Madrid presume de ser una región rica, con el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita más alto de España y un presupuesto para 2026 que supera los 30.000 millones de euros. Sin embargo, detrás de las cifras y del discurso triunfalista, hay una realidad que no mejora al mismo ritmo: la desigualdad social. Así lo ha denunciado UGT Madrid, que advierte de que “no basta con aumentar el gasto si este no se traduce en servicios públicos universales, transparentes y gestionados sin privatizaciones”.
Según los datos del sindicato, más de 1,4 millones de personas en la Comunidad de Madrid viven en riesgo de pobreza o exclusión social, y más de medio millón sufren pobreza severa. A pesar de que el Gobierno regional asegura destinar casi el 90% del presupuesto al gasto social, solo el 13% de quienes necesitan protección social acceden realmente a ella.
“Madrid no puede seguir presumiendo de crecimiento económico mientras deja atrás a tantas personas. La inversión debe llegar a las familias, a los mayores, a la infancia y a quienes más lo necesitan, no quedarse en los márgenes de los grandes contratos o en modelos externalizados”, ha subrayado Laura Muñoz Ibáñez, secretaria de Políticas Sociales de UGT Madrid.
Los datos no reflejan la realidad social
El proyecto de presupuestos para 2026 presentado por la Comunidad de Madrid supone un incremento del 6,98% respecto a 2025, lo que se traduce en 2.001 millones de euros más. Las consejerías con mayores aumentos son Sanidad (549,8 millones), Educación (259,4 millones) y Familia, Juventud y Asuntos Sociales (210 millones).
Desde el Gobierno regional se insiste en que son “los presupuestos más sociales de la historia”, pero UGT Madrid considera que los números no garantizan derechos si no hay una política firme de fortalecimiento del sistema público.
“El problema no es solo cuánto se gasta, sino cómo se gasta. Si los fondos públicos acaban gestionados por empresas privadas, si se recortan plantillas o si se externalizan servicios esenciales, estamos debilitando el Estado del bienestar y, con él, la cohesión social madrileña”, ha señalado Muñoz.
La dirigente sindical recuerda que la Comunidad de Madrid es también la región con mayores diferencias entre rentas altas y bajas y una de las que menos invierte en vivienda pública, sanidad, servicios sociales y dependencia en relación con su PIB. “El presupuesto crece, pero la desigualdad lo hace más deprisa”, resume.
Servicios sociales: más promesas que soluciones
presupuesto de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales asciende a 2.904 millones de euros, un 7,8% más que en 2025. Según el Gobierno regional, esta cifra consolida el “modelo Madrid de atención social”, que promete servicios personalizados y centrados en la persona.
Para UGT Madrid, sin embargo, el reto sigue siendo garantizar la cobertura universal y la gestión pública directa de todos los servicios sociales. Muñoz advierte que “sin recursos humanos suficientes, sin personal público estable y con una red cada vez más fragmentada, la atención social se resiente y la dependencia se convierte en un laberinto burocrático”.
La secretaria de Políticas Sociales subraya que la atención a la dependencia sigue sin llegar a miles de personas, y que las demoras para acceder a una plaza o prestación “ponen en riesgo derechos básicos”. En su opinión, “los servicios sociales no deben gestionarse como un negocio, sino como una responsabilidad colectiva”.
Invertir en lo público es invertir en igualdad
UGT Madrid reclama que el crecimiento presupuestario se oriente a reforzar la red pública de atención y a mejorar las condiciones laborales del personal que la sostiene. “No se puede hablar de excelencia en los servicios sociales cuando hay plantillas sobrecargadas, salarios bajos y alta temporalidad”, denuncia Muñoz.
El sindicato también exige transparencia en la gestión de los fondos públicos, especialmente en los contratos con entidades privadas. “La ciudadanía tiene derecho a saber en qué se gasta su dinero y qué resultados se obtienen. No queremos titulares, queremos derechos garantizados”, afirma la responsable sindical.
Desde UGT Madrid se insiste en que las políticas sociales deben ser un pilar, no un complemento. En una región con un coste de vida tan elevado como Madrid, las ayudas y programas públicos son esenciales para asegurar una vida digna.
“Invertir en lo público no es un gasto, es una apuesta por la igualdad y por el progreso social”, ha afirmado Muñoz. “Solo unos servicios públicos fuertes pueden ofrecer seguridad y bienestar a todas las personas, vivan donde vivan y tengan los ingresos que tengan”.
Un modelo de desarrollo más justo y solidario
La organización sindical alerta de que las políticas de rebajas fiscales defendidas por el Ejecutivo autonómico “benefician a las rentas más altas y reducen los recursos disponibles para financiar los servicios públicos”. En palabras de Muñoz, “no se puede presumir de libertad económica mientras crecen la precariedad y la pobreza”.
UGT Madrid defiende un modelo alternativo de desarrollo, centrado en la redistribución, la inversión pública y la igualdad de oportunidades.
La secretaria de Políticas Sociales concluye con una advertencia: “El bienestar no se mide solo por el PIB ni por el crecimiento económico, sino por la calidad de vida de las personas. Madrid necesita presupuestos que pongan en el centro a la ciudadanía, no a los indicadores financieros”.
En definitiva, UGT Madrid reconoce el incremento de los presupuestos regionales, pero exige que este se traduzca en hechos tangibles: más recursos para los servicios sociales públicos, mayor equidad en el acceso a las ayudas y un compromiso real con la justicia social. Porque, como recuerda Muñoz, “una sociedad que no protege a los más vulnerables no progresa, se rompe”.