El PP agita el fantasma de la quiebra para justificar un hachazo a las pensiones

La portavoz parlamentaria del Partido Popular encontró en un micrófono amigo el escenario perfecto para soltar la bomba. Sin temblarle la voz, aseguró que el sistema público de pensiones va a colapsar. Sí, así, sin anestesia. Un vaticinio apocalíptico que, de un plumazo, coloca a la generación del baby boom en el ojo del huracán económico. Pero cuando se profundiza en el análisis de los datos y los informes oficiales, la narrativa del desastre inminente empieza a mostrar grietas. Grietas técnicas, insostenibles, que no resisten un análisis serio.

Una cosa es reconocer que la población envejece, eso es un hecho, no una opinión, y otra muy distinta es convertir ese desafío de gestión presupuestaria en la prueba irrefutable de que el barco se hunde. Ahí está la trampa conceptual. El sistema español de pensiones no es una pirámide demográfica que se desmorona por sí sola. Se sostiene sobre el principio de solidaridad intergeneracional y el mecanismo de reparto y su salud financiera no depende exclusivamente de cuántos nacen o cuántos mueren. Depende de un algoritmo dinámico donde entran en juego la tasa de empleo, la calidad de los salarios, la productividad del tejido empresarial y, de manera determinante, la voluntad política de inyectar transferencias desde los Presupuestos Generales del Estado. O sea, que no es solo cuestión de pirámides. Es cuestión de decisiones.

Los datos de la AIReF desmienten el abismo sin retorno

Para calibrar el rigor del discurso apocalíptico del PP, nada mejor que acudir a las evaluaciones oficiales. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en su exhaustivo informe de mayo de 2026 sobre la sostenibilidad del gasto en pensiones, dibuja un panorama exigente, sí. Pero categóricamente alejado de la quiebra implícita que se agita desde Génova. La regla legal fijada por el marco normativo se cumple en los escenarios proyectados para el periodo 2022-2050. Traducido: la caja común de la Seguridad Social no está herida de muerte. Ni mucho menos.

Claro que el organismo supervisor advierte sobre riesgos estructurales severos a largo plazo. Faltaría más. Mantener el gasto sin reformas adicionales podría situar la deuda pública en el 123% del PIB a mediados de siglo. Eso es un reto contable de envergadura. Pero de ahí a decir que el sistema colapsa hay un abismo. Un abismo colosal. Porque con una ratio de 2,51 cotizantes por cada pensionista, el nivel más elevado registrado desde 2011, según certifica el Ministerio de Inclusión, la afirmación de que el país carece de trabajadores suficientes para sostener la masa prestacional no solo es engañosa, es que omite, deliberadamente, el impacto positivo que la inmigración laboral y la integración de la mujer ejercen sobre la caja de cotizaciones. Y eso, amigo lector, no es un detalle menor.

Piénselo un momento. 2,51 afiliados por cada pensionista. Eso significa que, hoy, hay más gente trabajando y cotizando que hace una década. No es un dato menor. Es la prueba de que el sistema tiene capacidad de absorción. De que la realidad, tozuda ella, desmiente a quienes pintan el futuro como un páramo sin retorno.

Feijóo: entre la promesa del IPC y el fantasma de 2013

Pero el verdadero nudo gordiano para el Partido Popular no reside únicamente en las discrepancias de su portavoz. El problema es más profundo. Es el equilibrismo retórico de su presidente. Alberto Núñez Feijóo ha tratado de sofocar el fuego comprometiéndose solemnemente a blindar la actualización de las prestaciones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC). Una promesa diseñada, cómo no, para calmar a un caladero de más de nueve millones de votantes pensionistas pero que choca de frente con los antecedentes legislativos de su propia formación y con las recetas que le exigen sus socios potenciales de Gobierno, esto es, la extrema derecha.

Conviene hacer memoria. Para situar el compromiso del líder gallego en su justo término histórico. En diciembre de 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la controvertida Ley 23/2013. Una norma que desacopló la subida de las nóminas públicas de la inflación real. Aquel diseño impuso un Índice de Revalorización del Sistema que encadenó las subidas al suelo técnico del 0,25% anual en periodos de déficit. Traducido: condenó a los jubilados a una pérdida continuada de poder adquisitivo frente al encarecimiento del coste de la vida. La norma también introdujo el llamado factor de sostenibilidad. Un coeficiente reductor ligado al incremento de la esperanza de vida. Destinado, en la práctica, a mermar la cuantía inicial de los nuevos jubilados. O sea, a cobrar menos desde el primer día.

Ahora Feijóo promete respetar la revalorización automática instaurada por la reforma de 2021. Bien. Pero entonces, la pregunta técnica resulta ineludible: ¿de dónde saldrán los recursos para cuadrar el balance si se descartan las inyecciones de ingresos y se valida el diagnóstico de quiebra formulado por su propia portavocía? Agitar el fantasma de la inviabilidad del modelo mientras se promete mantener intacta la factura de las prestaciones actuales es una pirueta política de imposible encaje contable. Una cosa es predicar y otra dar trigo. Y aquí, el trigo no aparece por ningún lado.

