Isabel Díaz Ayuso necesitó apenas unas horas para construir prácticamente el mismo relato en dos escenarios diferentes. Primero, durante una extensa entrevista televisiva en En boca de todos. Después, ante empresarios. El hilo conductor fue reconocible: Pedro Sánchez, el Gobierno central, la izquierda, los impuestos, la vivienda, la inmigración y un Estado que, según la presidenta madrileña, estaría camino de convertirse en algo «totalitario». El problema empieza cuando se abandonan los adjetivos y se abren el BOE, las estadísticas judiciales, el INE, el Banco de España y los datos de la propia Comunidad de Madrid.
Porque hay afirmaciones de Ayuso que son correctas. Madrid genera empleo a gran velocidad, tiene una tasa de paro inferior a la española, lideró la creación de sociedades mercantiles en 2025 y representa alrededor del 20 % de la economía nacional. Pero precisamente esos datos ciertos hacen más llamativas otras afirmaciones que no soportan una comprobación elemental.
El BOE desmonta una parte fundamental del relato sobre Mari Carmen
El caso más evidente es el de Mari Carmen, la mujer de 87 años expulsada el miércoles de la casa de Retiro en la que había vivido durante siete décadas. Ayuso sostuvo que estaba siendo desahuciada por «leyes socialistas de Felipe González» que habrían terminado con una legislación franquista que protegía la renta antigua. La explicación contiene una parte de verdad, pero altera una pieza decisiva.
El llamado decreto Boyer de 1985 acabó con la prórroga forzosa para los contratos nuevos. Sin embargo, su disposición transitoria es inequívoca: los contratos anteriores continuarían sometidos a la legislación precedente. El contrato de la familia de Mari Carmen era de 1956. El decreto de 1985, por tanto, no acabó con aquel contrato.
La norma decisiva llegó en 1994, también bajo un Gobierno socialista. La nueva Ley de Arrendamientos Urbanos estableció límites a las subrogaciones de los contratos anteriores a mayo de 1985. Ahí está la clave jurídica del conflicto.
Pero incluso aceptar ese origen legal no permite dar el siguiente salto argumental de Ayuso: «No podemos hacer otra cosa». La Comunidad de Madrid tiene competencia exclusiva en vivienda, según su propio Estatuto de Autonomía, y cuenta además con procedimientos de la Agencia de Vivienda Social en los que el desahucio aparece expresamente entre las situaciones de especial necesidad.
La Comunidad sostiene, y es necesario reconocerlo, que ofreció a Mari Carmen dos plazas en residencias públicas. Otra cuestión es que una plaza residencial equivalga a garantizar una alternativa habitacional a una mujer que pedía permanecer en una vivienda y que acabó saliendo en camilla de su casa.
La discusión, por tanto, no es si Ayuso podía revocar una orden judicial. No podía. La discusión es si una Administración con competencias exclusivas en vivienda y con parque público puede describirse a sí misma como prácticamente impotente ante el problema. Y ahí la documentación de la propia Comunidad contradice la rotundidad de su presidenta.
Cataluña tiene más desahucios, pero ni son «la mayoría» ni son cinco veces los de Madrid
Ayuso acertó cuando citó aproximadamente 25.500 desahucios anuales. El CGPJ contabilizó 25.540 lanzamientos en 2025. También acertó en que Cataluña fue la comunidad con más.
A partir de ahí, las cifras dejan de acompañar el discurso.
Cataluña registró 6.814 lanzamientos, el 26,6 % del total español. Madrid, 2.267.
Por tanto, Cataluña no concentra «la mayoría» de los desahucios de España, como aseguró Ayuso. El 26,6 % no es una mayoría. Y tampoco se producen «cinco» desahucios catalanes por cada madrileño, como volvió a afirmar ante los empresarios. Las cifras son 6.814 y 2.267.
Aquí no hay un problema ideológico ni una interpretación posible de los datos. Son números.
Madrid tampoco lidera todo lo que Ayuso dice que lidera
La presidenta aseguró que Madrid es la comunidad donde más vivienda libre y protegida se construye. Los datos completos de 2025 dicen otra cosa: Cataluña encabezó la vivienda protegida terminada con 3.517 unidades, seguida de Andalucía con 2.265 y Madrid con 2.048; en vivienda libre iniciada, Andalucía ocupó el primer puesto con 27.454 unidades, frente a las 17.718 de Madrid.
