La investigación judicial contra Núcleo Nacional ha destapado una dimensión mucho más preocupante de las actividades de esta organización neonazi. Lo que inicialmente parecía una operación policial relacionada con delitos de odio, altercados callejeros y tenencia ilícita de armas se ha convertido en una investigación sobre una estructura extremista cuyos integrantes, según la Policía Nacional, llegaron a plantearse un «alzamiento armado» contra el sistema institucional español.
El sumario que instruye el Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón, al que ha tenido acceso El País, recoge conversaciones intervenidas, fotografías, vídeos y desplazamientos internacionales que apuntan a la existencia de una estrategia para proporcionar formación militar a miembros de la organización. El objetivo, según los investigadores, era desarrollar capacidades que posteriormente pudieran transmitirse a las distintas delegaciones territoriales del grupo.
Las conversaciones intervenidas apuntan a planes de insurrección, mientras los investigadores alertan de sus conexiones internacionales, el acceso a armas y el reclutamiento de menores
Las revelaciones se conocen cuatro días después de la operación policial del 6 de noviembre, que terminó con 14 detenidos y diez registros en siete provincias españolas, incluida la sede central de Núcleo Nacional en Madrid. Entre los arrestados figuran varios de sus principales responsables, como Iván Rico, Isabel Peralta y Enrique Lemus.
La investigación continúa abierta y sus conclusiones todavía deberán someterse al correspondiente procedimiento judicial. No obstante, el contenido conocido del sumario describe una organización cuyas aspiraciones irían mucho más allá de la propaganda neonazi y las manifestaciones de extrema derecha.
Entrenamiento con fusiles AK-47 y contactos militares en Ucrania
Uno de los hallazgos más relevantes se refiere al desplazamiento de militantes de Núcleo Nacional a Ucrania durante agosto de 2026 para recibir formación paramilitar.
La investigación identifica a Rafael B. S. y Aitor R. A., que viajaron al país en guerra y participaron en prácticas con armamento, incluidos fusiles de asalto AK-47, equipados con chalecos antibalas y material táctico.
Durante su estancia mantuvieron contactos con la 12.ª Brigada de Fuerzas Especiales Azov, integrada en la Guardia Nacional de Ucrania. Esta unidad, surgida en 2014 durante la guerra del Donbás, posee una historia marcada por sus vínculos originarios con sectores de extrema derecha, aunque posteriormente fue incorporada formalmente a las estructuras militares ucranianas.
Conviene precisar que Azov es una unidad ucraniana, no una brigada del Ejército español. Por el momento, la información conocida del sumario tampoco acredita contactos de Núcleo Nacional con unidades especiales de las Fuerzas Armadas españolas.
Las fotografías incorporadas a la investigación muestran a los militantes españoles con armas y equipamiento militar. En una de ellas aparece un integrante con un parche de simbología nazi, mientras que otros exhiben prendas vinculadas a Núcleo Nacional o con referencias a Stormfront, conocido foro internacional de propaganda supremacista blanca.
Según los investigadores, los desplazados estuvieron en Kiev, en las proximidades de la frontera rusa y en instalaciones relacionadas con actividades militares.
Las comunicaciones interceptadas también reflejan su presencia en zonas directamente afectadas por la guerra. En una conversación del 28 de agosto, uno de los militantes relató a su esposa que había estado en Járkov y que posteriormente se encontraba en una localidad gravemente destruida por los combates.
«Sin formación no va a funcionar ningún alzamiento»
La referencia al posible alzamiento armado constituye uno de los elementos más graves de la investigación. En una conversación telefónica intervenida el 12 de agosto, uno de los integrantes del grupo manifestó que «sin formación no va a funcionar ningún alzamiento». Su interlocutor respondió haciendo referencia a la necesidad de proporcionar seguridad a la estructura.
La Policía interpreta estas conversaciones dentro de una estrategia que pretendía dotar a la organización de conocimientos militares, capacidad operativa y medios materiales para afrontar una eventual confrontación con las instituciones.
Los investigadores sostienen que la formación recibida en Ucrania no estaba concebida exclusivamente como una experiencia individual, sino como una preparación que posteriormente debía extenderse a otros militantes de Núcleo Nacional en España.
En el sumario se recoge una valoración policial especialmente preocupante: la intención de disponer de formación y medios para enfrentarse e incluso sustituir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Sin embargo, debe distinguirse entre las intenciones expresadas por los investigados y la existencia de un plan insurreccional plenamente desarrollado. La información conocida acredita que la Policía investiga conversaciones sobre un posible alzamiento, pero no demuestra todavía que existieran una fecha, un dispositivo operativo completo o los recursos necesarios para ejecutarlo. Esta diferencia no reduce la gravedad de los indicios, pero resulta esencial para establecer correctamente su alcance penal.
Armas, material prohibido y una estructura con conexiones internacionales
La investigación también ha prestado especial atención al acceso de los militantes a armas de fuego y otros instrumentos potencialmente peligrosos. Una conversación intervenida el 7 de mayo permitió detectar que un integrante de la organización había comunicado a otro que disponía de una pistola y un rifle con los que pretendía realizar prácticas de tiro.
Según la información publicada sobre el sumario, los investigadores sospecharon que las armas podían proceder del mercado ilegal o haber sido introducidas desde una zona de conflicto, al considerar que el individuo carecía de la correspondiente licencia.
