No suele ser habitual que un discurso institucional empiece con una historia inventada. Y, sin embargo, esa elección del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez dice mucho del propósito: aterrizar una palabra enorme —desigualdad— en una vida concreta. La protagonista se llama Ana (nombre ficticio, realidad reconocible). Tiene 30 años, trabaja en ciberseguridad y se formó en la pública: formación profesional dual, primer empleo, especialización. Su presente es el retrato de un éxito personal. Pero su biografía arrastra una escena que millones de familias españolas conocen de memoria: cuando ella era adolescente, su padre perdió el trabajo de albañil durante la crisis financiera, estuvo a punto de perder la casa y se enfrentó al vértigo de caer sin red.
El mensaje no es sentimental; es político. Ana llega donde llega, sí, porque se esfuerza, pero también porque no camina sola. Detrás de su ascenso hay seguro de desempleo, becas, servicios públicos, y una idea tan sencilla como incómoda para ciertos dogmas: la meritocracia no se sostiene sin Estado del bienestar. Si una sociedad pretende premiar el talento, primero debe impedir que el origen te condene. Dicho de otro modo: la libertad real no consiste en proclamarse libre, sino en poder desplegar el propio potencial “vengas de donde vengas”, sin que el apellido o el código postal funcionen como fronteras invisibles.
Desigualdad: un artefacto político, no una fatalidad
El discurso de Pedro Sánchez insiste en una afirmación que conviene repetir porque choca con la resignación ambiental: la desigualdad no es un hecho natural. Se construye. Aparece cuando se toman decisiones públicas (o cuando se dejan de tomar) y cuando se diseñan reglas económicas que favorecen a unos y arrinconan a otros. Y, además, se hereda: pasa de padres a hijos como una hipoteca moral que no figura en ningún registro, pero pesa en cada itinerario vital.
Esa herencia no solo rompe biografías; erosiona democracias. La advertencia es clara: los países muy desiguales multiplican el riesgo de deterioro institucional. No se trata únicamente de justicia distributiva, sino de estabilidad democrática. Una sociedad con grandes brechas es menos libre, menos productiva y —aunque suene poco académico— más infeliz: peor salud, menos movilidad entre generaciones, más sensación de inseguridad, más desconfianza en las instituciones. La desigualdad, en suma, no es un “daño colateral” del crecimiento: puede convertirse en la máquina que devora la convivencia.
Y mientras ese diagnóstico se repite en informes, la realidad global empuja hacia el escándalo: una minoría ínfima concentra una parte desproporcionada de la riqueza mundial. El problema no es solo económico; es moral y político. Cuando la riqueza se acumula arriba con esa intensidad, la democracia se encoge: el poder de decidir se desplaza de las urnas a los balances.
“Rearmarse moralmente” y poner la desigualdad en la agenda global
En un contexto de ataques al multilateralismo, la propuesta que se enuncia busca recuperar músculo internacional “moralmente, más que militarmente”. Traducido: reorientar la conversación global hacia lo que afecta a la vida cotidiana —la desigualdad— y no dejar que la agenda se fragmente entre propaganda, cinismo y ruido.
En esa línea, España apoya la creación de un grupo intergubernamental de expertos contra la desigualdad, una especie de panel permanente que reúna evidencia, marque tendencias y empuje a los gobiernos a rendir cuentas. La idea se articula con alianzas concretas (se citan países como Brasil, Noruega o Sudáfrica) y con un horizonte temporal: llevar la propuesta a la Asamblea General de la ONU en septiembre. La lógica es simple: para actuar, primero hay que comprender. Y para comprender de verdad, hacen falta datos, métodos y continuidad.
Un “estudio de generación”: seguir vidas para entender mecanismos
Aquí aparece uno de los anuncios de mayor calado: un gran estudio longitudinal, liderado por el CSIC, con el INE y la Oficina de Prospectiva de Presidencia, para seguir a miles de niñas y niños desde la infancia hasta la adultez. No es una encuesta más: es un dispositivo científico para rastrear trayectorias, detectar cómo influyen las condiciones sociales, económicas y territoriales, e identificar los mecanismos que fabrican oportunidades… o las bloquean.
La apuesta tiene dos implicaciones relevantes. La primera, técnica: construir evidencia robusta en un país donde muchas políticas se debaten a golpe de titular, no de evaluación. La segunda, democrática: “poner los datos al servicio de la investigación” y, por extensión, del diseño de políticas públicas más eficaces y más equitativas. Frente al avance del negacionismo, la respuesta que se plantea no es gritar más, sino conocer mejor. Porque solo se transforma lo que se entiende.
Tres palancas: educación, empleo y fiscalidad
El marco de acción del Gobierno, segun ha anunciado Pedro Sánchez se ordena en tres ejes, con una ambición clara: reducir desigualdad de oportunidades y también de resultados.
1) educación e igualdad de oportunidades. Se recuerda un dato: una parte significativa de la desigualdad de ingresos se explica por el origen familiar. En ese paisaje, la educación pública se presenta como el gran “trampolín”: la garantía de que el futuro dependa más de tu esfuerzo que del barrio en el que naciste. Se destaca especialmente la modernización de la formación profesional, el aumento de alumnado en estos estudios desde 2018 y la mejora de la empleabilidad juvenil. Se admite, sin rodeos, un cuello de botella que hoy funciona como muro: la vivienda, donde el abandono de lo público durante años ha dejado a muchos jóvenes sin acceso real. Y se señala otra urgencia: la pobreza infantil, frente a la que se reivindican herramientas como el ingreso mínimo vital y el complemento de ayuda a la infancia.
2) cohesión social y mercado de trabajo. La política de rentas aparece como palanca directa: subida del salario mínimo en estos años, descenso de la temporalidad tras la reforma laboral y una idea clave para entender por qué a veces “la gente no nota” el crecimiento: la desconexión entre PIB y bienestar. El discurso describe esa sensación con una imagen potente: una “trituradora de salarios” que se traga la mejora macroeconómica antes de que llegue a los hogares, alimentada por precios, rentas abusivas, costes cotidianos y beneficios empresariales récord.
3) justicia fiscal. Donde no llega el empleo, debe llegar el Estado del bienestar. Para sostenerlo, se defiende un sistema fiscal que redistribuya renta y riqueza: figuras sobre grandes fortunas, tecnológicas, banca y el papel singular del impuesto sobre el patrimonio. Y se subraya un objetivo internacional: que las multinacionales paguen un mínimo efectivo y, sobre todo, que tributen donde corresponde, no donde mejor les convenga.
La batalla de fondo: rescatar el contrato democrático
El tramo final del discurso de Sánchez convierte el diagnóstico en advertencia: privatizar recursos públicos enriquece a una minoría, pero también produce agravio y alimenta movimientos reaccionarios. Cuando los servicios se deterioran y la vida se vuelve imprevisible —ese “no me da la vida” que resume la angustia de fin de mes—, el contrato democrático se agrieta. Pagas impuestos para vivir mejor; si esa promesa falla, la desafección crece.
De ahí la tesis principal del diálogo de alto nivel "Desigualdad: es hora de actuar", clausurado por el presidente Pedro Sánchez: la igualdad no es una fantasía, sino una elección política. Y, en un mundo que intenta vender la desigualdad como destino, la alternativa pasa por una democracia que se tome en serio a la mayoría social: con ciencia, con políticas públicas evaluables y con una convicción que, formulada sin adornos, suena casi subversiva por lo obvia: la única desigualdad tolerable debería ser, como mucho, la del tamaño de nuestros sueños.