CGPJ, germen de la degradación de la justicia

La filosofía de dejar hacer, dejar pasar con la que actúa el Consejo General del Poder Judicial, le convierte en actor preeminente de la degradación de la justicia española que ve con nitidez la mayoría de los ciudadanos que consideran que no es imparcial, según los datos coincidentes de encuestas recientes. Qué existen dos varas de medir según la procedencia del acusado. Sorprende el silencio del máximo órgano de los puñeteros ante unos datos que les pintan la cara por hacer dejación de su responsabilidad: velar por que se mantenga en equilibrio el fiel de la balanza que representa a la justicia, y por el cumplimiento de los derechos de los acusados el proceso judicial.

CGPJ que reacciona de inmediato contra las críticas que reciben los jueces, aduciendo que son una injerencia inaceptable en su labor. Y, sin embargo, no rechistó cuando un nutrido grupo de ellos se manifestó ante sus juzgados y audiencias, contra la ley de amnistía del procés que no estaba ni redactada. Protesta inédita en las democracias occidentales que confirmó, a ojos de la ciudadanía, que hay jueces que hacen política de sesgo conservador con un objetivo: coadyuvar a derribar un Gobierno que no les gusta. Intromisión que vulnera el principio de que jueces y fiscales deben limitarse a aplicar las leyes que aprueba el poder Legislativo, y no rebelarse contra ellas por ideología retrasando su aplicación. Veremos ahora si persisten en su contumacia tras la resolución de TJ europeo que considera legal la amnistía.

Esta actitud de corporativismo a ultranza, sean cuales sean los errores de jueces y magistrados, convierte al CGPJ en el germen del mal que encastilla la justicia en un coto cerrado de poder alejado de la ciudadanía al incumplir su función: controlar los desmanes de significados jueces que subvierten el principio de in dubio pro reo, o redactan condenas sin pruebas fehacientes, basadas en presunciones—ex Fiscal General del Estado, o David Sánchez Pérez Castejón—, hechos que trasladan a la sociedad la idea de que determinadas condenas están redactadas antes de celebrarse los juicios.

CGPJ que calla cuando los Tribunales Superiores y Audiencias dan por buenas instrucciones y juicios que desechan testimonios de testigos que desmienten con pruebas las acusaciones que pesan sobre el acusado, y valoran las basadas en presunciones, porque les permite justificar la sentencia prevista de antemano. O, más grave, cuando se obliga al acusado a demostrar su inocencia por la incapacidad del juez para encontrar pruebas veraces con las que condenarle. De este modo, el procesado llega al juicio con la condena sobre su espalda. CGPJ que se mantiene silente ante las investigaciones prospectivas y estrambóticas de algunos jueces—Peinado con Begoña Gómez— ejemplo del ensañamiento con los procesados. O se abren procesos con denuncias justificadas con titulares de prensa, o ante las filtraciones de los informes de la UCO o la UDEF que emanan del propio juzgado, que una vez confrontados con las sentencias resulta que son prácticamente un calco de esos informes. Si los Tribunales Superiores y Audiencias miran para otro lado ante estos desmanes, el papel del CGPJ debe ser corregirlos y no dejarlos correr.

Y ya el desiderátum son los constantes bloqueos del sector conservador del CGPJ, cuando no son de su cuerda los candidatos propuestos para ocupar altos cargos en la escala judicial, en especial, en la Sala II del Tribunal Supremo, la de lo penal, que juzga a los políticos. Esa que Ignacio Cosidó, portavoz parlamentario del PP en 2018, dijo que tenían controlada por detrás. Negar que la justicia está politizada es un chiste malo, una broma maliciosa, como negar que esa politización es de carácter conservador, efecto de que no hubo transición democrática en la judicatura heredada del franquismo.

De esos polvos estos lodos que reclaman una reforma total o, incluso, la desaparición del CGPJ—una anomalía entre los países de nuestro entorno—pues sus funciones podrían realizarlas comisiones creadas ad hoc y por méritos de sus integrantes, para la renovación de cargos o velar por la pulcritud legal de los procesos. De este modo se evitaría que el CGPJ siga siendo el vórtice donde se fragua la mala imagen de la justicia, que ya no es fiable una vez implantada la duda sobre su imparcial en la sociedad.