Los presidentes del Gobierno y el lawfare (II)

Antes de abordar el último y actual presidente hasta la fecha de la Democracia, Pedro Sánchez, y explicar ampliamente lo del término “lawfare” y sus consecuencias para la ciudadanía, quiero hacer un poquito de pedagogía sobre ese vocablo inglés para los que no saben muy bien su significado: “lawfare” viene de “IAW” (ley) y “WARFARE” (guerra), en español “guerra judicial”. Hoy en día describe la utilización abusiva o instrumentalización de la justicia (jueces, tribunales y procesos penales) para desacreditar, perseguir o inhabilitar a adversarios políticos. La RAE señala que, al ser un anglicismo, se recomienda usar en español expresiones equivalentes como “guerra jurídica”, “persecución judicial” o “judicialización de la política”.  

Pedro Sánchez Pérez-Castejón (2018 hasta la fecha, PSOE) es, obviamente, el actual presidente del Gobierno al que llegó mediante una moción de censura a su antecesor Mariano Rajoy Brey del Partido Popular y tras las elecciones generales del 2023 a base de fórmulas de coalición y acuerdos parlamentarios complejos.

Nació un 29 de febrero de 1972 (54 años) en Madrid y tiene dos hijas (Ainhoa y Carlota de 21 y 19 años) en común con su esposa Begoña Gómez. Es un economista presidente del Gobierno de España desde el 2 de junio de 2018 y reelegido dos veces, el 7 de enero de 2020 y nuevamente el 16 de noviembre de 2023. Es secretario general del PSOE desde 2017, cargo que ya había desempeñado entre 2014 y 2016. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por el Real Centro Universitario María Cristina de El Escorial y doctor en Economía y Empresa por la Universidad Camilo José Cela, su carrera política la comenzó como concejal en el Ayuntamiento de Madrid, entre 2004 y 2009. Luego fue diputado en el Congreso en la ix y x legislaturas. En 2014 sucedió a Alfredo Pérez Rubalcaba al frente de la secretaría general del PSOE, y en 2015 y 2016 fue el candidato propuesto por su partido a la presidencia del Gobierno. Su segundo mandato estuvo marcado por el confinamiento y la gestión de la pandemia de COVID-19, el incidente fronterizo entre España y Marruecos de 2021, la erupción volcánica de La Palma, el cambio histórico de la posición de España ante el conflicto del Sáhara Occidental, el apoyo militar a Ucrania tras la invasión rusa, la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, la ley trans, la reforma laboral, la Ley de Memoria Democrática, y la ley sobre Libertad Sexual. El 25 de noviembre de 2022 fue elegido presidente de la Internacional Socialista, sucediendo al griego Giórgos Papandréou.

Tras las elecciones generales de julio de 2023 y la posterior investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, el monarca encargó a Sánchez la conformación de un Gobierno. Fue reelegido presidente el 16 de noviembre de 2023 con 179 votos a favor, 12 más que en 2020, tras cerrar acuerdos de investidura con Sumar, ERC, Junts, EH  Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria. Su tercer gobierno se caracterizó por el crecimiento macroeconómico, la Ley de Amnistía, la inestabilidad parlamentaria y un aumento de la visibilidad diplomática internacional a raíz de su apoyo al Estado palestino y choques con el Gobierno de Donald Trump, así como el estallido de una serie de casos de corrupción. Además de español, Sánchez habla francés e inglés.

Ni que decir tiene, que Pedro Sánchez es el presidente del gobierno de España más “perseguido judicialmente”, el que está sufriendo más eso del “lawfare”, hasta el punto de haber imputado a su esposa y a su hermano, presumiblemente, sin ningún motivo ni razón que se sostenga, sobre todo la de su esposa por un juez que tiene, al parecer, a su señora trabajando para el PP y a una hija como concejala del mismo partido con sueldos que superan los 50.000 € anuales. Un tal Peinado (un “trefe” cualquiera) que hace justicia sin el más mínimo decoro y, evidentemente, sin despeinarse, un auténtico “carcamal” de la judicatura, que como la mayoría de ésta trata de que Pedro Sánchez se vaya antes de que se convoquen las próximas elecciones del 2027 a base de elucubraciones. A ningún presiente anterior se había acosado judicialmente al modo de traílla. Posiblemente, porque es el mejor que hemos tenido y el que más ha luchado por una España más progresista y menos “bandolera”, con una justicia, solamente, un poquito más justa y más acorde con los tiempos que corren. Lástima que esté “contradiciendo” a Antonio Machado cuando dijo eso de: “En política solo triunfa quien pone la vela donde sopla el aire; jamás quien pretende que sople el aire donde pone la vela”.

