La nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, eligió su primera entrevista tras asumir el cargo para fijar un tono que combina prudencia institucional y convicción jurídica. Defendió la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional la condena a su antecesor, Álvaro García Ortiz, recordó que la Fiscalía mantuvo desde el principio una posición absolutoria y reivindicó algo que a veces se olvida en el ruido político: discrepar de una sentencia también forma parte del funcionamiento normal del sistema judicial.
El Ministerio Fiscal atraviesa un momento delicado. La salida de Álvaro García Ortiz, tras la condena del Tribunal Supremo por revelación de secretos, dejó a la institución en una posición incómoda, sometida a un escrutinio político constante. Teresa Peramato llega ahora con la tarea de devolver cierto equilibrio interno a una casa acostumbrada a moverse entre la discreción jurídica y la exposición pública.En su primera entrevista como fiscal general, Peramato explicó la decisión de recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional la sentencia que inhabilitó a su predecesor. No se trata, insistió, de cuestionar al Supremo ni de abrir una batalla institucional. La clave está en otro lugar, en el derecho de cualquier parte procesal a defender su interpretación jurídica cuando considera que una resolución no es correcta.
La Fiscalía mantuvo durante todo el procedimiento una posición absolutoria para García Ortiz, porque entendía que los hechos investigados no constituían delito. Esa convicción jurídica, explicó, sigue siendo la misma.
Peramato recordó que el sistema judicial español contempla con naturalidad la existencia de votos particulares y discrepancias entre magistrados. La propia sentencia del Supremo que confirmó la condena a García Ortiz incluyó opiniones divergentes dentro del tribunal y en ese contexto, acudir al Constitucional no supone un desafío al poder judicial, sino la utilización de un mecanismo previsto en el ordenamiento jurídico.
La fiscal general fue cuidadosa al explicar esa posición, "respeto absoluto a las decisiones del Supremo", pero también la convicción de que la Fiscalía puede y debe defender su criterio cuando considera que es jurídicamente sólido.
La relación con Álvaro García Ortiz aparece en su relato sin dramatismo. Peramato confirmó que mantiene contacto y una relación cordial con su antecesor, a quien describió como un fiscal profundamente institucional. Según explicó, García Ortiz le ha trasladado su apoyo desde el primer momento. Un gesto que en la cultura interna de la Fiscalía tiene cierto peso simbólico: la institución suele proteger la continuidad de su trabajo más allá de los nombres que ocupan la cúspide.
Una Fiscalía que busca recuperar la normalidad
Peramato no ocultó que la etapa reciente ha sido complicada. La Fiscalía ha vivido meses de tensión política y mediática, algo poco habitual en una institución que tradicionalmente trabaja lejos del foco público. Sin embargo, quiso subrayar que esa presión externa no alteró el funcionamiento cotidiano del Ministerio Fiscal. Las fiscalías territoriales y las unidades especializadas siguieron trabajando con normalidad, algo que atribuye al profesionalismo de la carrera fiscal. Desde su llegada al cargo, aseguró, la coordinación interna se está desarrollando con fluidez.
Uno de los puntos que la fiscal general quiso aclarar con más firmeza fue el de la independencia del Ministerio Fiscal. Las críticas sobre una supuesta dependencia del Gobierno forman parte del debate político desde hace años, pero Peramato insistió en recordar cómo funciona realmente el sistema.
El fiscal general es nombrado por el rey a propuesta del Gobierno, pero durante su mandato actúa con autonomía plena. Cualquier comunicación entre el Ejecutivo y la Fiscalía debe realizarse con transparencia y conforme al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En su opinión, el nivel de independencia del sistema español es comparable, e incluso superior, al de otros países europeos.
La trayectoria profesional de Peramato ayuda a entender el perfil con el que llega al cargo. Ingresó en la carrera fiscal en 1990 y ha pasado por varias fiscalías territoriales antes de especializarse en uno de los ámbitos más complejos del sistema penal: la violencia contra las mujeres. Durante años fue fiscal delegada en esta materia y participó en los trabajos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer, donde contribuyó a elaborar algunos de los primeros informes institucionales sobre el fenómeno. Ese recorrido, discreto pero sólido dentro de la institución, explica el respaldo prácticamente unánime que recibió su nombramiento.
La nueva fiscal general parece consciente de la tarea que tiene por delante. En un momento en el que la justicia se ha convertido en un campo de batalla político frecuente, su discurso intenta devolver el debate al terreno que mejor conoce: el de las normas, los recursos y el respeto a los procedimientos. Una forma de recordar que, en el derecho, incluso las discrepancias tienen su lugar. Y que defender una posición jurídica no equivale a cuestionar el sistema que la permite.