​​​​​​​UGT Servicios Públicos Madrid acusa a Ayuso de intentar vaciar el derecho de huelga y llevará a los tribunales sus nuevas restricciones al profesorado

El sindicato denuncia que la Consejería de Educación pretende imponer clases obligatorias durante la huelga, restringir la información sindical y someter al profesorado a un sistema de vigilancia mediante denuncias ante la Inspección Educativa

20 de Noviembre de 2026
Actualizado a las 12:33h
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Manifestación por la huelga indefinida de la enseñanza en Madrid contra Ayuso, foto Agustín Millán
Manifestación por la huelga indefinida de la enseñanza en Madrid contra Ayuso, foto Agustín Millán

 

El conflicto educativo en la Comunidad de Madrid entra en una nueva fase. UGT Servicios Públicos Madrid ha anunciado que acudirá a los tribunales contra las medidas aprobadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que endurecen los servicios mínimos de la huelga indefinida iniciada el 14 de octubre y establecen nuevas instrucciones sobre la neutralidad de los centros educativos.

Javier Becerra García, secretario del Sector de Enseñanza de UGT Madrid, denuncia que las disposiciones de la Consejería de Educación, dirigida por Mercedes Zarzalejo, presentan indicios de vulneración de derechos fundamentales y pueden limitar tanto la libertad sindical como el derecho de huelga del profesorado.

Carteles prohibidos y denuncias ante la Inspección Educativa

Las instrucciones enviadas por la Viceconsejería de Política y Organización Educativa regulan la exhibición de mensajes políticos y sindicales en los colegios e institutos públicos.

Entre otras restricciones, impiden colocar en fachadas, vallas y espacios comunes carteles que atribuyan al centro una adhesión institucional a determinadas posiciones políticas o sindicales. La normativa mantiene la excepción de los tablones sindicales legalmente previstos.

También prohíbe utilizar las clases para promover la participación del alumnado en huelgas o protestas y establece un procedimiento para que familias, estudiantes y trabajadores comuniquen posibles incumplimientos a la Inspección Educativa.

El Gobierno regional justifica estas decisiones en la obligación de garantizar la neutralidad ideológica de los centros y evitar el adoctrinamiento. Sin embargo, la cuestión jurídica se encuentra en determinar si estas instrucciones pueden terminar restringiendo la información sindical legítima y la libertad de expresión del profesorado. UGT advierte de que la aplicación de estas medidas podría facilitar la identificación y el señalamiento de los docentes que participan en las movilizaciones.

Hasta el 90 % de las clases obligatorias durante la huelga

El otro motivo de enfrentamiento es la Orden 4977/2026, que establece nuevos servicios mínimos para el profesorado de segundo de Bachillerato que imparte asignaturas de la Prueba de Acceso a la Universidad. Los docentes afectados deberán impartir con normalidad el 50 % de sus horas lectivas en esas materias, porcentaje que aumentará al 75 % desde febrero y al 90 % a partir de mayo.

«Eso no es un servicio mínimo: es el funcionamiento ordinario del servicio», denuncia UGT Madrid en el comunicado firmado por Javier Becerra.

La Comunidad de Madrid argumenta que estas medidas buscan evitar perjuicios académicos a los estudiantes. La orden cifra en más de 413.000 las horas lectivas potencialmente afectadas desde el comienzo de la huelga, una magnitud que no debe confundirse con clases efectivamente perdidas.

Para el sindicato, la Administración pretende reducir progresivamente la capacidad de presión de los docentes sin resolver las reivindicaciones que originaron el conflicto.

UGT llevará las restricciones ante la Justicia

La discusión enfrenta dos derechos constitucionales: el derecho a la educación y el derecho de huelga. Los servicios mínimos deben proteger las prestaciones esenciales sin anular la eficacia de una movilización laboral.

UGT considera que la Consejería ha sobrepasado ese límite y que las nuevas instrucciones pueden crear un clima de presión sobre quienes ejercen sus derechos sindicales.

El comunicado de  UGT Servicios Públicos Madrid – Sector de Enseñanza incluye una denuncia especialmente contundente: «Etiquetar de comunista a quien ejerce un derecho constitucional y, al mismo tiempo, abrir en los centros un canal para comunicar a la Inspección la conducta del profesorado nos recuerda uno de los episodios más bochornosos de la historia».

La organización anuncia que recurrirá las medidas ante los tribunales, aunque corresponderá a la Justicia determinar si existe efectivamente una vulneración de derechos fundamentales.

«El profesorado madrileño no está solo», afirma Javier Becerra, que insiste en que la movilización responde a reivindicaciones educativas y laborales, no a una campaña partidista.

La huelga, que supera ya un mes de duración, continúa sin una solución negociada. Mientras el Ejecutivo autonómico endurece las condiciones para garantizar la actividad docente, los sindicatos reclaman diálogo y advierten de que el conflicto no se resolverá únicamente mediante nuevas restricciones administrativas.

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