El Ejecutivo de Pedro Sánchez le ha puesto un ultimátum al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso: o la Comunidad de Madrid paga 1,7 millones de euros al año por el alquiler de la sede del Tribunal Superior de Justicia, o las dependencias tienen que quedar vacías antes del 31 de diciembre. Así. Sin anestesia. ¿El motivo? Un apaño legal que llevaba dos décadas tapado bajo la alfombra.
Nos tenemos que remontar a 2002. Gobierno de Aznar. Se traspasan las competencias de Justicia a la región, pero el palacete de la calle General Castaños número 1 —en pleno barrio de Justicia, pegado al Supremo— se queda fuera del inventario. Nadie dijo nada. Pasaron los años, cambiaron los presidentes y el Gobierno regional siguió usando el edificio completamente gratis. Es más: el Estado les ha estado pagando hasta las facturas de la luz y el agua durante más de veinte años.
Pues bien, según ha publicado El País, a Félix Bolaños se le ha acabado la paciencia. En el ministerio lo dicen sin rodeos: es una "ocupación sin título". Y el plan B ya está diseñado si en Sol no pasan por el aro: meter allí al gabinete técnico del Supremo y dejar a la justicia autonómica en la calle. Para la Real Casa de Correos, el golpe duele. Y mucho.
Ayuso reactivó hace poco el megaproyecto de la Ciudad de la Justicia en Valdebebas. Un viejo sueño de la época de Esperanza Aguirre que promete reunir casi 400 juzgados en un solo lugar y ahorrar millones en alquileres. El problema está en que a esas obras les quedan años. Si los echan ahora de General Castaños, no tienen adónde ir.
Por si fuera poco, a este dolor de cabeza inmobiliario le ha salido una vía de agua en los tribunales. Y esta salpica dinero público del bueno.
El PSOE ha llevado al Tribunal de Cuentas la compra de un ático de lujo por 6,3 millones de euros en el distrito de Chamberí, adquirido a través de la empresa pública Planifica Madrid. La oposición habla abiertamente de un expediente lleno de sombras: sin informes de necesidad claros y con contratos firmados a toda prisa.
Todas las miradas apuntan a un nombre: Pedro Corbalán, el hombre fuerte de esa empresa pública. Él fue quien visitó el piso, negoció el precio y firmó las arras. Mientras el PP cierra filas y evita que comparezca en la Asamblea, las denuncias se acumulan y piden investigar hasta al consejero de Presidencia e incluso a la propia Ayuso. Mientras tanto, en el Juzgado de Instrucción número ocho de Madrid, la jueza ya ha movido ficha preguntando a la Fiscalía qué hacer con los aforados.
La política madrileña está al rojo vivo. Moncloa aprieta con el alquiler del tribunal y la justicia escarba en las cuentas de la Comunidad. Tienen hasta el 31 de diciembre. A partir de ahí, o Ayuso pasa por caja o veremos a los jueces madrileños haciendo las maletas a mitad de curso. La guerra por el poder en Madrid ha vuelto a cambiar de escenario.
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