El PSOE ha reconocido ante la justicia haber pagado casi 45.000 euros a Leire Díez por una serie de servicios prestados durante un periodo de dos años. Esta revelación, remitida formalmente a través de un escrito de los servicios jurídicos de la formación, supone un giro radical y una rectificación en toda regla de la versión oficial que el partido había sostenido inicialmente en sede judicial.
Hasta este momento, la versión contable que los socialistas habían puesto sobre la mesa limitaba de forma drástica la relación económica con la exmilitante cántabra, asegurando que el montante total apenas superaba los quince mil euros por unas tareas puntuales de asesoría de comunicación durante el ejercicio de 2017. Sin embargo, la insistencia del titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, ha obligado a una profunda revisión de la contabilidad de la federación cántabra del partido. Esta auditoría interna ha terminado por sacar a la luz una vinculación contractual mucho más prolongada y lucrativa de lo admitido en un primer momento, elevando la cifra total de los abonos institucionales hasta los 44.859,4 euros en términos brutos.
La documentación que ahora obra en poder del magistrado desglosa esta relación económica en dos etapas claramente diferenciadas bajo el paraguas del régimen de trabajadores autónomos. El primer vínculo laboral se extendió desde septiembre de 2015 hasta finales de febrero de 2017, un periodo en el que la investigada percibió casi treinta y tres mil euros. El segundo acuerdo, que expiró de forma abrupta en septiembre de ese mismo año tras una rescisión unilateral por parte de la organización territorial de Cantabria, contempló un desembolso adicional que incluía la correspondiente indemnización por despido.
La trascendencia de este baile de cifras no reside únicamente en el descuadre contable, sino en la gravedad de los delitos que se dirimen en el procedimiento. Sobre Leire Díez pesan acusaciones tan graves como cohecho y tráfico de influencias, en el marco de una macrocausa que la opinión pública y los investigadores ya denominan abiertamente como las cloacas del PSOE. La sospecha de que fondos procedentes de las arcas de una formación política pudieran haber financiado actividades ilícitas sitúa el foco del análisis en los mecanismos de control interno y en el verdadero propósito de estas contrataciones en la periferia del partido.
El horizonte procesal para el entorno socialista se complica de manera exponencial al comprobar que este frente judicial no es el único que permanece abierto. Mientras los juzgados ordinarios de Madrid desbrozan el camino de la facturación formal, el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, lidera una investigación paralela sobre la financiación en la sombra de esta presunta trama de espionaje y presión mediática. Las sospechas que maneja la Fiscalía de la Audiencia Nacional apuntan a que la exmilitante podría haber estado percibiendo asignaciones mensuales opacas que rondaban los cuatro mil euros, una cantidad cuyo objetivo final distaba mucho de las habituales funciones informativas de una periodista.
Los indicios que manejan los investigadores sugieren que esta corriente de fondos tenía como misión principal desestabilizar las causas judiciales que afectaban al PSOE, tratando de torpedear las líneas de investigación de los tribunales y de desacreditar a los adversarios políticos mediante filtraciones interesadas. La doble imputación de Díez en diferentes instancias judiciales estrecha de forma peligrosa el cerco sobre la actual dirección del partido. Las pesquisas policiales intentan determinar si esta supuesta estructura paralela operaba de manera autónoma en los territorios o si, por el contrario, respondía a una coordinación directa desde la Secretaría de Organización del PSOE, un área de máxima confianza que lidera Santos Cerdán y que ahora debe gestionar el impacto de un escándalo de consecuencias políticas aún imprevisibles.