Durante los registros del 6 de noviembre, la Policía intervino además puños americanos y pistolas eléctricas, objetos que han adquirido relevancia en la investigación por tenencia ilícita de armas.
El procedimiento también describe contactos internacionales con organizaciones ultraderechistas de Rumanía, Francia, Hungría, Alemania y Croacia. Entre los grupos mencionados aparecen Honor et Patria, Hussards Paris, Legión Húngara, Der Dritte Weg y Prevrat. Estas relaciones forman parte de la red internacional que los investigadores atribuyen a Núcleo Nacional, aunque su existencia no demuestra por sí sola que todos sus integrantes compartieran o conocieran un eventual proyecto de insurrección armada.
El sumario recoge igualmente que la organización habría llegado a incorporar menores de apenas 14 años, un elemento que plantea interrogantes adicionales sobre sus mecanismos de captación, adoctrinamiento y formación ideológica.
La Policía aceleró las detenciones ante el riesgo de nuevos enfrentamientos
La intervención policial desarrollada el pasado viernes no respondió únicamente a los hechos investigados durante los meses anteriores. Según la documentación conocida, la Comisaría General de Información solicitó acelerar las actuaciones ante la manifestación que Núcleo Nacional había convocado para el sábado 7 de noviembre en Madrid.
Los investigadores consideraban que existía un riesgo elevado de enfrentamientos entre los integrantes del grupo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y colectivos antifascistas.
Para justificar la necesidad de intervenir, la Policía hizo referencia a la formación paramilitar recibida en Ucrania, los contactos internacionales, la posibilidad de acceder a armas de guerra y las conversaciones sobre un eventual alzamiento.
La operación permitió detener a 14 integrantes y registrar inmuebles en Madrid, Asturias, Guadalajara, Valladolid, Pontevedra, Burgos y Alicante.
La investigación judicial se había iniciado a raíz de unos incidentes ocurridos en febrero en Gijón, donde varios jóvenes denunciaron agresiones relacionadas con una concentración ultraderechista ante el monumento a los Héroes de Simancas.
Diez investigados quedan en libertad, pero bajo vigilancia judicial
Pese a la gravedad de los indicios policiales, el juzgado de Gijón acordó el pasado domingo la puesta en libertad de diez de los detenidos, de conformidad con el criterio de la Fiscalía. La magistrada les impuso la prohibición de abandonar España, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado.
La causa investiga posibles delitos de incitación al odio, asociación ilícita y tenencia ilícita de armas, una calificación provisional que podrá modificarse conforme avance la instrucción.
La libertad con medidas cautelares no supone el archivo de la investigación ni una declaración de inocencia. Tampoco confirma las acusaciones, que deberán sustentarse en pruebas sometidas a contradicción judicial.
Entre los investigados que comparecieron en Gijón figuran siete personas identificadas por la Policía como posibles miembros de la dirección de la organización.
El procedimiento deberá esclarecer qué conocimiento tenían los dirigentes sobre los entrenamientos desarrollados en Ucrania, si autorizaron o promovieron esos desplazamientos y hasta dónde llegaba la supuesta estrategia de preparación militar.
Del extremismo callejero a la amenaza de la violencia organizada
Núcleo Nacional adquirió notoriedad durante las protestas contra la Ley de Amnistía desarrolladas en Madrid a partir de noviembre de 2023. Desde entonces ha mantenido una intensa actividad de propaganda y movilización, especialmente contra la inmigración, y ha protagonizado diversos incidentes que motivaron investigaciones policiales. La revelación de los contactos internacionales y de la formación paramilitar introduce ahora un elemento cualitativamente distinto.
La preocupación ya no se limita a la difusión de ideología neonazi o a los posibles delitos cometidos durante concentraciones, sino que alcanza a la existencia de una organización que, según los indicios policiales, pretendía adquirir conocimientos y medios para desarrollar acciones violentas contra las instituciones.
Esta posibilidad obliga a examinar con especial atención los mecanismos de captación de militantes, la circulación internacional de activistas extremistas y el eventual acceso a entrenamiento militar en territorios afectados por conflictos armados.
También plantea la necesidad de aclarar qué relación mantuvieron realmente los militantes españoles con la brigada Azov y si sus actividades fueron conocidas o autorizadas por responsables de esa unidad.
La pertenencia de Azov a la Guardia Nacional ucraniana no permite atribuir automáticamente a las autoridades de Ucrania responsabilidad alguna sobre los presuntos objetivos de Núcleo Nacional. Esa cuestión exige una investigación independiente y pruebas específicas.
Lo que sí muestran los indicios recogidos por la Policía es que algunos integrantes de Núcleo Nacional no se limitaron a defender públicamente una ideología neonazi: viajaron a una zona de guerra, participaron en actividades de formación armada y mantuvieron conversaciones sobre un posible alzamiento contra el sistema institucional español.
Aclaración editorial de Dirario Sabemos
La cuestión de las brigadas especiales: qué está probado: Es importante no confundir las instituciones militares.
12.ª Brigada de Fuerzas Especiales Azov: Se trata de una formación ucraniana incorporada a la Guardia Nacional desde 2014. Su condición actual está documentada tanto por la unidad como por la Presidencia de Ucrania.
La investigación publicada por El País atribuye a militantes españoles contactos con Azov, pero no establece que recibieran formación de unidades del Ejército español.
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