Isabel Díaz Ayuso ha respondido este lunes, durante su intervención en el Madrid Investment Forum, al debate abierto por el desahucio de Maricarmen con una pregunta que revela el enfoque elegido: "que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros". La presidenta no ha mencionado por su nombre a la mujer de 87 años desalojada de su vivienda en Retiro, pero ha utilizado la discusión sobre la protección de los inquilinos mayores para presentar sus reivindicaciones como una pretensión de quedarse gratuitamente con propiedades ajenas.
Ese desplazamiento constituye el principal engaño de su intervención. Reclamar estabilidad contractual, negociar un alquiler asequible o exigir una alternativa habitacional no equivale a pedir que desaparezca la obligación de pagar. Ayuso mezcla esas cuestiones y convierte una emergencia social en una disputa entre propietarios respetables e inquilinos dispuestos a aprovecharse de ellos.
Su discurso permite hablar de una huida hacia delante política: ante un caso que cuestiona la capacidad de las administraciones para proteger a una persona vulnerable, responde con sarcasmos, acusaciones contra el Gobierno y reproches a quienes protestan.
Maricarmen pagaba un alquiler y buscaba permanecer en su vivienda
Maricarmen venía abonando unos 500 euros mensuales. La controversia sobre su permanencia estaba vinculada a la extinción del arrendamiento y a la sucesión de subrogaciones del antiguo contrato, no a una reivindicación de vivir gratis por haber alcanzado determinada edad. La información publicada sobre su caso describe precisamente la búsqueda de una solución que permitiera seguir pagando y conservar su hogar.
Antes del lanzamiento también se conoció el ofrecimiento de una escritora para sufragar la diferencia entre lo que podía aportar Maricarmen y la renta reclamada. Esa propuesta no evitó el desalojo. Su existencia, sin embargo, resulta difícil de conciliar con la caricatura de unos inquilinos que simplemente quieren dejar de pagar.
La propuesta de Urbagestión tampoco consistía en regalarle el piso
La propia propietaria, Urbagestión, propuso el viernes incorporar la vivienda al programa municipal Reviva para facilitar el regreso de Maricarmen mediante un arrendamiento asequible. El Ayuntamiento rechazó esa vía porque no cumplía los requisitos del programa y ofreció su servicio de intermediación, con una reunión prevista para este lunes.
Existía, por tanto, una discusión concreta sobre alquiler, mediación y participación administrativa. No era necesario apropiarse del inmueble para intentar resolverla.
La propuesta empresarial llegó después del desahucio y no equivalía a un acuerdo cerrado. Pero demuestra que la alternativa entre expulsar a una anciana o despojar al propietario de su vivienda es falsa. Hay instrumentos intermedios cuya viabilidad debe examinarse y cuya negociación exigía una implicación institucional muy distinta del comentario burlón de la presidenta.
Cataluña no registra cinco veces más lanzamientos que Madrid en los totales publicados
Ayuso volvió a sostener que por cada vivienda desahuciada en Madrid hay cinco en Cataluña. Esta vez situó la comparación en los procedimientos de arrendamiento y añadió que sucedía lo mismo con las hipotecas, sin identificar periodo ni tabla.
Los totales disponibles no respaldan esa proporción. En el primer trimestre de 2026 se contabilizaron 921 lanzamientos en Cataluña y 582 en Madrid, una relación de 1,58 a uno. En el conjunto de 2025 fueron 6.814 frente a 2.267, aproximadamente tres a uno. Newtral ya había contrastado la comparación general que Ayuso formuló el 24 de septiembre. newtral.es
Hay que respetar una distinción que la presidenta no explica: esos datos son totales, mientras que comprobar por separado alquileres e hipotecas exige sus correspondientes desgloses. No permiten dar por verificada su nueva formulación. Ayuso debe identificar qué cifras utiliza para sostener el cinco a uno en ambas categorías.
Además, el número absoluto de lanzamientos no demuestra por sí solo que una política autonómica funcione mejor. Harían falta denominadores comparables y un análisis de causas. Convertir una clasificación territorial en certificado de buena gestión es otra conclusión que excede el dato.
La Ley de Arrendamientos Urbanos no convierte todos los desahucios en impagos
La presidenta relacionó los procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos con los impagos. Sin embargo, los conflictos arrendaticios también pueden referirse a la terminación del contrato y a otros supuestos. La propia ley distingue la duración del arrendamiento, sus prórrogas y las causas de resolución. Estar dentro de la categoría de arrendamientos no permite concluir automáticamente que el inquilino dejó de pagar. boe.es
Tampoco se sostiene presentar la crisis residencial como una responsabilidad exclusivamente estatal. El artículo 26.1.4 del Estatuto madrileño atribuye a la Comunidad competencias en ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, sin eliminar las competencias estatales que concurren en estas materias. Ayuso puede exigir cambios legislativos al Gobierno, pero no utilizar esa exigencia para desaparecer del reparto de responsabilidades.
La escasez de oferta sí es un problema documentado. No obstante, el «millón de viviendas» que cita carece de fuente en su intervención: el Banco de España calculó unas 750.000 de déficit acumulado entre creación de hogares y viviendas terminadas durante 2021-2025. Son estimaciones que necesitan fecha y metodología, no cifras intercambiables.
La propiedad tiene protección constitucional y también una función social
Ayuso describió la propiedad como «sagrada» y vinculó las propuestas de intervención con la ausencia de Estado de derecho. La Constitución ofrece un marco bastante más preciso: reconoce la propiedad privada, establece su función social y contempla la expropiación por causas justificadas, con indemnización y conforme a la ley. Su artículo 47 también encomienda a los poderes públicos promover el acceso a una vivienda digna y combatir la especulación.
Eso no convierte cualquier propuesta de expropiación en acertada o legal. Obliga a examinarla. Lo que impide es presentar toda intervención sobre la propiedad como una ruptura automática del orden constitucional.
La presidenta reservó también su indignación para la acampada de Sol, los perjuicios a los comerciantes y la imagen turística de la plaza. Acusó de ilegalidad al Gobierno y a la Delegación sin identificar en su intervención una resolución o una obligación concreta incumplida que acreditase esa imputación.
La protesta merece evaluación jurídica; la política de vivienda, rendición de cuentas. Confundir ambas permite desplazar la atención desde una anciana expulsada de su hogar hacia las molestias de quienes reclaman soluciones. Esa es la huida hacia delante que muestra el discurso: defender el atractivo de Madrid para invertir mientras se caricaturiza a quienes piden poder seguir viviendo en ella.
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