar inercias muy consolidadas. Y eso, en la sanidad pública, no es poca cosa.
De la excepción a la norma
El Estatuto vigente nació en 2003, cuando el SNS era otro: menos envejecido, menos tensionado, menos fragmentado. Desde entonces, el sistema ha sobrevivido a recortes, pandemias, transferencias autonómicas desiguales y una precarización sostenida del empleo. Lo extraordinario se volvió cotidiano: jornadas interminables, interinidades eternas, procesos selectivos erráticos y una carrera profesional discontinua.
El nuevo texto intenta normalizar lo que llevaba años funcionando a base de parches. Limita las guardias a un máximo de 17 horas seguidas —salvo consentimiento voluntario—, fija una jornada semanal de 35 horas, reduce la carga máxima a 45 horas para quienes hacen guardias y reconoce, por primera vez de forma general, el derecho a la jubilación parcial y anticipada. No resuelve todos los excesos, pero acota el abuso.
También introduce un cambio relevante en los procesos de selección: oposiciones al menos cada dos años y resolución en un plazo máximo de 18 meses. Es una forma de combatir la interinidad crónica, uno de los grandes fallos estructurales del SNS, que ha funcionado durante años como si la estabilidad fuera un lujo y no una condición de calidad asistencial.
El salario pendiente
El acuerdo incluye un punto clave: la clasificación profesional y su traducción retributiva. No se fija aún un nuevo marco salarial, pero se abre una negociación paralela que deberá cerrarse antes de que termine la tramitación parlamentaria. Los sindicatos han condicionado su apoyo a ese compromiso, conscientes de que sin mejora salarial la reforma quedaría coja.
La estructura actual es un fósil administrativo: categorías mal alineadas con la formación real, responsabilidades que no se pagan y especializaciones que no cuentan. El nuevo modelo promete ordenar ese mapa, aunque la palabra decisiva —presupuesto— depende de Hacienda. Y ahí empieza otra negociación, menos visible y más política.
El desacuerdo médico
El acuerdo no incluye a los sindicatos médicos, que mantienen su reivindicación de un Estatuto propio y han convocado una huelga intermitente. Sanidad da por cerrada la fase de diálogo y remite el conflicto al Parlamento o a las comunidades autónomas. Es una decisión calculada: el Gobierno ha optado por avanzar con la mayoría y dejar el disenso encapsulado, en lugar de permitir que bloquee todo el proceso.
La tensión refleja un problema de fondo: el SNS sigue sin resolver cómo integrar de forma equilibrada a un colectivo con alta capacidad de presión y una identidad profesional muy marcada. El Estatuto reconoce un capítulo específico para el personal médico, pero no su autonomía normativa. Esa batalla queda abierta.
Un acuerdo político, no solo laboral
Más allá de su contenido técnico, el Estatuto Marco es una decisión política en el sentido fuerte del término: redefine el perímetro del trabajo público en sanidad, fija límites al desgaste y reconoce derechos que durante años se consideraron imposibles de financiar. También marca un contraste con las comunidades que han hecho de la externalización su política sanitaria de facto.
No es una revolución, pero sí una corrección de rumbo. Un intento de que la sanidad pública deje de sostenerse sobre la épica de los turnos imposibles y empiece a apoyarse en normas que protejan a quienes la hacen funcionar.
El texto aún puede cambiar en el Parlamento. Pero, por primera vez en 22 años, el sistema ha dejado de aplazar su propia reforma. Y eso, en un sector acostumbrado a sobrevivir en provisional, ya es una noticia estructural.