La política española atraviesa uno de esos momentos en los que la realidad parlamentaria resulta mucho más sólida que los relatos que intentan sustituirla. Mientras el Partido Popular intensifica la presión sobre los socios del Gobierno para forzar un adelanto electoral, el Ejecutivo insiste en trasladar una idea que considera esencial, que la mayoría de investidura sigue existiendo y el diálogo con los grupos que la sostienen continúa abierto.
Las declaraciones de la ministra portavoz, Elma Saiz, reflejan precisamente esa estrategia. Frente a quienes dan por amortizada la legislatura cada semana, el Gobierno responde reivindicando la normalidad de sus relaciones con Junts, PNV y el resto de fuerzas que hicieron posible la investidura de Pedro Sánchez. Una normalidad compleja, llena de discrepancias y negociaciones, pero que sigue funcionando dentro de los parámetros habituales de cualquier sistema parlamentario fragmentado.
La cuestión relevante no es si existen tensiones entre los socios, porque las hay y son evidentes. La cuestión es si esas tensiones han desembocado en una mayoría alternativa. Y, por el momento, la respuesta sigue siendo negativa.
Es precisamente ahí donde aparece una de las mayores dificultades estratégicas para Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP necesita que Junts y el PNV rompan con Sánchez para que su proyecto político resulte viable a corto plazo. Sin embargo, esa necesidad choca con años de confrontación política con ambas formaciones y con una narrativa que ha presentado reiteradamente sus acuerdos con el Gobierno como una amenaza para la igualdad territorial o para la propia estabilidad institucional.
Los mismos partidos cuyos apoyos eran presentados como inaceptables cuando respaldaban al Ejecutivo son ahora considerados interlocutores imprescindibles cuando se trata de explorar una posible alternativa.
La política tiene derecho a la rectificación, pero no suele llevar bien las contradicciones demasiado evidentes.
Por eso las palabras de Elma Saiz apuntan a una cuestión que molesta al Partido Popular. No basta con reclamar elecciones anticipadas o denunciar la situación política actual. También es necesario explicar qué proyecto alternativo existe y con qué aliados estaría dispuesto a gobernar.
La experiencia de los últimos años demuestra que la política española ya no se articula en torno a mayorías absolutas. Los acuerdos, las negociaciones y los pactos forman parte del funcionamiento ordinario del sistema. Lo sabe el PSOE y también lo sabe el PP. La diferencia es que los socialistas han aceptado esa realidad como punto de partida, mientras los populares continúan oscilando entre la crítica a los acuerdos de Sánchez y la necesidad de alcanzar acuerdos similares para llegar al poder.
En este contexto, el Gobierno intenta proyectar una imagen de estabilidad basada en los datos económicos, la evolución del empleo y la continuidad de la legislatura. No significa que ignore las dificultades políticas que atraviesa ni las investigaciones que afectan al entorno socialista. Significa que considera que la respuesta a esas dificultades debe producirse dentro del marco parlamentario existente y no mediante una convocatoria electoral impulsada por la presión de la oposición.
La fortaleza de una mayoría no se mide por la ausencia de conflictos, sino por su capacidad para seguir operando a pesar de ellos. Y esa es la realidad que, de momento, sigue marcando la política española.
Mientras tanto, Feijóo continúa atrapado entre dos necesidades difíciles de conciliar. Debe mantener un discurso muy duro contra el Gobierno para satisfacer a su electorado y competir con Vox, pero al mismo tiempo necesita atraer a unos socios potenciales a los que lleva años cuestionando públicamente. Esa tensión explica buena parte de los movimientos políticos de las últimas semanas y ayuda a entender por qué, pese al ruido, las matemáticas parlamentarias continúan siendo el principal obstáculo para la estrategia del Partido Popular.