El Tribunal Supremo ha cerrado la puerta al silencio contable del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El alto tribunal ha ratificado que la Comunidad de Madrid debe entregar las memorias anuales de la agencia público-privada Madrid Network, creada durante el mandato de Esperanza Aguirre y convertida hoy en símbolo del uso opaco de los fondos públicos.
El auto, fechado el pasado 8 de octubre, desestima el recurso de casación presentado por el Ejecutivo madrileño contra una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ya había ordenado la entrega de la documentación. La resolución del Supremo, a la que ha tenido acceso elDiario.es, es firme: la Comunidad no puede seguir ocultando las cuentas.
Un agujero de más de 50 millones
Madrid Network nació en 2011 con un propósito aparentemente ambicioso: impulsar la innovación y la I+D+i en la región. El Gobierno central, entonces presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, concedió a la Comunidad de Madrid un préstamo de 80 millones de euros que Aguirre transfirió íntegramente a la entidad.
Pero los objetivos se diluyeron pronto. Las devoluciones anuales pactadas nunca se cumplieron y el agujero económico ha acabado superando los 50 millones de euros, que ahora paga el erario público madrileño.
Durante más de una década, el Gobierno regional —tanto bajo Aguirre, como bajo Cristina Cifuentes y ahora Ayuso— ha negado sistemáticamente el acceso a la información alegando que la publicación de las cuentas podía causar “un perjuicio real y directo” a las empresas implicadas.
El Supremo ha desmontado ese argumento. En su auto recuerda que, al tratarse de fondos públicos, la transparencia es obligatoria y no puede restringirse “sin una motivación específica y acreditada del perjuicio concreto”. En otras palabras: no hay excusa para esconder cómo se ha gastado el dinero público.
Pagos al despacho de Montoro
Las sospechas sobre Madrid Network se centran en su vinculación con el despacho fundado por el exministro Cristóbal Montoro, que recibió al menos 1,8 millones de euros de la entidad. El fallo judicial abre ahora el camino para conocer los detalles de esos contratos y posibles relaciones con dirigentes del Partido Popular madrileño.
El Supremo, con su resolución, reactiva un caso que parecía enterrado, y que puede tener implicaciones políticas en la actual legislatura.
El PSOE exige una auditoría completa
El Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid ha pedido a la Cámara de Cuentas una auditoría integral de la actividad económica y contractual entre el Gobierno regional y Madrid Network. Según el PSOE, la entidad recibió subvenciones y ayudas públicas por valor de más de 70 millones de euros “sin control ni transparencia”.
El portavoz adjunto socialista, Fernando Fernández Lara, ha subrayado que “los madrileños tienen derecho a conocer cuál ha sido la relación del Gobierno madrileño con esta entidad bajo sospecha, más aún si tenemos en cuenta que una de las personas que trabajó en Madrid Network es la propia presidenta Ayuso”.
El grupo socialista ha presentado más de 90 iniciativas parlamentarias sobre este asunto y ha solicitado la comparecencia de la consejera de Hacienda, Rocío Albert, para que explique el destino de los fondos. Todas las solicitudes han sido rechazadas por el Ejecutivo regional.
“Una línea que une Aguirre y Ayuso”
La oposición considera que Madrid Network es el hilo que conecta las viejas tramas del PP madrileño con el presente. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, lo define como “la línea de puntos que une la etapa corrupta de Aguirre con los orígenes políticos de Ayuso”.
“Recordemos que Ayuso trabajó en esa entidad, colocada por su mentora, y todavía no ha explicado a qué se dedicaba cuando cobraba de ese chiringuito”, señaló Bergerot, que acusa al Gobierno regional de mantener “una cultura del ocultismo y la impunidad”.
Según la portavoz, “las subvenciones canalizadas por Madrid Network suponen un agujero de al menos 50 millones de euros, dinero que podría haber acabado en los bolsillos de amigos y amiguísimos del Partido Popular. Si no quieren que se conozcan sus cuentas, es porque tienen algo que ocultar”.
Transparencia y control público
El caso reabre un debate de fondo sobre los chiringuitos público-privados en la Comunidad de Madrid. Se trata de entidades que, pese a su apariencia privada, manejan dinero público y deberían estar sujetas al mismo nivel de control que cualquier organismo de la Administración.
Madrid Network, concebida inicialmente como una red para fomentar la cooperación entre empresas y centros de investigación, terminó actuando como una estructura opaca, sin rendición de cuentas y con un historial de deudas millonarias.
Ayuso se desmarca, pero sin margen
La Comunidad de Madrid intenta ahora distanciarse de la gestión de Aguirre, alegando que “no puede rendir cuentas de administraciones anteriores”. Sin embargo, el Supremo ha sido tajante: el Gobierno actual es responsable de entregar las memorias y garantizar la transparencia de los fondos.
El fallo supone un golpe político para Ayuso, que en los últimos años ha evitado dar explicaciones sobre su paso por la entidad y sobre los vínculos económicos entre Madrid Network y el entorno del PP.
La oposición ya prepara nuevas iniciativas y no descarta acudir al Tribunal Constitucional si el Gobierno regional persiste en su bloqueo.
El caso es un espejo de los excesos del poder en la Comunidad de Madrid: una historia de dinero público, opacidad y responsabilidades diluidas. La Justicia ha hablado con claridad: los fondos públicos no son patrimonio de ningún partido ni de ningún gobierno. Y ahora, por fin, los madrileños podrán saber qué se hizo con su dinero.