La política española ha escenificado esta semana una fractura profunda en el concepto de protección social y mercado. En una sesión de alto voltaje parlamentario, la Cámara Baja ha dibujado una realidad de contrastes donde, mientras se garantiza la revalorización de las pensiones para 2026, se desmoronan los pilares del escudo social y el control de precios en situaciones de catástrofe. La aritmética parlamentaria, marcada por el bloque formado por el PP, Vox y Junts, ha vuelto a imponerse sobre la agenda legislativa del Gobierno, dejando en el aire medidas que afectan directamente a la cotidianidad de miles de ciudadanos en situación de vulnerabilidad.
Por segunda vez en un mes, la mayoría conservadora y el independentismo catalán de derechas han derogado el decreto ley que prorrogaba la suspensión de los desahucios para familias vulnerables. El argumento esgrimido por los detractores de la norma se ha mantenido firme al considerar que la moratoria no actúa como una red de seguridad, sino como una herramienta que fomenta la "okupación". Esta decisión conlleva consecuencias inmediatas que trascienden el ámbito de la vivienda, ya que supone el fin de la prohibición de cortar el agua, la luz o el gas a colectivos en riesgo de exclusión, además de eliminar ayudas fiscales para la compra de vehículos eléctricos y apoyos específicos para los afectados por la DANA e incendios forestales. En el plano laboral, la derogación implica que decae la prohibición de despido en empresas con ayudas públicas y se reactiva la obligación de presentar la declaración de la renta para los perceptores de subsidios por desempleo.
En medio de este bloqueo estructural, las pensiones públicas han logrado emerger como un oasis de acuerdo parlamentario. Con el único rechazo de Vox, el Congreso ha convalidado una subida generalizada del 2,7% para el año 2026, un incremento que busca blindar el poder adquisitivo de los mayores frente a la inflación y que alcanza el 11,4% en el caso de las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital. La ministra Elma Saiz defendió la medida como un acto de justicia y dignidad que fortalece la Seguridad Social para las generaciones venideras, permitiendo además que sectores estratégicos como los médicos de atención primaria y pediatras puedan compatibilizar su labor con el cobro de la prestación.
Sin embargo, la tensión regresó al pleno con el rechazo al decreto ley que pretendía topar los precios de servicios esenciales en situaciones de emergencia. La norma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales para evitar que grandes empresas hicieran caja durante tragedias naturales, chocó frontalmente con la visión de la oposición. Mientras el PP criticó la "vía libre" del Gobierno para intervenir precios de forma arbitraria y Junts calificó la medida de "temeraria" por limitar los derechos del mercado, los socios habituales del Ejecutivo recordaron episodios críticos como el encarecimiento de vuelos durante incendios o la subida de alquileres tras la erupción del volcán de La Palma. El resultado final deja a España encarando 2026 con un sistema de jubilación reforzado, pero con una red de seguridad habitacional y de consumo significativamente debilitada.