Bien. Vamos ya con el artículo de Jordi Nieva Fenoll, un destacado jurista y catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Barcelona y miembro de prestigiosas asociaciones científicas internacionales como la International Association of Procedural Law y el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, que tiene por título [“Lawfare”: así se hunden los sistemas políticos”].

La instrumentalización de la justicia anuncia cambios sociales relevantes porque pone en evidencia la existencia de un poder acorralado.

Hay una constante histórica de la que nadie parece ser demasiado consciente. Cuando en un Estado algunos de sus jueces se han dedicado a hacer lawfare, es decir, a prevaricar para defender una opción política, y lo practican con inusitada frecuencia o al menos en casos relevantes, se ha producido, tarde o temprano, una reacción popular que, de un modo u otro y con más o menos sinsabores, ha provocado un cambio de régimen, e incluso a veces un cambio de época. La degradación de la confianza ciudadana en una Justicia que, incluso, se había llegado a admirar, no parece ser irrelevante para el devenir histórico.

Ha ocurrido demasiadas veces como para no prestarle atención al fenómeno. Dejando al margen la represión judicial propia de las dictaduras, en las que el juez sólo es una pieza sumisa del sistema autoritario, tal vez el ejemplo científicamente más evidente es el acaecido en el siglo XVII en Inglaterra.

Muy resumido, dice así: La persecución judicial ejercida por monarcas como Carlos I derivó en su decapitación, el periodo republicano y, posteriormente, la Revolución Gloriosa de 1688. Esto culminó en la creación del Bill of Rights y el nacimiento de la monarquía parlamentaria.

Lo mismo sucedió con otro asunto algo más conocido: el caso Dreyfus en la Francia del siglo XIX. Resumido, dice lo siguiente: La condena injusta del militar judío y la persecución a sus defensores (como Émile Zola) por parte de sectores militares monárquicos terminaron consolidando los valores democráticos de la Tercera República.

Se podrían poner ejemplos todavía más conocidos, como el proceso a Jesús, que también fue puro lawfare y que propició el nacimiento de una religión masiva que persiste dos mil años después. O la condena a un Fidel Castro, entonces libertario, que afirmó al final de su proceso que la historia le absolvería, lo que no ha sido cierto, pero sí que se produjo un innegable cambio de época en Cuba cuyas repercusiones han llegado hasta nuestros días.

La clave que explica por qué el lawfare acaba –casi– siempre mal para sus promotores es relativamente sencilla, y quizás nada la ilustre mejor que aquel Gadafi acorralado que, poco antes de su linchamiento, pronunció un discurso televisado blandiendo ridículamente el código penal en una mano, amenazando con la persecución judicial a los que se rebelaran a su criminal autoridad. El lawfare es aquello a lo que los poderosos recurren prioritariamente cuando se sienten amenazados. Y acaba mal porque aquellos que utilizan la represión para mantener su poder, se han alejado tanto de la noción de justicia percibida mayoritariamente, de un modo u otro, por el pueblo, que acaban siendo engullidos por él, en las urnas o en revoluciones. Si esos farsantes no consiguen legitimar propagandísticamente su poder, el lawfare fracasa. La sociedad, ese conjunto de seres humanos, necesita confiar en la justicia para aceptar que otro ser humano, el juez, pueda tener la última palabra en un conflicto. Si esa confianza se rompe, cae el poder ilegítimo que trató de defenderse desesperadamente a través del lawfare. Y no es fácil que los jueces ganen una batalla propagandística. A diferencia de otros resortes de poder, están obligados a motivar detalladamente sus resoluciones, lo que les pone en evidencia cuando se descubre la pobreza de los argumentos que siempre adorna cualquier sentencia injusta, por muchos esfuerzos retóricos que haga su lamentable redactor.

En todo caso, no es conveniente hacer de profetas. El lawfare anuncia cambios sociales relevantes porque hace evidente la existencia de un poder acorralado. Pero esos cambios suelen demorarse en el tiempo. El proceso a Jesús no acabó, ciertamente, con las jerarquías judías en Israel, sino en Roma unos cuarenta años después. Pero la desproporcionada forma de reaccionar de aquellas jerarquías frente a alguien cuya única arma era la palabra, sí que anunció la crisis de su poder, que se extinguió décadas después. Sería positivo tenerlo en cuenta, sobre todo cuando se utiliza políticamente el tremendo poder de los jueces e incluso se banalizan algunas de sus condenas injustas.

Voy a cerrar este escrito con una frase de Hanna Arendt: “Las mentiras resultan a menudo mucho más verosímiles que la realidad, porque quien miente tiene la gran ventaja de conocer de antemano lo que su audiencia espera oír”.

No dejen de consultar mi blog “La Demagogia del Alacrán” (angelmorblogspot.blogspot.com) que tiene un sinfín de artículos, aparte de los míos, de grandes articulistas que no se muerden la lengua.