Exagerar el diagnóstico para justificar el hachazo

La insistencia en catalogar el sistema público como un barco a la deriva responde a una conocida estrategia de comunicación política. No es casualidad. No es un error. Es un método. Al instalar en la opinión pública la percepción de que la caja común está exhausta, se prepara el terreno psicológico. Se abona el terreno para que la ciudadanía acepte como males menores medidas que, en otro contexto, generarían un rechazo social masivo. Retrasar la edad legal de jubilación. Endurecer los periodos de cómputo para el cálculo de la base reguladora. Penalizar de forma severa las retiradas anticipadas. Todo ello pasa a presentarse como sacrificios inevitables para salvar el modelo. Como si no hubiera otra salida. Como si el fatalismo contable fuera la única verdad posible.

Pero el reto de la longevidad exige rigores presupuestarios, solvencia técnica y un gran pacto de Estado que garantice la equidad entre generaciones. Eso es indudable. Lo que no admite el rigor analítico es la simplificación interesada que confunde la necesidad de ajustes con la defunción del sistema. La Seguridad Social en España afronta un desafío demográfico de envergadura. Cierto. Pero cuenta con margen fiscal y capacidad de atracción de empleo para sostener su arquitectura pública. Presentar la privatización o el tijeretazo como las únicas salidas posibles no es un diagnóstico económico. Es una opción ideológica disfrazada de fatalismo contable. Y eso, se mire por donde se mire, no es periodismo. Es propaganda.

La trampa de las palabras

Hay algo profundamente revelador en la forma en que se construye el discurso del colapso. Se eligen las palabras con cuidado. Se dice “insostenible” en lugar de “complejo”. Se dice “quiebra” en lugar de “reto”. Se dice “colapso” en lugar de “transformación”. El lenguaje no es neutral. Nunca lo ha sido. Y en política, menos. Porque las palabras crean realidades. O, al menos, crean la percepción de la realidad. Y cuando esa percepción se instala en el imaginario colectivo, las medidas que antes parecían impensables se vuelven inevitables. Así funciona el juego.

Los datos, sin embargo, son tozudos. La AIReF lo deja claro. El sistema cumple con la regla legal. La ratio de cotizantes por pensionista está en máximos desde 2011. La inmigración laboral y la incorporación de la mujer al mercado de trabajo han ensanchado la base de cotización. No son milagros. Son realidades. Realidades que desmontan, una por una, las piezas del relato apocalíptico. Pero el relato, ya se sabe, tiene vida propia. Y se alimenta de miedos. De incertidumbres. De ese runrún que dice que “esto no puede durar”. Que “algo habrá que hacer”. Que “mejor será prepararse para lo peor”.

Nadie responde a la pregunta

En medio de este ruido, hay una pregunta que flota en el aire, una pregunta que los portavoces del apocalipsis evitan cuidadosamente. Si el sistema va a colapsar, si la caja está exhausta, si no hay trabajadores suficientes, ¿cómo se explica que la ratio de cotizantes sea la más alta en más de una década? ¿Cómo se explica que el gasto en pensiones se haya mantenido dentro de los parámetros legales? ¿Cómo se explica que la AIReF no certifique la quiebra? La respuesta, aunque incómoda, es sencilla: porque el colapso no es un hecho. Es un relato. Una narrativa que sirve a unos intereses concretos, los intereses de quienes quieren justificar recortes que, de otro modo, resultarían inadmisibles.

Porque no nos engañemos. Hablar de “sostenibilidad” es hablar de recortes. Hablar de “ajustes” es hablar de tijeretazos. Hablar de “reformas estructurales” es hablar de privatizaciones encubiertas. El lenguaje, una vez más, lo cambia todo. Y quienes dominan el lenguaje, dominan el debate. O eso creen.

Medios al servicio de los intereses de partido

Y aquí entramos en un terreno pantanoso. Porque los medios de comunicación no son meros observadores. Son actores. Actores que, en ocasiones, amplifican el relato del colapso sin contrastarlo. Sin preguntar. Sin exigir datos. Se publican titulares alarmantes. Se reproducen declaraciones sin contexto. Se alimenta la bola de nieve. Y la bola, claro, crece. Crece hasta convertirse en una avalancha. Una avalancha que, paradójicamente, allana el camino a quienes quieren desmantelar el sistema público. 

Pero no es inevitable. No es inevitable si se toman las decisiones correctas. Si se apuesta por el empleo de calidad. Si se combate la precariedad laboral. Si se integra a la inmigración de manera ordenada y justa. Si se cierra la brecha de género en el mercado de trabajo. Si se inyectan recursos desde los Presupuestos Generales del Estado cuando sea necesario. Todo eso es posible. Todo eso está sobre la mesa. Pero requiere voluntad política. Y, sobre todo, requiere honestidad intelectual. Algo que, por desgracia, escasea.