La información publicada por eldiario.es sobre la presencia de Alberto González Amador en la intranet de Quirón Prevención bajo una identidad ficticia ha abierto un debate que va mucho más allá de un simple alias administrativo. La revelación de que figuraba internamente como “Alberto Burnet González” —y que esa identidad falsa estaba asociada a un correo corporativo y a un puesto descrito como “Director de Proyectos”— ha obligado a aclarar conceptos que suelen darse por sabidos, pero que para la ciudadanía resultan excesivamente técnicos.
Para empezar, conviene explicar qué es exactamente la intranet de una gran compañía. No se trata de una página web pública ni de una simple libreta de direcciones: es un entorno de trabajo interno, reservado a quienes intervienen de manera continua en los procesos de la empresa. En ella se almacenan documentos, se gestionan proyectos y se accede a sistemas corporativos. Entrar en esa intranet, figurar con un cargo y disponer de un correo asociado no significa necesariamente ser empleado, pero sí indica una vinculación estrecha con el funcionamiento interno de la organización. Por eso el dato es tan significativo: no es habitual que un proveedor externo se integre en el organigrama operativo con un nombre inventado.
Qué significa tener un correo corporativo si no eres empleado
Quirón Prevención sostiene que más de 1.500 colaboradores externos cuentan con correos corporativos. Pero también reconoce que estos accesos se conceden únicamente cuando es imprescindible para las tareas asignadas y siempre bajo criterios de seguridad. En la práctica, esto quiere decir que no todo proveedor tiene un correo del grupo ni, mucho menos, aparece en la intranet con un puesto específico. La integración de González Amador con un alias asociado a una de sus propias sociedades —Burnet & Brown Investments, registrada en Florida— resulta, como mínimo, extraordinaria.
Otro punto que requiere explicación es la distinción entre personal interno, externo y mercantil. Las empresas sanitarias trabajan con múltiples figuras laborales: empleados propios, trabajadores procedentes de empresas colaboradoras y profesionales autónomos contratados para servicios puntuales. Sin embargo, independientemente del tipo de contrato, la empresa debe mantener un registro exacto de quién accede a sus sistemas, por qué motivo y bajo qué identidad. La presencia de un nombre falso entra en conflicto directo con estas obligaciones mínimas de trazabilidad.
Las conexiones empresariales que rodean al caso
La investigación también señala un elemento que agrava el asunto: la relación comercial entre González Amador y directivos de Quirón Prevención, en especial con su presidente, Fernando Camino. Ambos han compartido negocios y sociedades, y su vinculación se intensificó a partir de 2021, coincidiendo con la relación personal de González Amador con la presidenta madrileña. Durante ese periodo, los pagos de Quirón Prevención a González Amador se multiplicaron por cuatro, superando el millón de euros, mientras la Comunidad de Madrid duplicaba las transferencias públicas al gigante sanitario, alcanzando casi 5.000 millones en apenas tres años.
La acumulación de estos datos no prueba por sí misma un delito, pero sí dibuja un ecosistema de relaciones poco transparente. A la ciudadanía se le acumulan las preguntas:
¿por qué necesitaba González Amador una identidad falsa?,
¿quién autorizó su presencia en la intranet?,
¿qué funciones desempeñaba realmente dentro del grupo?,
¿por qué se mantuvo este sistema incluso tras la denuncia por fraude fiscal?
A esto hay que añadir el fallo reciente del Tribunal Supremo, que certifica la eficacia del bulo difundido por Miguel Ángel Rodríguez —jefe de gabinete de Ayuso— para proteger públicamente a González Amador. Según el tribunal, aquella maniobra logró sembrar dudas sobre informaciones veraces, desviando la atención y cuestionando el trabajo periodístico. Este punto conecta directamente con el caso actual: si una persona puede ocultar su identidad real dentro de una empresa que recibe miles de millones de euros públicos, la necesidad de un periodismo crítico e independiente se vuelve aún más evidente.
También es importante explicar el alcance de la investigación judicial en curso. González Amador está siendo investigado por un juzgado madrileño por corrupción en los negocios, en un caso que incluye la compra de una sociedad a la esposa del presidente de Quirón Prevención. Esta operación se estudia como posible soborno. Que esta trama empresarial coincida temporalmente con el uso de una identidad falsa dentro de la misma compañía sanitaria refuerza las suspicacias y multiplica las exigencias de transparencia.
Un caso que va más allá de un alias
El caso plantea una cuestión institucional de fondo: ¿cómo se supervisan las relaciones entre grandes contratistas sanitarios y personas vinculadas a gobiernos autonómicos? Quirón es el mayor receptor de fondos públicos sanitarios de Madrid y, sin embargo, sus mecanismos internos permiten —o permitieron— que una persona investigada por fraude fiscal aparezca con un perfil ficticio en su intranet. La empresa asegura que se trató de un simple cambio por motivos de saturación de correos, pero la ausencia de explicaciones completas no ayuda a disipar dudas.
La última palabra la tiene un silencio: ni González Amador ni su entorno han respondido a las preguntas enviadas por el medio. Y ese silencio, en un caso que mezcla dinero público, vínculos empresariales y acceso privilegiado a estructuras corporativas, pesa cada vez más.
Mientras tanto, la ciudadanía asiste a un nuevo episodio donde la transparencia queda relegada frente a maniobras que, aunque no sean necesariamente ilegales, sí resultan incompatibles con la confianza pública. El periodismo cumple su función al revelar estas prácticas. Ahora es la Administración quien debe explicar cómo garantizará que algo así no vuelva a ocurrir.