La nueva documentación reabre el debate sobre la relación entre los negocios del empresario y el principal contratista sanitario de la Comunidad de Madrid. La investigación judicial que afecta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha incorporado nuevos datos que vuelven a situar el foco sobre sus relaciones empresariales con el grupo sanitario Quirón. Un informe de la Agencia Tributaria remitido al juzgado que instruye una de las causas abiertas contra el empresario cifra en 4,4 millones de euros la facturación obtenida a través de sus sociedades entre 2021 y 2023 por trabajos realizados para Quirón Prevención.
La documentación, conocida este jueves, aporta por primera vez una fotografía completa de los ingresos obtenidos durante esos tres ejercicios, coincidiendo con los primeros años de la relación sentimental entre González Amador y la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Según los datos trasladados por Hacienda al juez instructor, las cantidades percibidas proceden de las sociedades Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker, utilizadas por el empresario para prestar servicios de consultoría y auditoría relacionados con sistemas de calidad.
Una facturación millonaria bajo examen
Los números recogidos en el informe muestran una evolución significativa. En 2021, las empresas vinculadas a González Amador facturaron algo más de un millón de euros a Quirón Prevención. En 2022, la cifra se aproximó a los dos millones. En 2023 volvió a superar ampliamente el millón de euros.
La suma total asciende a 4,4 millones de euros, una media cercana a 1,5 millones anuales.
La relevancia de estas cantidades no radica únicamente en su volumen económico. Lo que preocupa a los investigadores es la forma en que parte de esos ingresos fueron canalizados a través de Masterman & Whitaker, sociedad que ya había sido objeto de observaciones por parte de la Agencia Tributaria en actuaciones anteriores.
Hacienda sostiene que existen "indicios de simulación" en determinadas operaciones realizadas mediante esa empresa. La expresión utilizada por la Agencia Tributaria no supone una condena ni una declaración de culpabilidad, pero sí refleja la existencia de sospechas que justifican la continuidad de las investigaciones administrativas y judiciales.
Dos causas penales y varias inspecciones abiertas
Actualmente, González Amador se encuentra vinculado a dos procedimientos distintos. Por un lado, está pendiente la causa relacionada con un presunto fraude fiscal correspondiente a ejercicios anteriores. En ese procedimiento, la Fiscalía y la Abogacía del Estado han mantenido acusaciones por delitos tributarios derivados, supuestamente, de la utilización de facturas consideradas ficticias.
Por otro, continúa la investigación relativa a su relación empresarial con directivos de Quirón Prevención. Esta segunda línea de trabajo judicial examina diversas operaciones mercantiles, entre ellas la compra de una sociedad que pertenecía a la esposa de un alto cargo de la compañía.
El juzgado trata de determinar si aquella adquisición respondió exclusivamente a criterios empresariales o si pudo encubrir otro tipo de contraprestaciones.
Mientras tanto, la Agencia Tributaria ha comunicado que mantiene actuaciones inspectoras sobre Quirón Prevención, Quirónsalud y otros intervinientes relacionados con los hechos investigados.
El papel de Quirón en la sanidad madrileña
La aparición constante del nombre de Quirón en la investigación ha incrementado el interés público por el caso.
El grupo sanitario mantiene una posición estratégica dentro del sistema sanitario madrileño gracias a la gestión de diversos hospitales públicos bajo fórmulas de colaboración público-privada. Durante años ha sido uno de los principales receptores de fondos procedentes de la Comunidad de Madrid para la prestación de servicios sanitarios.
Aunque no existe ninguna resolución judicial que establezca una relación irregular entre esos contratos públicos y los negocios de González Amador, la coincidencia entre ambos ámbitos ha alimentado las críticas de la oposición y ha convertido el asunto en un elemento permanente del debate político madrileño.
Los partidos de izquierdas sostienen que la situación exige el máximo nivel de transparencia por parte de la presidenta autonómica. Desde el Gobierno regional, por el contrario, se insiste en que las actividades empresariales de González Amador pertenecen al ámbito privado y no guardan relación con la acción política de Ayuso.
La defensa de Miguel Ángel Rodríguez
La publicación de los nuevos datos provocó una inmediata reacción del entorno de la presidenta. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete y principal asesor político de Ayuso, rechazó las interpretaciones que vinculan la evolución de los negocios de González Amador con la actividad institucional de la Comunidad de Madrid.
EL PAÍS lanza insidias sobre los contratos de la Comunidad de Madrid y González Amador, a partir del año 2021. Quede claro: el último contrato con QUIRÓN fue del año 2010. La presidenta no estaba ni pensada. No pueden tapar que las hijas de Zapatero van Pá’lante
— MÁR (@marodriguezb) June 18, 2026
Rodríguez calificó de "falsa" e "insidiosa" la información que relaciona la facturación del empresario con la etapa en la que mantiene una relación sentimental con la presidenta madrileña.
Sin embargo, las cifras incorporadas al procedimiento judicial proceden de documentación elaborada por la propia Agencia Tributaria y remitida oficialmente al juzgado encargado de la investigación.
Las declaraciones del asesor también han generado polémica por sus críticas a Hacienda. Sus palabras han sido duramente cuestionadas por los grupos parlamentarios de la oposición, que consideran improcedente desacreditar a una institución pública encargada de la persecución del fraude fiscal.
Esto puedo deciros a día de hoy: Zapatero va Pá’lante; las hijas de Zapatero van pá’lante; la mujer de Pedro Sánchez va Pá’lante; el hermano va pá’lante; Ávalos y Koldo van pá’lante;… Y Pedro Sánchez irá pá’lante
— MÁR (@marodriguezb) June 18, 2026
Una crisis que no desaparece
Cinco años después de que la relación entre Isabel Díaz Ayuso y Alberto González Amador se hiciera pública, el caso continúa generando nuevos episodios judiciales, políticos y mediáticos.
La presidenta madrileña ha construido buena parte de su liderazgo sobre un discurso centrado en la gestión económica, la libertad empresarial y la crítica constante al Gobierno central. Sin embargo, la sucesión de informaciones sobre las actividades económicas de su pareja ha terminado convirtiéndose en uno de los principales puntos vulnerables de su proyecto político.
A día de hoy, ninguna de las investigaciones abiertas ha concluido y los tribunales siguen recopilando información para determinar si existieron o no responsabilidades penales.
Lo que sí parece evidente es que la publicación de este nuevo informe de Hacienda garantiza que el denominado "caso González Amador" seguirá ocupando un lugar destacado en la agenda política madrileña durante los próximos meses. Cada nuevo documento incorporado a la causa aumenta la presión sobre el entorno de Ayuso y alimenta una controversia que, lejos de apagarse, continúa creciendo a medida que avanzan las investigaciones judiciales y tributarias.