Las seis universidades públicas madrileñas (la Complutense, la Autónoma, la Politécnica, la Carlos III, la de Alcalá y la Rey Juan Carlos) han dicho basta. Así de claro. Agrupadas en lo que han bautizado como la Coordinadora en defensa de la Universidad Pública, han convocado un paro general los días 4 y 5 de noviembre. La mecha está encendida y promete explotar.
Se trata de la escenificación de una ruptura en toda regla entre la comunidad académica y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Profesores, estudiantes, rectores y personal de administración salieron juntos en el campus de la Autónoma a calificar la política de la Puerta del Sol de «estafa». Ni más ni menos. Hablan abiertamente de una estrategia de infrafinanciación deliberada para ahogar los campus públicos, degradar la enseñanza hasta límites insostenibles y abrirle de par en par la puerta al lucrativo negocio de la universidad privada.
La motosierra presupuestaria en la región más rica
Hay datos que producen cierto escalofrío cuando se leen con calma. Mientras el Gobierno autonómico presume día sí y día también de que Madrid es el motor económico indiscutible de España, la inversión que destina a sus universidades públicas está petrificada en un mísero 0,4 % del Producto Interior Bruto (PIB) regional. Una miseria, para hablar sin rodeos.
Para hacerse una idea del despropósito: la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) fija que las comunidades autónomas deberían destinar, como mínimo, el 1 % de su PIB a la educación superior pública. Ayuso no solo se pasa esa ley estatal por donde le parece, sino que se queda a años luz de la media nacional, que ronda el 0,75 %, y muy lejos del 0,92 % que promedian nuestros vecinos europeos. «Nos piden excelencia internacional mientras nos racanean el dinero para arreglar las goteras de los laboratorios o encender la calefacción en pleno enero», comentaba indignado un profesor titular a la salida de la asamblea.
Esa falta de presupuesto se traduce en cosas muy concretas y bastante tristes: microscopios de la época de la Transición, aulas masificadas donde no cabe un alfiler, facultades que se caen a pedazos y una precariedad laboral feroz. Los jóvenes doctores e investigadores encadenan contratos de "falso asociado" por cuatro duros, mientras los mejores talentos recogen sus bártulos y se van al extranjero o a la empresa privada. Ante semejante desierto financiero, a los rectores no les queda otra que buscar patrocinios privados desesperadamente, convirtiendo los campus en escaparates comerciales.
La degradación de lo público busca clientes para la privada
A estas alturas de la película, nadie en los campus cree que esto sea un despiste contable o un apretón de cinturón por falta de fondos. Las cosas claras: es una política deliberada de bancarrota inducida. El libro de instrucciones es conocido y se ha aplicado antes en la sanidad: Primero, dejas morir de inanición a la institución pública cortándole el grifo del dinero. Segundo, la saturas, congelas plantillas y encareces los másteres habilitantes. Tercero, instalas en la opinión pública el relato de que el sistema público es ineficiente y lento. Cuarto, presentas como la gran solución el desembarco masivo de campus privados.
En Madrid, las universidades privadas han florecido en los últimos años como si fueran setas. Licencias a precio de saldo y facilidades de todo tipo para que los fondos de inversión monten complejos universitarios de lujo. El resultado es una segregación clasista de manual: mientras el estudiante de la pública se aprieta en bancos rotos de madera, el que puede pagar diez o doce mil euros al año se asegura un título con contactos de primera categoría. Se rompe así el principio básico de que la educación superior es un derecho democrático para igualar oportunidades, no una mercancía al mejor postor.
Por si fuera poco, la respuesta de Ayusoante la protesta social no ha sido sentarse a negociar, sino apretar las tuercas. Es decir, lo mismo que Milei en Argentina. Los colectivos de estudiantes denuncian que cada vez que alzan la voz se encuentran con expedientes disciplinarios, presencia policial en las facultades y acusaciones de "adoctrinamiento". Pero los portavoces universitarios han lanzado un aviso muy claro a los despachos del Ejecutivo regional: no se van a callar.
Madrid arde contra Ayuso
Si este paro del 4 y 5 de noviembre ha puesto de los nervios a más de un alto cargo en la Puerta del Sol, es porque la indignación ya no está encerrada en los campus. El movimiento universitario ha sabido conectar su lucha con el malestar social que recorre toda la educación pública madrileña.
Conviene recordar que estos paros universitarios se suman a la huelga general indefinida que sostienen los docentes de Educación Infantil, Primaria y Secundaria en Madrid desde mediados de octubre. Hay un hilo rojo que lo une todo: desde las guarderías hasta los laboratorios de doctorado, la educación pública en la región está sufriendo el mismo proceso de desmantelamiento. Profesores desbordados, ratios descontroladas y recursos bajo mínimos.
Pero la convergencia más potente y dolorosa ha llegado al tocar el verdadero drama de la juventud madrileña: la crisis de la vivienda. «De nada sirve pelear por una matrícula accesible si luego no puedes pagar la habitación del piso compartido para venir a clase», repetían los estudiantes en la asamblea.
La Coordinadora ha hecho suyo el lema «no hay educación sin vivienda» y ha anunciado su apoyo entusiasta a la huelga general por el derecho a la vivienda convocada para el 11 de noviembre. Y no les falta razón. Para miles de estudiantes que vienen de familias trabajadoras o de fuera de la región, estudiar en Madrid se ha convertido en una auténtica carrera de obstáculos financieros. Los precios disparados de los alquileres devoran el dinero de las becas y obligan a los chavales a aceptar trabajos precarios de fines de semana para no tener que abandonar la carrera. Por no hablar del profesorado ayudante o investigador, cuyos sueldos rozan a penas el mileurismo y para quienes alquilar un estudio decente en la capital es pura ciencia ficción.
Sacar las clases a las plazas
Ante la sordera de la Consejería de Educación, los sindicatos y las asambleas de estudiantes no piensan quedarse de brazos cruzados esperando a que pase el temporal. Tienen un plan trazado al milímetro para llevar el conflicto al corazón de la ciudad. El calendario arranca fuerte este 28 de octubre con una gran marcha de protesta frente a la sede de la Consejería de Educación. Un primer toque de atención para calentar motores antes de los paros de noviembre.
Pero lo más interesante llegará durante la propia semana de huelga. Bajo la consigna de «La Uni en la calle», profesores y alumnos van a sacar las lecciones, los seminarios de investigación y los debates fuera de los edificios de hormigón. Las plazas públicas, los parques de los barrios y los espacios comunitarios se van a convertir durante dos días en aulas abiertas para todo el mundo. Se trata de enseñarle a la gente de a pie qué es lo que se hace dentro de la universidad pública, por qué es crucial defender la investigación sin ataduras comerciales y qué es lo que nos jugamos todos si dejamos que la educación se convierta en un privilegio de clase.
Este movimiento va mucho más allá de una partida presupuestaria en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid. Es una batalla cultural y política en toda regla. Por un lado, está la visión que entiende la universidad como un supermercado de títulos donde quien paga manda; por el otro, la comunidad académica que exige que se cumpla de una vez la ley, se invierta el 1 % del PIB y se proteja la educación como lo que siempre debió ser: el gran motor de la igualdad y del pensamiento libre.
Los días 4 y 5 de noviembre, las aulas de la Autónoma, la Complutense, la Carlos III, la Politécnica, Alcalá y la Rey Juan Carlos amanecerán vacías. Un silencio rotundo que retumbará con fuerza en los despachos de Sol: la universidad pública madrileña está muy viva, no se vende a los fondos de inversión y, pase lo que pase, no se va a callar.
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