Los jueces de la Audiencia Nacional tienen una máxima que repiten como un mantra: los partidos políticos nunca se caen por un escándalo estruendoso, sino por los errores de un contable aburrido, por esa hojita de Excel que alguien olvidó triturar.
Y justo ahí estamos. Lo que durante años se vendió como la maquinaria limpia y cristalina del PSOE de Pedro Sánchez empieza a parecerse demasiado a un sistema de vasos comunicantes, uno diseñado con astucia para, presuntamente, colar dinero en B por la puerta trasera. El juez Ismael Moreno ha levantado las alfombras y la lupa sobre Ferraz abarca nada menos que ocho años de cuentas, desde 2017 hasta 2024. Ocho años. Casi nada porque las fechas coinciden con el retorno de Sánchez a la Secretaría General y sus primeros 6 años de gobierno.
La Guardia Civil y la Fiscalía ya no buscan solo si un intermediario espabilado del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos se llevó una mordida para cambiar de coche. No. Apuntan, según ha publicado El Mundo, a la mismísima cuenta de donaciones de la sede central. La sospecha de los investigadores tiene un nombre casi simpático para una maniobra muy fea: el "pitufeo".
Este sistema consiste en meter grandes cantidades de billetes en efectivo desglosándolas en pequeños ingresos a nombre de militantes o simpatizantes despistados. Todo para blanquear, según la UCO, hasta 1,8 millones de euros provenientes de constructoras a las que previamente se les habían presuntamente amañado licitaciones públicas.
Desde el PSOE, claro, la respuesta ha sido salir a cañón a pedir tranquilidad. Pedro Sánchez se plantó ante las cámaras de la televisión pública, puso cara de póker y negó de plano cualquier tipo de financiación irregular. "Hemos entregado todo a la Justicia", vino a decir.
Sin embargo... los tiempos no cuadran del todo. La Audiencia Nacional ya le había pedido los papeles al PSOE mucho antes del verano, además de solicitar al Tribunal de Cuentas los registros para cruzarlos con la contabilidad interna del partido.
Ahí es donde entra en escena Víctor de Aldama. El comisionista se ha despachado a gusto ante el Supremo y la Audiencia Nacional. Su relato deja un mal cuerpo tremendo. Cuenta que el invento alcanzó su cénit durante lo peor de la pandemia. Mientras la gente estaba encerrada en casa, en los despachos apremiaba la necesidad de liquidez y las mordidas del 3% y el 5% sobre las obras públicas volaban. Ahora, la Justicia está verificando si lo dicho por Aldama es cierto, exagerado o directamente falso.
Según los testimonios del empresario condenado en el Caso Koldo por el Tribunal Supremo, el dinero salía en sobre de las constructoras, pasaba por Aldama y terminaba en manos de Koldo García, la sombra del entonces ministro José Luis Ábalos. Y Koldo, siempre servicial, se encargaba presuntamente de fraccionar las sumas para que entraran en el banco sin hacer saltar las alarmas antiblanqueo.
Y no son solo palabras. Hay papeles. Cuadernos de notas entregados al Alto Tribunal con listas de obras preadjudicadas redactadas con la mismísima letra de Koldo. Licitaciones donde empresas de calidad dudosa misteriosamente pasaban por delante de gigantes de la construcción con la máxima puntuación técnica.
Pues bien, por si el embrollo peninsular fuera poco, la causa ha tomado un tinte de película de espías al mirar hacia Venezuela. Los agentes de la UCO andan sobre la pista de un supuesto contrato ficticio de 15 millones de euros vinculado al sector petrolero caribeño, con una primera transferencia de cinco millones presuntamente triangulada a través de bancos rusos. Una ruta estrambótica que los investigadores intentan reconstruir para saber si acabó inflando las arcas socialistas o de la Internacional Socialista.
A estas alturas, en Ferraz ya no se trata de salvar la imagen en la tertulia de la noche. Se trata de derecho penal puro y duro. Cuando coinciden en el tiempo las decisiones de un ministerio, las visitas de asesores a la Secretaría de Organización y un pico repentino de donantes anónimos, la instrucción judicial entra en zona de no retorno. Los agentes de la Guardia Civil siguen contando tickets y revisando facturas de los últimos ocho años. Y la contabilidad, cuando empieza a cantar, no suele afinar a favor de los políticos.
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