La operación inmobiliaria de Alberto González Amador en Chamberí no se limita al piso de 211 metros cuadrados puesto a la venta por 1.790.000 euros. La pareja de Isabel Díaz Ayuso también quiere desprenderse del ático situado justo encima, una segunda vivienda que ambos han disfrutado durante los últimos años y que aparece anunciada por 1,6 millones en la página de la inmobiliaria Gilmar de chamberí donde se puede acceder libremente al anuncio y a las fotografías.
En conjunto, González Amador pide casi 3,4 millones de euros por las dos propiedades en las que ha convivido con la presidenta madrileña: el piso de la sexta planta y el ático de la séptima. La existencia de esta segunda oferta se ha conocido apenas un día después de hacerse pública la venta del primer inmueble.
El movimiento se produce, además, en la misma semana en la que se ha descubierto que Planifica Madrid, empresa pública de la Comunidad de Madrid, había comprado en abril otro ático de lujo de 485 metros cuadrados en Chamberí. El Ejecutivo regional sostuvo inicialmente que serviría como despacho provisional de Ayuso durante unas obras en la Real Casa de Correos, aunque posteriormente anunció que volvería a venderlo tras conocerse que su uso urbanístico era exclusivamente residencial.
El entorno de la presidenta niega que exista conexión entre las ventas particulares de González Amador y la operación realizada por la Administración autonómica. Hasta el momento no existe ninguna prueba pública que permita vincularlas. Sin embargo, la acumulación de compras, anuncios de venta y rectificaciones en un periodo tan reducido ha convertido el mercado inmobiliario de Chamberí en un problema político de primera magnitud para el Gobierno madrileño.
Un ático de 158 metros y dos plazas de garaje
El ático que ahora se ofrece por 1,6 millones tiene una superficie de 158 metros cuadrados y cuenta con dos plazas de garaje. González Amador lo adquirió a finales de 2025 con la ayuda de una hipoteca de 600.000 euros concedida por Caja Rural de Zamora. Las fuentes conocedoras de aquella operación situaron el valor total de la vivienda por encima del millón de euros.
La compra cerró una compleja relación inmobiliaria iniciada varios años antes. Cuando González Amador adquirió el piso de la sexta planta en julio de 2022, el ático superior salió también al mercado. Como no podía comprar ambos inmuebles, solicitó la intervención de Javier Luis Gómez Fidalgo, el asesor fiscal que le había representado durante la investigación de Hacienda.
Babia Capital, sociedad vinculada a Gómez Fidalgo, compró el ático en julio de 2023 después de recibir préstamos de sus socios por un total de 955.000 euros. González Amador pasó a utilizarlo mediante un alquiler de 5.000 euros mensuales con opción a compra. Finalmente ejerció esa opción a finales de 2025 y se convirtió en propietario del inmueble.
Durante un tiempo, la participación del asesor fiscal alimentó sospechas sobre las condiciones en las que Ayuso y su pareja disfrutaban de la vivienda. González Amador declaró posteriormente ante la jueza que abonaba el alquiler mensual y que existía una opción formal de compra. La existencia del contrato y su posterior adquisición no elimina la dimensión política del asunto, pero obliga a diferenciar los hechos acreditados de las especulaciones.
De la compra al escaparate inmobiliario
El ático apenas ha permanecido unos meses en manos de González Amador antes de salir nuevamente al mercado. No se conoce el importe exacto que finalmente pagó al ejercer la opción, por lo que no es posible calcular qué beneficio pretende obtener si consigue venderlo por los 1,6 millones solicitados.
La situación sí permite observar una estrategia clara: desprenderse al mismo tiempo de las dos propiedades que conformaban el espacio residencial compartido por la pareja. El piso de la sexta planta se ofrece por 1.790.000 euros, mientras que el ático alcanza los 1,6 millones. La suma asciende a 3.390.000 euros, aunque las informaciones publicadas la redondean en 3,3 millones. (El País)
El primer piso fue comprado por González Amador en 2022 por 850.000 euros. Si llegara a venderlo por el precio anunciado, la diferencia bruta sería de 940.000 euros, antes de descontar impuestos, reformas, deuda hipotecaria y gastos de comercialización. La revalorización solicitada supera el cien por cien en cuatro años.
Ambas viviendas suman alrededor de 360 metros cuadrados. Ayuso rechazó en 2024 que el ático pudiera considerarse una propiedad de lujo, pese a estar situado en uno de los distritos más caros de Madrid y formar parte de un conjunto residencial cuyo precio de salida supera ahora ampliamente los tres millones.
Una coincidencia que exige explicaciones
La venta de propiedades particulares es una decisión legítima de su propietario. González Amador puede poner sus viviendas en el mercado y fijar el precio que considere, mientras cumpla las obligaciones legales y fiscales correspondientes. El problema político surge por el calendario.
Según fuentes cercanas a Ayuso, las gestiones para vender las propiedades privadas comenzaron hace tres o cuatro meses. Ese periodo coincide aproximadamente con la fecha en la que Planifica Madrid formalizó la compra del ático público, el 14 de abril. Desde la Puerta del Sol insisten en que la Administración desconocía los planes inmobiliarios de González Amador y que ambas operaciones son independientes.
La coincidencia no demuestra que existiera una mudanza concertada hacia el inmueble adquirido por la Comunidad. Pero tampoco ayuda la falta de transparencia del Ejecutivo regional, que no comunicó públicamente la compra, no ha revelado cuánto pagó y cambió varias veces la explicación sobre su finalidad antes de anunciar su venta.
El resultado es una sucesión difícil de ignorar: González Amador pone en el mercado las dos viviendas que comparte con Ayuso; la Comunidad compra otro ático millonario en el mismo distrito para una supuesta oficina; y, tras estallar la polémica, el Gobierno regional decide venderlo de nuevo.
Puede que las tres operaciones no tengan ninguna relación. Precisamente por eso corresponde al Gobierno madrileño aportar la documentación y las explicaciones necesarias para despejar cualquier sospecha. Porque cuando la vida privada de una presidenta coincide en espacio, tiempo y tipología inmobiliaria con decisiones adoptadas por una empresa pública, negar la conexión no basta: hay que demostrar que nunca existió.
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