La justicia especializada en violencia contra las mujeres ha funcionado durante años al límite. Plantillas mínimas, juzgados saturados y procedimientos retrasados hasta el punto de poner en riesgo la protección de las víctimas. En este contexto, el anuncio del ministro Félix Bolaños de incorporar 50 jueces especializados antes de fin de año supone una respuesta institucional que era urgente. No es un gesto político ni una foto: es dotación técnica para un sistema judicial que no podía seguir funcionando así.
La medida incrementará casi en un 50% el número de magistrados dedicados en exclusiva a estos casos. El Ministerio prevé que 8 nuevas plazas se pongan en marcha de forma inmediata y 42 más en diciembre, reforzando los juzgados que el Consejo General del Poder Judicial ha señalado como prioritarios. Castilla-La Mancha, por ejemplo, con la menor ratio de jueces por habitante, verá ampliadas plazas en Guadalajara, Ciudad Real y Toledo.
Un compromiso internacional postergado once años
El refuerzo no es solo un dato administrativo. Supone cumplir, una década después, con el Convenio de Estambul de 2014, que España ratificó con retraso y que exige dotaciones reales, no solo leyes, para atender a las víctimas. La ampliación de competencias de estos tribunales –independientemente de que el agresor sea pareja o no– aumentará su carga de trabajo en torno a un 12%, según estudios del CGPJ. Sin más jueces, esa ampliación habría sido inviable. Ahora, al menos, se evita agravar la saturación.
El Gobierno subraya que este refuerzo es “seña de identidad” de su política. La expresión importa menos que el resultado: si el sistema judicial no se adecúa a la dimensión real del problema, los protocolos, las pulseras y las leyes quedan en papel mojado.
Lo que significa para las víctimas y para la justicia
Los juzgados de violencia sobre la mujer son la primera línea de protección para miles de víctimas. Cada retraso, cada falta de medios, se traduce en órdenes de alejamiento tardías, en medidas cautelares insuficientes o en procesos eternos que desaniman a denunciar. Por eso este refuerzo no es una concesión, sino una obligación.
El reto no termina aquí. La especialización judicial necesita formación continua, equipos multidisciplinares y recursos sociales vinculados a cada procedimiento. Sin esa red, cincuenta jueces más pueden mejorar la capacidad de respuesta, pero no resolver el problema estructural. Sin embargo, la diferencia es clara: con más magistrados, hay margen para que el sistema actúe con la rapidez y el rigor que la violencia machista exige.
Un punto de inflexión, no un final
Este refuerzo no corrige el pasado, pero sí abre la puerta a una justicia más acorde con el compromiso social y legal que España dice tener con las víctimas. Los datos son inapelables: más de 1.200 mujeres asesinadas desde 2003, decenas de miles de denuncias anuales y un contexto de desigualdad judicial territorial que afecta directamente a la protección.
Por primera vez en años, el incremento de plazas es proporcional a la dimensión del problema. No hay épica ni soluciones mágicas. Hay más jueces para lo que nunca debió estar desbordado. Y eso, en un país donde se legisla mucho y se dota poco, ya es un cambio sustancial.