La escalada del precio de los combustibles provocada por la guerra en Irán ha vuelto a poner a prueba la capacidad de reacción de las administraciones públicas. El impacto es inmediato: llenar el depósito cuesta más, transportar mercancías es más caro, y miles de autónomos ven cómo sus márgenes se estrechan hasta niveles críticos. En este contexto, la respuesta institucional debería ser rápida, concreta y orientada a proteger a quienes sostienen la economía real. Sin embargo, el mapa autonómico revela una realidad desigual, y en el caso de la Comunidad de Madrid, preocupante.
A fecha de marzo de 2026, la mayoría de comunidades autónomas aún no han desplegado planes completos de ayudas específicas, pero algunas ya han dado pasos claros. Euskadi ha activado un potente escudo industrial de más de mil millones de euros para sostener a sus empresas. Asturias ha aprobado una línea de avales destinada a facilitar liquidez a pymes y autónomos afectados por el encarecimiento energético. Incluso regiones como Murcia han anunciado paquetes de medidas fiscales y financieras, aunque todavía pendientes de formalización.
Madrid, sin embargo, no aparece en ese grupo.
La Comunidad de Madrid no ha aprobado ni anunciado ninguna ayuda autonómica específica destinada a compensar el aumento del precio de los combustibles derivado del conflicto en Oriente Medio. Ni cheques energéticos regionales, ni bonificaciones propias, ni líneas de apoyo directo a autónomos o sectores especialmente afectados como el transporte o la logística. Nada.
Lo que sí ha hecho su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, es exigir al Gobierno central que baje el IVA de la luz, el gas y los combustibles. Una petición legítima en el debate fiscal, pero que en ningún caso sustituye la acción de gobierno autonómico. Porque gobernar no es solo reclamar, es actuar.
El contraste es evidente. Mientras otras comunidades, con menor músculo económico que Madrid, han empezado a desplegar herramientas para amortiguar el golpe, el Ejecutivo madrileño opta por mirar hacia Moncloa. Y lo hace además en un tono que ya es habitual: el de la confrontación constante con Pedro Sánchez.
Pero la política no puede reducirse a una disputa permanente. Menos aún cuando hay miles de autónomos que dependen del coche para trabajar, transportistas que ven cómo sus costes se disparan o familias que tienen que elegir entre llenar el depósito o ajustar aún más su presupuesto mensual. A todos ellos no les sirve un titular contra Sánchez. Les sirve una ayuda concreta.
Y esa ayuda, en Madrid, no llega.
Resulta difícil entender esta inacción en una comunidad que presume de liderazgo económico. Madrid concentra una parte fundamental del tejido empresarial del país, cuenta con recursos y capacidad administrativa suficientes, y ha demostrado en otras ocasiones rapidez para activar determinadas políticas. Sin embargo, ante una crisis que afecta directamente a la economía cotidiana, la respuesta ha sido inexistente.
Peor aún: mientras el impacto de la subida de los combustibles se deja sentir en la calle, la presidenta madrileña se encontraba en Nueva York promocionando proyectos e intentando atraer inversión extranjera. Una agenda que puede tener sentido estratégico, pero que resulta difícil de justificar si no va acompañada de medidas inmediatas para quienes ya viven y trabajan en la región.
Porque la pregunta es inevitable: ¿de qué sirve atraer capital si no se protege a quienes sostienen la actividad económica diaria?
El problema no es solo la ausencia de medidas, sino el enfoque político. La estrategia de confrontación permanente con el Gobierno central puede generar rédito mediático, pero no resuelve problemas concretos. Convertir cada crisis en un argumento contra Sánchez puede ser eficaz en términos de discurso, pero es estéril en términos de gestión.
Y eso tiene consecuencias.
Mientras otras comunidades empiezan a articular respuestas —más o menos ambiciosas—, Madrid corre el riesgo de quedarse atrás en la protección de su propio tejido productivo. Autónomos, pequeñas empresas y sectores dependientes del transporte están afrontando el incremento de costes sin respaldo autonómico específico. En una economía tan sensible a la movilidad como la madrileña, esto no es un detalle menor.
Además, hay un elemento de coherencia política que no se puede ignorar. Si el discurso del Gobierno madrileño se basa en la defensa del emprendimiento, la libertad económica y el apoyo a las empresas, lo mínimo exigible es que esas palabras se traduzcan en medidas cuando las condiciones empeoran. De lo contrario, el discurso pierde credibilidad.
La historia reciente demuestra que las comunidades autónomas tienen margen de actuación en situaciones de crisis. Pueden activar ayudas directas, bonificaciones fiscales, líneas de crédito o programas específicos para sectores afectados. No hacerlo no es una limitación técnica: es una decisión política.
Y en este caso, la decisión parece clara: priorizar el enfrentamiento político sobre la intervención económica.
Esto no significa que el Gobierno central deba quedar exento de responsabilidad. La gestión de una crisis energética de este tipo requiere coordinación estatal y medidas de alcance nacional. Pero esa realidad no exonera a las comunidades autónomas de actuar dentro de sus competencias. Al contrario, exige una respuesta complementaria.
En Madrid, esa respuesta no existe.
El resultado es un vacío. Un vacío que se llena con declaraciones, con exigencias al Gobierno central y con un discurso reiterado contra Sánchez, pero no con soluciones para los ciudadanos. Y en política, los vacíos no son neutros: los pagan quienes más dependen de decisiones rápidas.
La crisis de los combustibles es, en esencia, una prueba de gestión. Una prueba que mide la capacidad de un gobierno para responder a problemas reales más allá del discurso. En este caso, la Comunidad de Madrid no está a la altura de lo que cabría esperar de una de las regiones más potentes de España.
Porque gobernar no es solo señalar culpables. Gobernar es asumir responsabilidades. Y hoy, mientras el precio del combustible sigue presionando a autónomos, empresas y familias, la Comunidad de Madrid parece haber decidido que su papel es mirar hacia otro lado… y señalar hacia Moncloa.