Cuando se disuelven las Cortes y el país entra en esa marejada eléctrica previa a unas elecciones, el poder ejecutivo no se apaga; simplemente cambia de marchas y busca el atajo reglamentario. El equipo jurídico de Pedro Sánchez acaba de sacarse de la chistera una jugada de laboratorio impecable.
La derrota del pasado viernes en el Congreso dolió, claro que sí. Ver cómo PP, Vox y Junts se alineaban para tumbar de un plumazo los dos decretos sobre vivienda fue un jarro de agua fría en plena Carrera de San Jerónimo. Pero en el complejo presidencial han descubierto que, al disolver el Parlamento para convocar urnas, la aritmética del poder cambia por completo a su favor.
Resulta que el Ejecutivo no pasa a estar en funciones de manera automática, eso solo ocurre tras la jornada electoral. Por tanto, sigue teniendo plenitud de facultades para aprobar decretos leyes de urgencia. ¿La gran diferencia? Que ya no hay un pleno de 350 diputados para examinarlos, sino un órgano reducido de guardia: la Diputación Permanente, compuesta por 69 miembros.
Y ahí es donde la ingeniería política hace magia: en ese tablero pequeño, los siete escaños de Carles Puigdemont pasan a ser pura irrelevancia decorativa.
Hagan las cuentas. Para convalidar un decreto en la Diputación Permanente se necesitan 35 votos favorables. El PSOE tiene 25 asientos y Sumar aporta otros 6. Ya van 31. Para cruzar la meta solo hacen falta cuatro apoyos más. Con que levanten la mano EH Bildu, Esquerra, Podemos y el PNV, que ya votaron a favor del primer decreto la semana pasada, la medida sale adelante holgadamente. Lo que diga o deje de decir Junts no cambia absolutamente nada.
Eso sí, la maniobra tiene sus límites y el Gobierno ha tenido que hacer de tripas corazón con la tijera.
Lo que van a lograr resucitar en el próximo Consejo de Ministros es el famoso «decreto Maricarmen», el escudo antidesahucios que protege a las familias vulnerables de quedarse en la calle. El PNV da el visto bueno a esa prórroga y la medida llegará vivita y coleando al Boletín Oficial del Estado.
En cambio, la medida estrella, esa que pretendía hacer permanentes e indefinidos los contratos de alquiler para frenar los precios, se queda definitivamente por el camino. Los nacionalistas vascos se niegan en redondo a intervenir el mercado de esa manera, y sin su apoyo en la Diputación Permanente no hay nada que hacer. Es el peaje pragmático que La Moncloa asume para salvar, al menos, la red de protección social básica.
Al final, la estrategia es brillante en términos de precampaña. En lugar de acudir a las urnas masticando la humillación de un veto parlamentario, el PSOE consigue presentarse ante su electorado como un Gobierno audaz, capaz de exprimir el derecho constitucional para proteger a los inquilinos mientras la oposición celebraba el colapso del Gabinete.
Podrán gustar más o menos las formas, pero La Moncloa acaba de demostrar que, aun con las Cortes disueltas y el reloj corriendo en contra, todavía le quedan cartas en la manga para marcar el paso de la partida política.
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