Madrid sí había registrado resultados extraordinariamente altos en vivienda protegida en ejercicios anteriores. Negarlo sería tan incorrecto como convertir ese buen resultado de años anteriores en un liderazgo permanente que las cifras actuales no mantienen.
Algo semejante ocurre cuando Ayuso presume de «la deuda más baja». Madrid tenía en el primer trimestre de 2026 una deuda equivalente al 12 % de su PIB, una de las más bajas de España. Pero Navarra estaba en el 8,6 %, Canarias en el 10,5 % y País Vasco en el 11,4 %.
Madrid tiene poca deuda comparativamente. No tiene la más baja.
Y sucede otra vez con los cotizantes. Es cierto que Madrid está generando empleo a un ritmo extraordinariamente fuerte: en agosto había sumado 138.115 afiliados en doce meses, el 20,3 % de todo el incremento nacional. Pero Ayuso añadió que Madrid ya había superado a Cataluña en número de cotizantes. Tampoco.
Cataluña tenía en agosto 3.965.220 afiliaciones. Madrid, 3.871.993. Más de 93.000 de diferencia.
Se puede defender la fortaleza económica madrileña sin convertirla en un liderazgo estadístico allí donde todavía no existe.
Sanidad y educación: los servicios públicos también tienen cifras
Ayuso aseguró que Madrid dispone de unos servicios públicos capaces de «sacarte del apuro» cuando las cosas van realmente mal. Es una valoración política, pero detrás existen indicadores que permiten completar la fotografía.
Madrid fue en 2024 la segunda comunidad con menor gasto sanitario público por habitante: 1.779 euros, solo por delante de Andalucía, y la que dedicó una proporción menor de su PIB regional a sanidad, un 4 %.
Pero sería igualmente incorrecto utilizar exclusivamente ese dato para afirmar que la sanidad madrileña obtiene peores resultados en todo. A cierre de 2025 presentaba una espera quirúrgica media de 50 días frente a los 121 del conjunto del SNS, uno de los mejores registros del país. En agosto de 2026, no obstante, la propia Comunidad contabilizaba 120.168 personas en lista quirúrgica y una demora estructural media de 71,88 días.
En educación se reproduce otra paradoja. Madrid gastaba en 2023 5.534 euros por alumno de enseñanza no universitaria pública y concertada, frente a una media española de 6.851; considerando solo enseñanza pública, 6.502 frente a 7.943. Al mismo tiempo, su abandono educativo temprano se situó en 2025 en el 9,6 %, bastante por debajo del 12,8 % español.
Los datos sirven precisamente para evitar la propaganda en ambas direcciones: Madrid gasta comparativamente poco por habitante en sanidad y por alumno en educación, pero también consigue buenos resultados en determinados indicadores. Lo que no permiten es reducir unos servicios públicos de millones de usuarios a un eslogan triunfalista.
Sánchez no está «por encima de los tres poderes»
La afirmación institucionalmente más sencilla de comprobar quizá fuera una de las más rotundas. Ayuso sostuvo que ella no controla a los jueces ni a la Policía, mientras Sánchez sí puede hacerlo porque «está por encima de los tres poderes del Estado».
No existe semejante posición en la Constitución española. El artículo 117 determina que jueces y magistrados son independientes y están sometidos únicamente al imperio de la ley, y que corresponde exclusivamente a juzgados y tribunales juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
Puede acusarse políticamente a un Gobierno de presionar a jueces, cuestionar decisiones judiciales o deteriorar la separación de poderes y discutir después los hechos concretos que sustentan esa acusación. Lo que no puede presentarse como descripción institucional es que el presidente del Ejecutivo se encuentre jurídicamente «por encima» de los poderes Legislativo y Judicial.
De los narcos a las «listas negras»: donde sí existen hechos graves
La comprobación obliga también a reconocer algo que incomoda cualquier relato demasiado sencillo.
