Más de 150 juristas, magistrados, fiscales, abogados y catedráticos han salido públicamente en defensa del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras la condena dictada por el Tribunal Supremo por la supuesta filtración de un correo electrónico vinculado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El respaldo se escenificó este jueves en el Ateneo de Madrid, durante la presentación del manifiesto Una sentencia inquietante. Condena a la presunción de inocencia, un texto que cuestiona de raíz los fundamentos jurídicos de la resolución y alerta del daño institucional que, a juicio de sus firmantes, provoca.
Indignación
El manifiesto no se limita a una crítica técnica. Habla de indignación y de alarma democrática. Sus promotores consideran que la sentencia se apoya en conjeturas e indicios, sin pruebas de cargo suficientes, y que invierte de facto el principio constitucional de presunción de inocencia. En palabras del abogado y exdiputado Manuel de la Rocha, se trataría de una lógica propia de “jueces justicieros”: primero se parte de una convicción y después se busca el camino para sostenerla jurídicamente. Para De la Rocha, la resolución del Supremo es “irracional” y “exasperante”, y responde a una decisión de carácter político más que estrictamente jurídico.
Uno de los elementos que más inquietud ha generado entre los firmantes es la profunda división ideológica que, según denuncian, atraviesa a la judicatura. De la Rocha subrayó que la Sala Segunda del Tribunal Supremo, encargada de este tipo de causas, mantiene históricamente una orientación conservadora, lo que, en su opinión, influye en decisiones de enorme trascendencia institucional. Esa fractura interna, advierten, erosiona la confianza ciudadana en la justicia como poder independiente.
Anomalías
La presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, Pepa Berdugo, puso el foco en las “anomalías” del procedimiento. Desde la fase de instrucción hasta los tiempos de la sentencia, Berdugo describió un proceso “inquietante” que, lejos de disipar dudas, las ha multiplicado. El retraso en conocer los argumentos completos de la resolución y la forma en que se valoraron los indicios refuerzan, según explicó, la sensación de arbitrariedad.
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— UPFiscales (@UPFiscales) January 27, 2026
En la misma línea se pronunció Joaquín Giménez, exmagistrado de la Sala Segunda del Supremo, quien calificó la sentencia de “absolutamente decepcionante”. A su juicio, no solo perjudica a García Ortiz, sino que desprestigia al propio sistema judicial. “La justicia es el último refugio y la última esperanza de la ciudadanía”, recordó, advirtiendo de que decisiones como esta debilitan ese papel esencial. Giménez añadió que, además de la presunción de inocencia, la resolución pone en riesgo otros derechos fundamentales, como el derecho a una información veraz y el secreto profesional de los periodistas.
Uno de los momentos más contundentes del acto llegó con la intervención de Nicolás Sartorius, histórico dirigente y jurista, quien afirmó no haber visto “nunca nada parecido”. Sartorius enmarcó la condena en un contexto más amplio de presión sobre el Gobierno, un “cerco” político e institucional que, según su análisis, se traslada a determinadas salas judiciales. Alertó de la existencia de grupos minoritarios pero influyentes dentro de la judicatura que, de forma consciente o inconsciente, introducen elementos ideológicos en sus resoluciones, convencidos de que deben “salvar a la patria” frente a determinados adversarios políticos.
Mientras tanto, el Gobierno ha solicitado al Tribunal Supremo el informe preceptivo tras las primeras peticiones de indulto para García Ortiz, un movimiento que añade una nueva dimensión política e institucional al caso. La decisión final aún está lejos, pero el debate ya está abierto: no se discute solo la responsabilidad de una persona concreta, sino el equilibrio entre justicia, derechos fundamentales y poder político en una democracia. Para los más de 150 firmantes del manifiesto, la sentencia no es un episodio aislado, sino una señal de alerta que exige una reflexión profunda sobre el rumbo de la justicia en España.