La crisis provocada por la compra secreta de un ático de lujo por una empresa pública de la Comunidad de Madrid ha incorporado un nuevo episodio inmobiliario. Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha puesto a la venta por 1.790.000 euros la vivienda en la que convive con la presidenta regional en el barrio madrileño de Vallehermoso.
El anuncio se publicó el 16 de julio, tres meses después de que Planifica Madrid formalizara la adquisición de otro ático de 485 metros cuadrados en Chamberí, inicialmente presentado como una futura oficina temporal para Ayuso. La coincidencia temporal no demuestra por sí sola que ambas operaciones estén relacionadas, algo que el entorno de la presidenta niega, pero añade una nueva capa de incertidumbre a una polémica marcada desde el principio por la falta de transparencia y las explicaciones cambiantes.
Conviene precisar que González Amador no ha puesto a la venta el ático situado encima de su vivienda, que adquirió posteriormente, sino el piso de la sexta planta en el que la pareja ha residido desde 2023. El inmueble anunciado tiene 211 metros cuadrados, cuatro dormitorios, tres cuartos de baño, una terraza de diez metros y una plaza de garaje. Figura exclusivamente a nombre del empresario.
Un precio que duplica el de compra
González Amador adquirió la propiedad el 27 de julio de 2022 por 850.000 euros. Cuatro años después pretende venderla por 1.790.000, una diferencia de 940.000 euros y una revalorización nominal superior al 110%.
No puede hablarse todavía de un beneficio real de esa cuantía. Del eventual precio de venta habría que descontar impuestos, gastos de adquisición, posibles reformas, honorarios inmobiliarios y la deuda hipotecaria pendiente. Sí puede afirmarse, sin embargo, que el precio solicitado duplica ampliamente el desembolso efectuado en 2022.
La inmobiliaria Gilmar difundió la oferta tanto en su plataforma como en Idealista. La visita virtual mostraba elementos personales que permitían identificar a quienes habitaban la vivienda, entre ellos una toalla bordada con el nombre de Isabel y fotografías de la pareja insuficientemente difuminadas. El anuncio fue retirado de Idealista después de que la venta comenzara a aparecer en los medios de comunicación.
La sombra del procedimiento judicial
La operación privada adquiere una inevitable dimensión política porque González Amador será juzgado por un presunto fraude fiscal cometido a través de sus sociedades. La cantidad presuntamente defraudada ronda los 350.000 euros, una cifra similar a la entrada que, según la información publicada, aportó para comprar el piso.
Esa coincidencia económica tampoco permite establecer automáticamente que el dinero tenga el mismo origen. Corresponderá a los tribunales determinar los hechos y González Amador mantiene plenamente su presunción de inocencia. Sin embargo, el contexto judicial convierte cualquier movimiento patrimonial del empresario en una cuestión sometida a un intenso escrutinio público.
El entorno de Ayuso asegura que la venta de la vivienda privada comenzó a prepararse hace tres o cuatro meses y niega cualquier relación con el ático comprado por el Gobierno autonómico. Esa versión situaría el inicio de las gestiones en fechas cercanas a la adquisición realizada por Planifica Madrid, aunque no existe hasta ahora ninguna prueba pública que permita sostener que ambas decisiones formaban parte de un mismo plan.
Una operación pública que cambia de destino cada día
El verdadero problema institucional continúa estando en el ático adquirido con recursos públicos. Planifica Madrid compró el inmueble el 14 de abril sin anunciar la operación y sin que apareciera prevista de manera expresa en sus presupuestos. El Ejecutivo regional tampoco ha revelado el precio pagado, estimado en varios millones de euros.
La primera versión sostuvo que serviría como oficina provisional de la presidenta durante las obras de la Real Casa de Correos. Después se habló de reuniones institucionales y, más tarde, el propio equipo de Ayuso reconoció que el destino definitivo no estaba decidido.
A ello se añadió un problema elemental: el inmueble tiene uso residencial y la normativa urbanística impide utilizar el ático completo como oficina. El Ayuntamiento de Madrid confirmó, además, que la Comunidad no había solicitado ningún cambio de uso.
Apenas veinticuatro horas después de conocerse públicamente la compra, el Gobierno madrileño anunció que vendería el ático junto a otras cuatro propiedades para obtener unos 20 millones destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios. La rectificación fue tan rápida como reveladora: si el inmueble era necesario para la actividad institucional, resulta difícil explicar que dejara de serlo de un día para otro.
Hasta ABC reclama respuestas
La gravedad política de la operación ha traspasado las fronteras habituales entre medios progresistas y conservadores. El editorial de ABC concluye que “rectificar puede ser necesario, pero no sustituye a la obligación de explicar”.
La frase resume el fondo del asunto. Vender el ático no borra la decisión de comprarlo. Tampoco aclara quién propuso la operación, cuánto dinero público se pagó, qué alternativas se estudiaron, por qué se eligió una vivienda incompatible con el uso anunciado ni qué coste tendrá deshacer la adquisición pocos meses después.
La venta del piso de González Amador es una decisión privada y legal mientras se cumplan las obligaciones fiscales correspondientes. Pero su coincidencia con el desconcierto generado por el ático público produce una imagen políticamente demoledora: mientras el Gobierno regional compra y vende propiedades millonarias sin ofrecer una explicación coherente, la residencia de la presidenta también sale al mercado por más del doble de lo que costó.
No hay pruebas para presentar ambas operaciones como una maniobra coordinada. Sí existen motivos sobrados para exigir transparencia. El Ejecutivo de Ayuso no puede responder a cada nueva revelación con otra versión improvisada. La venta puede cerrar una operación inmobiliaria, pero no resuelve el problema institucional que la compra ha abierto.
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