La comunidad educativa madrileña —familias, profesorado, estudiantes y sindicatos— ha alzado la voz contra la prohibición de símbolos y actividades de apoyo a Palestina en centros públicos anunciada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Un total de 89 asociaciones de madres y padres han suscrito ya un comunicado que defiende la libertad de expresión y de cátedra, mientras al menos 10 centros han recibido órdenes verbales de cesar iniciativas de sensibilización y retirar banderas o camisetas, según el colectivo docente Marea por Palestina: educación contra el genocidio. Las movilizaciones llegan acompañadas de un clamor por la financiación estable, justa y suficiente de la universidad pública, con concentraciones sindicales en la Universidad de Alcalá de Henares.
No es adoctrinamiento: es educación en derechos humanos
Las asociaciones firmantes recuerdan que trabajar en clase el derecho internacional humanitario, la defensa de la infancia y la educación para la paz es parte del currículo y de la misión de la escuela pública. “Se trata de formar conciencia crítica, no de imponer consignas”, señalan. Esa es también la posición de equipos directivos y claustros que, desde 2023, han programado actividades pedagógicas —charlas, murales, lecturas guiadas— al hilo de una guerra que impacta a diario en los medios y en la conversación social.
La directora del colegio Nuestra Señora de la Paloma, Sandra Valiente, lo resume con claridad: “No se dan cuenta de que esto va a provocar una rebelión”. En su centro, alumnado y familias pintaron un Guernica con los colores palestinos: una forma de contextualizar el presente a través de la memoria cultural española. Si ayer se visibilizó la guerra de Ucrania con cajas solidarias, hoy no puede censurarse la bandera palestina ni una camiseta con una sandía —símbolo reconocido de la solidaridad civil— sin quebrar la coherencia y el principio de neutralidad exigible a la administración.
Ladillo: sindicatos en defensa de la escuela y la universidad públicas
Los sindicatos UGT, CCOO y CGT han convocado a la comunidad universitaria para reclamar a la Comunidad de Madrid un modelo de financiación plurianual, transparente y suficiente. La protesta en Alcalá de Henares ha coincidido con la apertura del curso 2025-2026 y ha puesto el foco en la situación de la UCM, obligada a solicitar un préstamo extraordinario. Para las organizaciones convocantes, es un “parche” que compromete la autonomía universitaria y no resuelve un problema estructural de recursos.
“La educación pública no se vende, se defiende”, han coreado estudiantes y personal, junto a consignas por el fin del genocidio en Gaza. La presencia de banderas palestinas junto a las pancartas por la financiación evidencia que defender servicios públicos y defender derechos humanos forma parte de una misma agenda cívica: escuelas y universidades abiertas, críticas y libres de censura.
Libertad de cátedra y autonomía de centros: la ley ampara a la comunidad educativa
Las órdenes verbales para retirar símbolos o cancelar actividades vulneran principios básicos del sistema educativo: la autonomía de los centros, la libertad de cátedra y la participación de las familias. No es la primera vez que la Comunidad de Madrid asume un doble rasero: permitió campañas solidarias con Ucrania en 2022 dentro de los centros, mientras que ahora califica de “adoctrinamiento” cualquier gesto de solidaridad con la población civil palestina. Esa incoherencia institucional erosiona la confianza y politiza lo que debería ser un ámbito de derechos y pedagogía.
Marea por Palestina ha anunciado acciones legales frente a la inspección educativa cuando actúe por encima de sus competencias y sin resoluciones escritas. Las familias, por su parte, mantendrán actividades de sensibilización y convivencia, subrayando que la escuela pública no es un laboratorio de censura, sino un lugar donde las y los menores aprenden a pensar, dialogar y respetar.
Cargar contra Ayuso: prohibir no educa, divide
La estrategia de la presidenta madrileña —etiquetar como “kale borroka” protestas pacíficas, premiar a la organización de la Vuelta tras una manifestación crítica y prohibir símbolos de apoyo a Palestina— responde a una política de confrontación que divide a la sociedad madrileña y criminaliza la disidencia. Prohibir banderas, camisetas o murales no mejora los resultados educativos, no baja ratios, no amplía plantillas ni becas, no repara aulas y, desde luego, no enseña derechos humanos.
Los sindicatos lo expresan con nitidez: “La prioridad es invertir en la escuela y la universidad públicas, no censurar a su comunidad”. Si la Comunidad de Madrid desea centros “despolitizados”, la vía no es la mordaza, sino recursos, estabilidad y respeto a la labor docente.
La solidaridad no se veta: se aprende y se ejerce
Las respuestas de la comunidad educativa demuestran que Madrid no va a callar. Las 89 AMPAs firmantes y los centros que han recibido amenazas de sanción no renunciarán a educar en paz, derechos y empatía. La bandera palestina, como ayer la ucraniana, no es un arma: es un símbolo de rechazo a la barbarie. Y en un aula, los símbolos tienen sentido cuando se explican, se debaten y se contrastan con hechos y normas.
Por eso, familias, docentes y estudiantes convocan a mantener las actividades previstas —debates, talleres, jornadas de convivencia— y a hacerlo con total transparencia, invitando a inspección y a la administración a acudir, escuchar y aprender. Quien prohíbe no educa: solo silencia.
Exigen:
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Derogación inmediata de cualquier instrucción verbal o escrita que limite la libertad de expresión pacífica en los centros y la presencia de símbolos solidarios como la bandera de Palestina.
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Respeto estricto a la libertad de cátedra, la autonomía de los centros y la participación de las familias.
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Mesa de financiación con sindicatos y comunidad universitaria para un acuerdo plurianual que garantice medios, plantillas, becas y mantenimiento.
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Protocolos pedagógicos para trabajar conflictos internacionales desde los derechos humanos, con materiales oficiales y acompañamiento docente.
La educación pública madrileña no necesita mordazas: necesita recursos, diálogo y derechos. Mientras haya niñas y niños bajo las bombas, las aulas no pueden mirar hacia otro lado. Madrid será solidaria o no será.