El nuevo proyecto de Reglamento de Viviendas de Protección Pública (VPP) impulsado por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha reabierto un debate de fondo sobre el modelo de vivienda en España, pero también sobre las prioridades políticas que lo sustentan. Las alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción no se limitan a cuestionar aspectos técnicos del texto, sino que dibujan una crítica estructural: la política de vivienda madrileña estaría diseñada más para alimentar el mercado inmobiliario que para garantizar el acceso a una vivienda digna.
El primer elemento que emerge del análisis es el procedimiento. Un periodo de alegaciones de apenas quince días, coincidente con Semana Santa, revela una tramitación acelerada que contrasta con la magnitud del problema que se pretende regular. La vivienda no es un asunto administrativo menor, sino uno de los ejes centrales de la desigualdad social contemporánea, especialmente en una región como Madrid, donde los precios han alcanzado niveles históricamente elevados.
En este contexto, el contenido del reglamento resulta aún más controvertido. Lejos de corregir distorsiones previas, las críticas apuntan a que consolida un modelo en el que las VPP pueden superar los 400.000 euros y ser accesibles para rentas cercanas a los 90.000 euros anuales. El concepto de vivienda protegida se desdibuja así hasta el punto de perder su función social, convirtiéndose en un instrumento híbrido entre política pública y mercado libre.
Uno de los aspectos más sensibles del debate es la introducción del requisito de diez años de empadronamiento para acceder a estas viviendas. Desde una perspectiva política, esta medida se sitúa en la intersección entre vivienda e identidad, y ha sido interpretada como un mecanismo de exclusión. La acusación de “racismo institucional” no es retórica: refleja la percepción de que determinadas políticas públicas pueden consolidar desigualdades estructurales bajo apariencia normativa.
Pero más allá de medidas concretas, el núcleo del conflicto reside en el modelo. Según las alegaciones, el Gobierno de Ayuso ha optado por una estrategia basada en la expansión urbanística y la desregulación, en lugar de abordar el problema desde la raíz. La vivienda se plantea como motor económico antes que como derecho social, lo que implica priorizar la construcción y la inversión frente a la accesibilidad y la equidad.
Esta lógica se hace especialmente visible en la continuidad de mecanismos que permiten la descalificación de las VPP tras quince años. En términos políticos, esto abre la puerta a la especulación: viviendas inicialmente protegidas que acaban integrándose en el mercado libre, generando beneficios privados a partir de recursos públicos. El resultado es una transferencia indirecta de valor desde el Estado hacia actores privados, en un contexto de creciente dificultad de acceso para amplios sectores de la población.
La crítica también alcanza al llamado Plan Vive, símbolo de la política de vivienda del Ejecutivo madrileño. Lejos de ser una solución, se presenta como parte del problema: un modelo que, según sus detractores, ha reforzado el papel de grandes tenedores y fondos de inversión. El debate ya no es solo cuántas viviendas se construyen, sino quién se beneficia de ellas y en qué condiciones.
Otro elemento relevante es la redefinición del propio concepto de vivienda social. La posibilidad de autorizar unidades de apenas 15 metros cuadrados destinadas a estudiantes internacionales introduce una lógica distinta, más cercana al mercado de alta rotación y rentabilidad que a la estabilidad residencial. Se produce así una fragmentación del modelo, donde distintos usos compiten por el mismo suelo bajo criterios económicos y no sociales.
A ello se suma la eliminación de normas técnicas sin una regulación alternativa clara, lo que plantea interrogantes sobre la calidad y sostenibilidad de las futuras promociones. En un contexto marcado por el cambio climático y la necesidad de eficiencia energética, la ausencia de estándares exigentes no es solo una cuestión técnica, sino una decisión política con impacto a largo plazo.
La Comunidad de Madrid no sufre un déficit absoluto de viviendas, sino un déficit de viviendas asequibles. Esta distinción es clave. Construir más no equivale necesariamente a facilitar el acceso, especialmente cuando los precios quedan fuera del alcance de la mayoría.