El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha encontrado en los resultados del informe PISA 2025 un nuevo argumento para presumir de su gestión educativa, pero la lectura completa de los datos ofrece una realidad bastante menos triunfalista. Madrid ocupa el primer puesto autonómico en matemáticas y ciencias, pero sus estudiantes han empeorado sus resultados respecto a 2022 en las tres competencias evaluadas. Una circunstancia que desaparece del relato cuando se pretende utilizar la clasificación para desacreditar las movilizaciones de profesores y estudiantes.
El deterioro no es menor. En lectura, Madrid ha pasado de 496 a 469 puntos, una caída de 27; en matemáticas, de 494 a 477, un retroceso de 17; y en ciencias, de 502 a 495, siete puntos menos. Son las cifras de una comunidad que conserva una posición destacada frente a otros territorios, pero cuyo alumnado obtiene resultados inferiores a los registrados tres años antes.
La diferencia entre encabezar una clasificación y mejorar la calidad de la enseñanza debería resultar elemental. Sin embargo, esa distinción se pierde cuando los datos educativos se convierten en munición política contra quienes reclaman más medios para los centros públicos.
Unos resultados que no justifican el triunfalismo
El informe PISA permite comparar el rendimiento de estudiantes de aproximadamente 15 años en lectura, matemáticas y ciencias. No mide las condiciones laborales del profesorado, las necesidades presupuestarias de las universidades ni el estado de las infraestructuras educativas. Tampoco determina si una administración está negociando adecuadamente con sus trabajadores.
Por eso resulta especialmente cuestionable enfrentar los resultados académicos con el derecho de huelga, como si obtener una puntuación elevada obligara a los docentes a aceptar sus condiciones laborales sin protestar.
La comparación con Finlandia, utilizada también para ensalzar el sistema madrileño, exige igualmente precisión. Madrid supera al país nórdico en matemáticas, pero queda por debajo en lectura y ciencias. Existe proximidad entre los resultados, pero no una superioridad general que permita convertir la referencia internacional en una acreditación de excelencia incontestable.
Además, hay una cuestión que el Ejecutivo regional debería explicar: si Madrid disfruta de un sistema educativo tan exitoso como sostiene, ¿por qué las puntuaciones de sus alumnos han descendido en todas las competencias desde la anterior evaluación?
La caída no demuestra por sí sola que las políticas de Ayuso sean las únicas responsables, pero obliga a analizar las causas antes de proclamar una victoria educativa.
Una huelga decidida antes de conocerse PISA
Uno de los argumentos más llamativos utilizados para desacreditar las protestas consiste en subrayar que los sindicatos comunicaron la convocatoria a la autoridad laboral el mismo 8 de septiembre en que se publicaron los resultados PISA.
La coincidencia resulta irrelevante cuando se examina la cronología completa.
La Asamblea Unitaria de Docentes de Madrid ya había acordado el 25 de junio sus reivindicaciones y el inicio de una huelga indefinida para el 14 de octubre. El 25 de agosto, el comité de huelga había dirigido un requerimiento de negociación a la Consejería de Educación.
Es decir, las movilizaciones estaban decididas mucho antes de la difusión de los resultados internacionales. Presentar la coincidencia administrativa como una contradicción entre el éxito educativo y las protestas equivale a ignorar deliberadamente el origen del conflicto.
La información publicada por La Razón el 6 de noviembre también sostiene que la huelga universitaria no contaba con respaldo sindical. La documentación pública demuestra exactamente lo contrario: CCOO, UGT, CGT y CNT convocaron expresamente los paros del 4 y 5 de noviembre en las seis universidades públicas de Madrid.
No se trata de una cuestión interpretativa. La convocatoria está publicada y fechada, identifica a las organizaciones participantes y detalla las razones de la movilización.
Las universidades públicas no viven de las clasificaciones internacionales
La situación de las universidades constituye otro de los aspectos que desaparecen cuando se pretende reducir el conflicto educativo a los resultados PISA.
Los sindicatos denuncian que la financiación universitaria madrileña representa aproximadamente el 0,4% del PIB regional, muy por debajo del objetivo del 1% recogido en la legislación universitaria. También cuestionan el acuerdo plurianual de financiación aprobado por el Gobierno autonómico y advierten del deterioro de las condiciones laborales, la precariedad investigadora y las dificultades para sostener adecuadamente la actividad académica.
