La condena de Víctor de Aldama y la decisión judicial de aplicarle la atenuante por colaboración con la Justicia han provocado un rápido cambio de tono en el Partido Popular. Si durante meses el empresario ocupó un lugar central en la ofensiva política contra el Gobierno, ahora Génova insiste en que se trata simplemente de "un delincuente" con el que no mantiene ninguna relación.
La afirmación de Jaime de los Santos responde a una lógica jurídica comprensible. Aldama ha sido condenado y el Código Penal contempla beneficios para quienes colaboran eficazmente con la investigación. Cuestionar la aplicación de esa norma supondría cuestionar el propio funcionamiento del sistema penal. Sin embargo, el debate político va mucho más allá de la sentencia.
Durante meses, las manifestaciones de Aldama fueron utilizadas como argumento político por numerosos dirigentes del PP para sostener acusaciones de enorme gravedad contra el Ejecutivo. Sus declaraciones fueron presentadas en muchas ocasiones como un elemento de enorme credibilidad cuando afectaban al PSOE. Ahora, tras su condena, el mismo protagonista pasa a ser definido únicamente como un delincuente del que conviene alejarse cuanto antes.
Ese cambio de criterio resulta difícil de explicar desde la coherencia política. Si una persona carece de credibilidad por haber cometido delitos, esa consideración debería mantenerse con independencia de quién resulte perjudicado por sus declaraciones. Y si sus testimonios son relevantes porque aportan pruebas o colaboran con la Justicia, tampoco dejan de serlo por el hecho de haber sido condenado. Lo contrario transmite la sensación de que la credibilidad depende del interés político de cada momento.
La respuesta del PP también busca devolver el foco sobre el PSOE recordando que Aldama mantenía relación con José Luis Ábalos y con distintos responsables del anterior entorno del Ministerio de Transportes. Es un argumento legítimo en el terreno político. Lo que resulta más complejo es sostener que nunca existió ninguna utilización partidista de un personaje cuya figura ocupó durante meses titulares, ruedas de prensa y sesiones parlamentarias impulsadas precisamente por la oposición.
A ello se suma otro elemento que vuelve a aparecer en el debate público. Jaime de los Santos ha defendido que el Partido Popular respeta siempre las resoluciones judiciales y ha recordado que quien haya cometido delitos deberá responder ante los tribunales, también en el caso de la operación Kitchen. Esa apelación al respeto institucional adquiere mayor fuerza cuando se aplica con la misma intensidad a todas las investigaciones, afecten al partido que afecten.
La política democrática necesita firmeza frente a la corrupción, pero también necesita consistencia en los principios. La exigencia de responsabilidades pierde fuerza cuando se convierte en un instrumento selectivo. España conoce demasiado bien las consecuencias de décadas de corrupción repartidas entre distintas formaciones políticas como para seguir alimentando una confrontación basada únicamente en señalar la corrupción ajena e ignorar la propia.
La lucha contra la corrupción no debería depender del color del partido implicado ni de la utilidad electoral de cada procedimiento judicial. La credibilidad de las instituciones también se construye desde la igualdad de criterio, porque la ciudadanía no solo observa las sentencias. También observa quién cambia de discurso cuando cambian las circunstancias.