El Tribunal de Cuentas ha dado este viernes, 13 de noviembre, un paso decisivo en la investigación sobre la polémica compra de un ático de lujo por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El organismo ha apreciado indicios de una posible utilización indebida de fondos públicos y ha acordado designar un instructor para esclarecer las circunstancias de una operación que costó 6,3 millones de euros a la Comunidad de Madrid.
La consejera encargada de examinar inicialmente las siete denuncias presentadas considera que existen motivos para investigar una posible salida de dinero público «carente por completo de justificación legal». La resolución permite superar la fase preliminar y avanzar hacia una investigación más exhaustiva, aunque todavía no supone una declaración de responsabilidad contable ni acredita la comisión de un delito.
Una compra millonaria que el Gobierno regional no ha logrado justificar suficientemente
El inmueble, situado en el paseo del General Martínez Campos, en el distrito madrileño de Chamberí, fue adquirido en abril por Planifica Madrid, una empresa pública dependiente del Ejecutivo autonómico. La operación, inicialmente presentada como la compra de unas oficinas, afectaba a un ático de aproximadamente 485 metros cuadrados, con una terraza de unos 200 metros.
La controversia comenzó cuando se conoció que la vivienda se había adquirido por 6,3 millones de euros y que su uso previsto no estaba claramente justificado. Posteriormente, el Gobierno regional explicó que podría utilizarse como espacio institucional, área de trabajo, descanso y alojamiento ocasional de autoridades, aunque negó que estuviera destinado a convertirse en residencia oficial de Ayuso.
Un informe interno de la propia Comunidad, conocido en septiembre, advirtió de la falta de estudios suficientes sobre la necesidad de adquirir el inmueble y su idoneidad para el uso propuesto. A ello se suman las dudas sobre los gastos asociados a la operación, incluida una comisión inmobiliaria de aproximadamente 189.000 euros.
Ayuso pidió archivar el procedimiento
La Comunidad de Madrid y Planifica Madrid solicitaron en octubre el archivo de las actuaciones, defendiendo la legalidad de la compra. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ha decidido continuar con la investigación después de examinar las denuncias presentadas, entre otros, por Más Madrid y el PSOE.
La decisión supone un nuevo revés para la estrategia del Ejecutivo regional de dar por cerrada la controversia mediante explicaciones administrativas. La investigación deberá determinar quién autorizó la adquisición, qué controles se aplicaron, si existía una necesidad pública debidamente acreditada y si se produjo un perjuicio económico para las arcas autonómicas.
El caso también ha llegado a la jurisdicción penal mediante denuncias cuya tramitación es independiente de la investigación contable.
La cuestión central ya no es solamente por qué el Gobierno de Ayuso decidió comprar un ático de lujo con dinero público, sino si esa decisión pudo ocasionar un perjuicio patrimonial que obligue a exigir responsabilidades. El Tribunal de Cuentas considera que existen motivos suficientes para investigarlo.
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