La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a abrazar la hipérbole y la confrontación directa para convertir la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en un arma de desgaste masivo contra la Moncloa. Sin embargo, en su afán por liderar la ofensiva mediática contra el sanchismo, la dirigente madrileña ha vuelto a tropezar con su propia falta de rigor técnico, exhibiendo una alarmante ignorancia sobre el funcionamiento del ordenamiento jurídico español al mezclar de forma negligente las competencias de los distintos órganos que componen la arquitectura del Estado.
En una comparecencia cargada de brocha gorda y retórica de trinchera, Ayuso ha sembrado sospechas infundadas sobre las instituciones judiciales y de representación legal. Específicamente, la líder popular ha afirmado, según el departamento de Comunicación de la CAM, que "sorprende que el Gobierno, lejos de querer investigar un asunto que era de conocimiento internacional, se ha dedicado en todo momento a taparlo, y espero que no utilice la Fiscalía, ni la Abogacía ni lo que hacen siempre para intentar encubrir la verdad". Con esta aseveración, Ayuso demuestra un flagrante desconocimiento del derecho procesal y administrativo, sugiriendo de manera temeraria que la Abogacía del Estado podría personarse para defender a Zapatero. Cualquiera con nociones básicas de derecho sabe que los letrados públicos defienden en exclusiva los intereses de la Administración del Estado, siendo legalmente imposible que asuman la defensa de un expresidente investigado por actividades privadas y presuntos delitos de organización criminal o tráfico de influencias, un error de bulto que deslegitima el armazón institucional de su discurso.
Lejos de ceñirse a los datos objetivos de la instrucción de la Audiencia Nacional, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha preferido priorizar el espectáculo mediático, utilizando el auto judicial para alimentar su particular cruzada contra lo que denomina la deriva populista del Ejecutivo. En este sentido, la líder madrileña ha cargado contra la argumentación del PSOE, que enmarca la causa en una persecución de la derecha, exclamando de forma irónica: "Me parece increíble que también hayamos escuchado lo del no pararán. ¿Qué pasa, que también los jueces son fachas, todo el mundo es facha, hay lawfare, España no es un Estado de derecho, o es lo que pretenden que no sea? Cuestionar el trabajo que están realizando la Justicia me parece terrible y propio de un Gobierno populista".
Esta sobreactuación discursiva busca forzar un marco de crisis política permanente que sobrepasa los cauces de la prudencia política que se le presupone a un cargo institucional. En lugar de respetar los tiempos de un procedimiento que se encuentra bajo instrucción, la presidenta regional ha optado por ejercer de jueza y parte en la esfera pública, sentenciando de forma anticipada que "esto es un escándalo internacional que vuelve a situar a este Gobierno y todo lo que le rodea en el epicentro de los escándalos y de un desprestigio tremendo". Con este movimiento, Ayuso demuestra una vez más que prefiere el impacto de un titular efectista y la agitación política antes que la precisión jurídica.