Son reivindicaciones que merecen una respuesta presupuestaria y política, no una comparación con los resultados de estudiantes de secundaria.
A ello se añaden las demandas de los docentes de Infantil, Primaria, Secundaria y Formación Profesional, que reclaman reducir las horas lectivas, las ratios de alumnos y la carga burocrática, además de reforzar los recursos para atender la diversidad en las aulas.
El Gobierno de Ayuso puede discrepar de las propuestas sindicales, discutir su coste o defender las medidas adoptadas durante su mandato. Lo que no puede hacer razonablemente es utilizar unas puntuaciones internacionales como si resolvieran las carencias denunciadas por los trabajadores.
La tentación de convertir una noticia en propaganda
Especialmente criticable resulta que se haya decidido difundir en X una información cuyo enfoque establece una relación engañosa entre los resultados de PISA y la huelga educativa. Compartir una noticia no convierte automáticamente a quien lo hace en responsable de todos sus errores, pero tampoco lo exime de responsabilidad cuando contribuye a amplificar una interpretación que puede comprobarse y contrastarse.
La cuestión no es defender a los sindicatos por sistema ni negar los buenos resultados relativos de Madrid. Se trata de exigir un mínimo de rigor antes de presentar a miles de docentes como protagonistas de una protesta injustificada precisamente cuando las estadísticas internacionales supuestamente avalan la política educativa madrileña.
Quien utiliza PISA como argumento contra una huelga debería explicar también por qué Madrid ha perdido 27 puntos en lectura y por qué las organizaciones sindicales llevan meses reclamando una negociación sobre las condiciones de la enseñanza pública.
Resulta mucho más sencillo difundir un titular favorable al Gobierno regional que examinar las cifras completas y las causas de una movilización que afecta a todas las etapas educativas.
El seguimiento de una huelga no se mide seleccionando porcentajes
Otro recurso empleado para minimizar las protestas consiste en presentar una sucesión de cifras de participación decrecientes, desde un máximo inicial del 44,6% hasta el 5,1% registrado el 27 de octubre, aunque posteriormente el seguimiento comunicado ascendiera al 11,6%.
Sin conocer la metodología, el número de trabajadores convocados en cada jornada, los servicios mínimos aplicados y las diferencias entre los distintos sectores educativos, esas cifras no permiten establecer una conclusión definitiva sobre el respaldo acumulado a la movilización.
Tampoco conviene confundir el seguimiento de un paro indefinido con la participación en una huelga de una sola jornada. Las circunstancias económicas de los trabajadores, la alternancia en los días de protesta y las distintas convocatorias pueden explicar parte de las oscilaciones.
Mientras tanto, las movilizaciones han continuado en las calles y en las universidades. El 5 de noviembre, miles de docentes y estudiantes participaron en una manifestación que recorrió el centro de Madrid para reclamar más financiación y defender la educación pública.
El verdadero examen pendiente del Gobierno de Ayuso
Madrid puede encabezar una clasificación educativa y mantener problemas graves de financiación, organización y condiciones laborales. No existe contradicción alguna entre ambas realidades.
Lo que sí constituye una contradicción es presumir de resultados internacionales mientras se evita explicar el retroceso de las puntuaciones y se pretende desacreditar a quienes reclaman mejores recursos para enseñar.
El profesorado no está obligado a guardar silencio porque sus alumnos obtengan mejores resultados que los de otras comunidades. Al contrario, el trabajo de los docentes forma parte de las razones que explican esos resultados, y sus reivindicaciones deben evaluarse por su contenido.
La discusión que debería preocupar al Gobierno regional no es cómo utilizar PISA para desacreditar una huelga, sino cómo recuperar los puntos perdidos, garantizar una financiación adecuada y negociar con quienes sostienen diariamente el sistema educativo.
Porque liderar una clasificación no significa haber aprobado todas las asignaturas pendientes. Y en Madrid, la financiación de la educación pública y el diálogo con sus profesionales siguen esperando respuesta.
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