La aprobación de la Pasarela al RETA supuso una conquista que durante años pareció inalcanzable para miles de abogados, procuradores y otros profesionales integrados en mutualidades alternativas. Sin embargo, lejos de dar por concluida la movilización, una parte importante del colectivo considera que el momento más decisivo está todavía por llegar. Convencidos de que el futuro reglamento será el que determine el alcance real de la ley, varias organizaciones han convocado una gran manifestación en Madrid el próximo 17 de octubre para exigir lo que consideran una reivindicación elemental. Ser escuchados antes de que se adopten decisiones que condicionarán sus pensiones durante el resto de su vida.
La ley abrió la puerta, pero el reglamento decidirá quién puede cruzarla
En el movimiento mutualista existe una idea que se repite con insistencia desde la aprobación de la Ley 2/2026. La batalla parlamentaria fue importante, pero el reglamento será determinante. La norma reconoce el derecho a incorporarse al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos mediante la conocida Pasarela al RETA, pero buena parte de los aspectos esenciales que afectan a su aplicación práctica permanecen pendientes de desarrollo reglamentario. Es ahí donde se decidirá cómo se transforman los fondos acumulados durante años en mutualidades alternativas en periodos reconocidos por la Seguridad Social.
Para miles de profesionales, no se trata de una cuestión técnica ni burocrática. Se trata de la cuantía de sus futuras pensiones, de los años cotizados que podrán recuperar y de las condiciones en las que se producirá esa integración en el sistema público.
Los afectados reclaman voz propia
La movilización convocada por #J2 Abogados, Plataforma Pasarela al RETA y #J2 Procura nace también de un malestar creciente respecto al proceso de interlocución abierto durante las últimas semanas. Los organizadores consideran que quienes impulsaron durante años las movilizaciones que hicieron posible la aprobación de la ley están quedando al margen de algunas de las conversaciones más relevantes sobre su desarrollo.
La crítica no se dirige únicamente al contenido futuro del reglamento. También afecta a la forma en la que se está gestionando el diálogo institucional. Desde el colectivo sostienen que ninguna organización ni institución puede sustituir a quienes sufrirán directamente las consecuencias de la norma y defienden que los mutualistas deben participar en primera persona en un proceso que afecta de manera directa a sus derechos sociales y económicos.
Una manifestación con mensaje directo al Ministerio
La convocatoria tendrá lugar el sábado 17 de octubre y partirá a las 11.15 horas desde el Consejo General de Procuradores y el lema elegido resume perfectamente el espíritu de la protesta.
"Reglamento sin recortes ya. Elma Saiz, escuche a los afectados".
Lejos de plantear una confrontación con el Gobierno, la movilización pretende trasladar al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social la necesidad de abrir una interlocución directa con quienes llevan años protagonizando esta reivindicación.
Entre las principales exigencias del colectivo figura una reunión con la ministra Elma Saiz y con el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, además de la publicación de un calendario claro para la tramitación del reglamento.
La urgencia no debe convertirse en un atajo
Uno de los aspectos que más preocupa a los convocantes es el calendario. La ley establece un plazo máximo de tres meses para aprobar el reglamento y los mutualistas valoran positivamente el compromiso del Ministerio para acelerar la tramitación. Sin embargo, advierten de que la rapidez no puede convertirse en una excusa para limitar la participación de quienes han impulsado el proceso desde el principio.
Después de años de movilizaciones, campañas informativas, reuniones políticas y presión social, muchos mutualistas consideran que sería un contrasentido que el tramo decisivo se resolviera sin escuchar a quienes hicieron posible la propia existencia de la ley.
Una movilización que va mucho más allá de una cuestión corporativa
A menudo se presenta este conflicto como una reclamación estrictamente profesional. Sin embargo, quienes participan en el movimiento sostienen que el debate afecta a principios mucho más amplios relacionados con la protección social, la igualdad de derechos y el papel de las instituciones públicas.
La cuestión de fondo no gira únicamente alrededor de coeficientes, cálculos actuariales o procedimientos administrativos. Lo que está en juego es determinar si miles de personas que desarrollaron su carrera profesional bajo un sistema reconocido durante décadas podrán acceder a unas condiciones de jubilación que consideren justas y suficientes. Por eso, mientras el Gobierno trabaja en el desarrollo reglamentario de la ley, los mutualistas preparan una nueva movilización con una idea muy concreta.
No reclaman privilegios. Reclaman participar en las decisiones que marcarán su futuro.
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