La línea que separa la investigación legítima de la guerra sucia vuelve a difuminarse en vísperas del 29 de noviembre. A escasas horas de que arranque oficialmente la campaña electoral, el adelanto editorial del libro de la fontanera del PSOE Leire Díez ha introducido una variable explosiva. Díez está imputada por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en una presunta trama para interferir en procesos judiciales. En el sexto capítulo de su obra, la fontanera describe una supuesta operación de soborno político, una operación destinada a fabricar testimonios falsos contra la cúpula socialista a cambio de sufragar su defensa legal y abonarle dos millones de euros.
El relato de la exmilitante socialista, respaldado por conversaciones íntegras de WhatsApp cuya autenticidad ha sido contrastada por la Cadena SER y corroborada en varios encuentros por el empresario Javier Pérez Dolset, dibuja un patrón operativo idéntico al que el exasesor ministerial Koldo García denunció previamente ante el Tribunal Supremo.
Según el testimonio de Díez, el encargo consistía explícitamente en «atacar al gobierno inventándose cosas» para provocar la caída del Ejecutivo. La propuesta financiera venía acompañada de veladas advertencias sobre su delicado horizonte procesal y de promesas de blindaje jurídico para quienes aceptaran sumarse a lo que califica como un auténtico «trampantojo» de justicia diseñado para replicar en los tribunales la estrategia de incriminación impulsada por el empresario Víctor de Aldama.
Mensajes de WhatsApp
La arquitectura de esta presunta captación se desarrolló entre los meses de mayo y julio a través de reuniones discretas en distintos puntos geográficos y un fluido intercambio de mensajería instantánea. En los pantallazos incorporados al manuscrito, un letrado que actúa como intermediario anima insistentemente a Díez a «tirar de la manta» ante sus dudas sobre si traicionar a las siglas socialistas. Utiliza expresiones categóricas como «yo lo tengo claro. Absolutamente. Nítido». En esas mismas comunicaciones, el interlocutor asegura haber consultado con sus «amigos» (una referencia que la autora atribuye directamente al Partido Popular) y garantiza que estaban «dispuestos a echarnos una mano», todo bajo la premisa declarada de ir «a por el 1», en alusión directa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Para Leire Díez, la mecánica empleada revela la pervivencia de una red de satélites jurídicos e intermediarios. Se presentan bajo la fachada de profesionales independientes, pero conservan intactos los resortes y contactos heredados de la época de las denominadas cloacas de Rajoy. Aunque estos emisarios jamás desvelan de forma explícita quién estampa la firma en el cheque final, el objetivo político resulta diáfano: articular una pinza mediática y judicial contra Pedro Sánchez, Santos Cerdán y el PSOE que dinamite la estabilidad institucional. La presión incluyó advertencias explícitas sobre el riesgo inminente de ingresar en prisión si no colaboraba con el guion preestablecido, una presunta coacción que la exmilitante asegura haber rechazado tras semanas de deliberación familiar.
El impacto de las revelaciones
La irrupción de este testimonio en el tramo decisivo de la carrera hacia el 29N reconfigura los equilibrios narrativos de los dos grandes bloques en liza. Mientras la oposición conservadora ha centrado su ofensiva de precampaña en el desgaste ético del Ejecutivo y en la acumulación de sumarios en la Audiencia Nacional, incluido el cerco judicial sobre figuras históricas del socialismo, las revelaciones de Leire Díez ofrecen a Ferraz y a Moncloa un contraargumento de alto voltaje para denunciar la existencia de una conspiración organizada desde el entorno de la derecha para adulterar la voluntad democrática mediante pruebas fabricadas.
En una contienda electoral marcada por la polarización extrema y la fragilidad de un electorado indeciso que observa con escepticismo el cruce de acusaciones, el libro de Díez actúa como un búmeran político. Si los mensajes publicados logran instalar en la opinión pública la sospecha de que una parte de la ofensiva judicial contra el Gobierno responde a incentivos económicos ocultos y viejas prácticas parapoliciales, el PSOE encontrará un poderoso elemento de cohesión interna, podrá movilizar a sus bases frente a lo que denomina una cacería política y neutralizar parte del desgaste acumulado en los tribunales antes de que se abran las urnas.
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