Ayuso no se inventó la existencia de un dosier de periodistas elaborado en Interior. El ministerio reconoció el documento, que incluía fichas, fotografías y referencias a tendencias políticas de profesionales. Interior sostiene que era un documento interno de trabajo y niega que se utilizara para discriminar; además, pidió disculpas. El asunto está siendo analizado por la Agencia Española de Protección de Datos y por un juzgado.
Hay, por tanto, un hecho real y grave susceptible de escrutinio. También existe una investigación seria sobre presuntos contactos de la trama vinculada a Leire Díez con personas relacionadas con un clan de narcotráfico para actuar contra la jueza Beatriz Biedma.
Pero una investigación sobre una presunta trama no permite afirmar como hecho ya demostrado que «el Gobierno está intentando comprar sicarios y narcos». Esa responsabilidad directa del Ejecutivo no está establecida. La diferencia entre una sospecha investigada y una conclusión probada no es un matiz: es una de las bases del Estado de derecho que la propia Ayuso invoca durante su discurso.
La presidenta acusó a Sánchez de esconderse de la prensa mientras este estaba respondiendo a la prensa
Hay otra contradicción especialmente difícil de encajar.
Ante el Círculo de Empresarios, Ayuso acusó al presidente de viajar a Estados Unidos y «esconderse de los medios de comunicación». Sin embargo, durante esa misma visita Sánchez compareció ante periodistas en la Representación Permanente de España ante Naciones Unidas y contestó preguntas sobre Mari Carmen, vivienda, Trump, Begoña Gómez, Ceuta, Marruecos y Zapatero.
Se puede reprochar al presidente que comparezca poco, que seleccione formatos o que no responda satisfactoriamente. Pero decir que se escondía de los medios mientras existe una larga transcripción de sus respuestas a los periodistas convierte una crítica política en una afirmación que los hechos de ese mismo día contradicen.
Economía: donde los datos sí respaldan a Madrid
La comprobación tampoco autoriza a borrar los números favorables a Ayuso.
Madrid genera el 19,8 % del PIB español y tiene el PIB por habitante más alto. Creció un 3,6 % en 2024, una décima más que España, aunque no fue la comunidad que más creció. Su tasa de paro estaba en el segundo trimestre de 2026 en el 7,6 %, frente al 9,9 % estatal, y el 88,5 % de sus asalariados tenía contrato indefinido. Además, lideró la creación de sociedades mercantiles en 2025, con 28.348.
También es cierto que Madrid carece en 2026 de impuestos autonómicos propios y mantiene una escala autonómica de IRPF baja. Precisamente porque existen datos objetivos favorables, resulta innecesario convertirlos en absolutos que después no sobreviven a una consulta estadística: Madrid no tiene la deuda más baja, no ha superado todavía a Cataluña en afiliados y no fue en 2025 la comunidad que más vivienda libre y protegida construyó.
Entre el dato y el relato
Durante las dos intervenciones, Ayuso utilizó cifras verdaderas como punto de partida para conclusiones que no siempre se desprenden de ellas. Cataluña tiene más desahucios, pero no «la mayoría» ni cinco veces los de Madrid. Madrid crea uno de cada cinco nuevos empleos, pero aún tiene menos cotizantes que Cataluña. Madrid tiene una deuda baja, pero no la menor. La Comunidad ofreció a Mari Carmen plazas residenciales, pero eso no significa que carezca de competencias e instrumentos en vivienda. El caso Leire contiene indicios gravísimos bajo investigación, pero esos indicios no convierten al Gobierno en autor probado de una operación con «sicarios y narcos».
Y el caso de Mari Carmen concentra quizá mejor que ninguno esa distancia entre relato y documentación. El BOE demuestra que el decreto Boyer de 1985 respetó expresamente los contratos anteriores; la LAU de 1994 introdujo después los límites a las subrogaciones; los tribunales aplicaron ese marco; el Estado tiene responsabilidad legislativa; y la Comunidad de Madrid conserva, al mismo tiempo, competencias exclusivas e instrumentos públicos en materia de vivienda.
La realidad tiene responsabilidades repartidas, normas acumuladas durante décadas y competencias de distintas administraciones. Es bastante más incómoda que buscar un único culpable. Y también bastante más resistente a los eslóganes.
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